La crisis venezolana demanda un horizonte electoral

La lucha de la sociedad venezolana por restablecer el orden constitucional democrático se está desplegando por caminos inéditos. Las novedades no solo remiten a lo que ha ocurrido, sino también hacia las cosas que podrían aparecer en el horizonte más inmediato. Desde el 5 de enero, Venezuela ha adquirido el carácter de un escenario vibrante, optimista y cargado de buenos augurios.

Las sanciones que Estados Unidos impuso a Petróleos de Venezuela en días recientes han venido a sumarse a las que ya habían castigado al sector aurífero y las operaciones para lograr financiamiento internacional. Esas decisiones, como bien ha sido advertido, estrecharán, a niveles nunca antes experimentados, la capacidad del gobierno para actuar. Se le acrecentarán los problemas por falta de recursos. Y, esto es fundamental, tendrá un alto costo para la población. Uno de ellos, que está en el centro del funcionamiento de toda sociedad moderna, será la posible carestía de combustibles, lo que tenderá a paralizar el ya menguado funcionamiento de la economía.

El apoyo al interinato de Juan Guaidó y el desconocimiento de la presidencia de Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos, es quizás la única decisión que, hasta ahora, ha contado con el respaldo de los partidos, Demócrata y Republicano. Inmediatamente después de los anuncios del gobierno, Dick Durbin, subjefe de la minoría demócrata en el Senado; Bob Menéndez, líder de los demócratas en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado; Nancy Pelosi, líder parlamentaria y speaker de la Cámara de Representantes; y Eliot Engel, demócrata de Nueva York que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, hicieron pronunciamientos en el mismo sentido.

Estos esfuerzos no terminaron allí. A lo largo de la semana que hoy finaliza, distintas iniciativas han dado sus primeros pasos. Donna Shalala y Debbie Mucarsel-Powell, diputadas demócratas por Miami, anunciaron dos proyectos de ley, uno que prohíbe la proveeduría militar a Venezuela, y otro que se propone facilitar la ayuda humanitaria durante la transición. El ya mencionado senador Menéndez y el diputado demócrata Darren Soto han presentado en ambas cámaras una legislación para otorgar alivio o estatus migratorio temporal (TPS) a los venezolanos en Estados Unidos. Finalmente, es importante recordar las contribuciones del senador republicano Marco Rubio, quien ha sido constante en sus posturas en defensa de la democracia y las libertades en Venezuela, siempre ha contado con la estrecha colaboración del senador Menéndez.

La expectativa es que, en un escenario de extrema penuria para el conjunto de la sociedad –y en ello incluyo a las fuerzas armadas– se produzca un punto de quiebre. Eso equivale a decir que el gobierno acepte, de una vez por todas y sin argucias, sentarse a dialogar para buscar una solución en el plazo más inmediato. Más allá de este primer enunciado ¿qué hace falta para superar esta crisis?

En mi opinión, Venezuela necesita con urgencia un horizonte electoral. El riesgo de no diseñarlo y organizarlo, de no proponerlo y debatirlo, de no anunciarlo como un punto central en la agenda de los demócratas venezolanos, contiene riesgos inmensos, cuyos resultados son impredecibles. Lo que sí podemos saber desde ahora es que el conflicto político podría escalar y que los padecimientos de las familias venezolanas podrían profundizarse todavía más.

Decía Fernando Mires, en uno de sus más recientes artículos, que este momento venezolano es político y no insurreccional. Comparto esa tesis. Concentrar la estrategia en el desarrollo de un conflicto entre el interinato presidencial de Juan Guaidó y la presidencia ilegítima de Nicolás Maduro, sin articular otros esfuerzos políticos –es decir, sin desplegar las mejores artes de la política–, podría desembocar en una solución militar y, lo más grave, que ella no tenga como objetivo restaurar el orden constitucional, que es la aspiración de la inmensa mayoría de los venezolanos.

El avance del interinato presidencial que se ha construido con base en el artículo 233 de la Constitución vigente, debe tener un horizonte electoral acordado, posible y creíble. Concentrar los esfuerzos en la posibilidad (o construcción de esa percepción) de una intervención militar extranjera, cuyos resultados pueden ser trágicos, y desaprovechar este momento, posiblemente el mejor que hayamos tenido los demócratas, donde además de la cohesión interna se goza de un acompañamiento internacional tan contundente, es un error. Sobre el escenario están los elementos necesarios para forzar a una negociación. Esa negociación debe conducir a unas elecciones creíbles en el marco y desarrollo de una transición sustentable en lo político y lo económico. De hecho, el artículo 233 de la Constitución es claro e inequívoco al respecto: el presidente interino asume esa función por 30 días, plazo en el cual deben celebrarse nuevas elecciones.

Del otro lado, si el régimen de Maduro hubiese aceptado el planteamiento de la Comunidad Europea de abrir el paso a unas elecciones presidenciales en 8 días –plazo que se vencerá la emblemática fecha del 4 de febrero–, el camino para implementarlo sería la dimisión o renuncia de Nicolás Maduro. En ese escenario, el mandato legal dice que habría que celebrar elecciones en 30 días.

Pero, como sabemos, no es posible hacer elecciones justas, libres y legítimas, en ese plazo. El cambio que Venezuela demanda con urgencia se frustraría si los actores políticos de todo el arco ideológico y partidista no pueden competir en un proceso, cuyos resultados sean verificables e indiscutibles.

Todo lo anterior nos conduce, de nuevo, al mismo punto: es imprescindible, absolutamente imprescindible definir un horizonte electoral, que permita a los electores venezolanos establecer hacia dónde encaminar el país. De ese modo, se podrán acordar las condiciones y definir un cronograma electoral razonable y exitoso. Bajo este escenario, la representación parlamentaria del PSUV tendrá que regresar a la Asamblea Nacional, última institución que goza de plena legitimidad. La comunidad internacional podría constituir un factor clave de apoyo para dar forma a un estatuto electoral que sea fruto del consenso. Un estatuto electoral y la ley de amnistía serían complementarios, en el sentido de que permiten restablecer, de forma pacífica, el orden constitucional.

La otra tarea urgente es la respuesta a la crisis humanitaria que impacta, de forma cada vez más profunda, a todas las regiones del territorio, sin excepción. También en este ámbito, el apoyo internacional será fundamental, como fundamental lo será para concretar los primeros pasos, en medio del marco de las sanciones internacionales, para detener la incuantificable debacle económica a la que ha conducido el régimen de Maduro.

¿Qué cabría esperar de la comunidad internacional, especialmente de Europa y Estados Unidos, y en concreto, qué cabría esperar de la administración Trump en el objetivo de allanar el camino hacia una solución pacífica de la crisis venezolana? Un aspecto primordial es el de persuadir a China –y a otros países que todavía prefieren sostener a Maduro– que nuestro país necesita apoyo, pero sin que ello signifique perder la posibilidad de que los venezolanos construyan un nuevo destino basado en elecciones libres y justas. Y es hacia ese propósito central, que es un propósito de paz y reconciliación a un mismo tiempo, al que deben enfocarse todas las energías que, ahora mismo, se han activados entre millones de ciudadanos venezolanos.