Hoy 8 de mayo se cumplen tres meses desde que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció la apertura de un examen preliminar sobre las últimas denuncias presentadas contra Nicolás Maduro y su régimen. Cabe recordar que ella misma aclaró que con dicho anuncio no se estaba iniciando investigación penal alguna, que solo era eso, un trámite previo cuyo objetivo es ver si los hechos denunciados concuerdan con los recaudos presentados y si estos son válidos, pero 90 días no le han sido suficientes a la señora Bensouda ni a su bastante grande y costoso equipo de trabajo para concluir dicha actividad.
Resulta oportuno recordar que aquel anuncio de la fiscal, que algunos tomaron con grandes esperanzas, escondía el hecho negativo de que se había dado un gran carpetazo al inmenso cúmulo de denuncias que distintas personas y organizaciones formalizaron ante esa fiscalía desde que estaba en manos del impresentable Luis Moreno Ocampo, quien ya debiera estar siendo juzgado como cómplice de los crímenes del régimen dictatorial venezolano, así como también por habérsele descubierto recibiendo dinero de un testaferro que estaba siendo objeto de un proceso por ante dicha CPI. Pero aquel fiscal es un impune feliz porque quien le sucedió en el cargo fue su segunda al mando por 8 años, precisamente la señora Fatou Bensouda, quien el 5 de octubre de 2017 declaró que abriría una investigación contra él y no lo ha hecho.
Por cierto que uno de los funcionarios de la mencionada Fiscalía, a quien le asignaron el caso de esta “preliminar”, ha dicho que están detenidos en el asunto del principio de complementariedad o subsidiaridad, lo cual se refiere a que la CPI solo puede actuar cuando se han agotado los trámites de la justicia del país donde ocurrieron los hechos, de modo que ni ese señor, ni su jefa, la fiscal Bensouda, tienen claro que en Venezuela no hay un sistema de justicia imparcial, que jueces y fiscales son solo empleados del régimen sujetos a sus órdenes. Tampoco se han dado cuenta de que somos el extraño caso, único en el mundo, que tenemos al legítimo Tribunal Supremo de Justicia y a la legítima fiscal general en situación de exilio, huyendo de la persecución política.
No quiero cerrar esta nota sin reseñar que allá, en la Corte Penal Internacional, sigue incrustada la señora Haifa el Aissami a título de embajadora de Venezuela y como tal la recorre constantemente a sus anchas, comparte amistosamente con todos y muy probablemente sea la mano que tiene una fuerte venda puesta en los ojos de la fiscal que no ve los horrendos crímenes de lesa humanidad que martirizan a nuestra patria.
Hoy se cumplen esos tres primeros meses del anuncio para un examen preliminar de la señora Fatou Bensouda sin que nada ocurra mientras millones de venezolanos se ven obligados a huir despavoridos de su tierra arrasada por la vorágine corrupta.