Para el pensador alemán Carl Schmitt las acciones y motivaciones políticas deben estar orientadas por el dilema amigo-enemigo, según el cual al adversario hay que someterlo porque es un obstáculo para imponer el Estado totalitario. Pero esto no implica apropiarse de los medios de producción, como sí lo propone el marxismo. Y esta es precisamente la estrategia del socialismo del siglo XXI: aniquilar a la oposición y concentrar todo el poder para promover el Estado comunal. Vemos entonces una amalgama de nociones schmittianas con confusas ideas marxistas, que nos han traído a esta situación de restricción de libertades y de miseria.
El dilema amigo-enemigo se traduce también en razón práctica por la que el gobierno por medio de su ilegítima asamblea nacional constituyente ha convocado un proceso electoral con el propósito de extender esta agonía por seis años más, siempre sometiendo al “enemigo”. Para ello son necesarias unas elecciones, sin garantías electorales y bajo el control del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia y demás instituciones que le garanticen al madurismo perpetuarse en el poder para implantar el comunismo.
Pese a todo el ventajismo, el gobierno se ha debilitado debido a su fracaso económico, a la corrupción, a la hiperinflación y la escasez que ha generado una crisis que la comunidad internacional no vacila en calificar de humanitaria, porque ya no es posible ignorar al régimen venezolano. En este sentido, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence ha calificado a Venezuela como Estado fallido
En este momento Venezuela cuenta con el Tribunal Supremo de Justicia al servicio de la revolución y, al mismo tiempo, un tribunal integrado por magistrados designados por la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015. Estos magistrados si bien no han recibido el reconocimiento directo de las democracias occidentales, sí han recibido un apoyo indirecto por cuanto les facilitan espacios oficiales para sus deliberaciones.
Lo mismo ocurre con el fiscal general de la república. Venezuela cuenta con un fiscal general designado por la constituyente y, además, la fiscal destituida por esa asamblea. Como quiera que la constituyente no es reconocida por las democracias occidentales, Luisa Ortega Díaz sigue invocando su carácter de fiscal. Toda esta situación es compleja y genera una situación de preanarquía que afecta la seriedad de la marcha institucional del país y que se manifiesta ante la comunidad global.
Es en este cuadro que se produce la decisión de la Asamblea Nacional del martes pasado que encuentra méritos para “continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción” se le sigue el presidente de la república. Más allá del desenlace final de este proceso, lo cierto es que este contribuye a crearle otro frente al gobierno, además de mostrar al mundo la apariencia de unidad de la oposición.
La decisión de la Asamblea Nacional no es el fin de la crisis política, pero sí eleva la presión política sobre el presidente Maduro y sobre el sector militar que es su principal base de apoyo. El papel de las democracias occidentales será fundamental cualquiera que sea el desenlace, por las consecuencias internacionales que tiene. Además, demuestra que la oposición sí puede unirse en la búsqueda de objetivos comunes. Todo esto debe servir de materia de reflexión para diseñar una estrategia unitaria para el día 21 de mayo, que será el inicio de la etapa más difícil.
La solución a la tragedia actual depende del gobierno de Nicolás Maduro. El camino que resuelve la crisis es llamar a un proceso electoral que sea reconocido tanto internamente como por la comunidad internacional. Para ello se requiere la disolución de la asamblea nacional constituyente, un nuevo Consejo Nacional Electoral que convoque a un proceso electoral sin inhabilitados y con observadores internacionales. La estabilidad de Venezuela así lo exige.
No es con la metodología “amigo-enemigo”, que implica el aniquilamiento del opositor como podrá el gobierno salir de la tragedia que ha creado.