Los países miembros de la Organización Internacional de Migraciones han reconocido el fenómeno como una característica inevitable de nuestro mundo contemporáneo y coinciden en la necesidad de la cooperación internacional para encauzarla efectivamente. Por ello la importancia de la resolución de la CIDH, que reconociendo la crisis política, económica y social que sufre Venezuela insta a que los países miembros faciliten la entrada, la integración y la regularización en los países en los cuales los ciudadanos se encuentren.
El caso venezolano se convierte en un desafío para la comunidad internacional y para organismos como la OIM y Acnur. Los emigrantes y los países receptores, especialmente los de la región, necesitan de ayuda para encauzar esta tragedia. Ya no es suficiente reconocerla sino actuar en el marco de un programa holístico, que incluya a los gobiernos receptores, los organismos internacionales y al gobierno venezolano, quien no debe continuar obviando una realidad tan evidente.
Vergonzoso escuchar los testimonios que relatan sobre la displicencia en nuestros consulados, el abuso de autoridades fronterizas con los venezolanos que deciden, por necesidad, beneficiarse de un derecho consagrado en la declaración universal del hombre como es el derecho de trasladarse de su país de origen. No hay duda de que la situación de miles de venezolanos tipifica todas las modalidades establecidas, sean la de emigración, refugiados o desplazados. Los testimonios sobre las dificultades en los procesos de traslados e inserción son dolorosos. Es una tragedia que más de 3 millones hayan tenido que tomar una decisión tan dura y los números seguirán creciendo en la medida que las condiciones que los impulsa se mantengan en el país.