Primer caso de la CPI
El primer caso conocido por la CPI fue el de Darfur, Sudán, iniciado en marzo de 2005 por hechos de la magnitud de 300.000 muertos; 6 millones de personas necesitando asistencia humanitaria, más de 400.000 refugiados. Hechos por los que el gobernante Al-Bashir fue acusado por los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. En 2009 se emitió una medida cautelar de captura, la cual no se ha hecho efectiva; por el contrario, en 2010 hizo celebrar elecciones presidenciales en las que se le declaró ganador y asumió “legalmente” la presidencia. La orden de captura en su contra es objeto de burla, ha declarado que es víctima de persecución colonialista. Está libre y mandando. En igual situación están su ministro de la Defensa, Abdelrahim Mohamed Hussein, y su ministro del Interior, Ahmad Mohamed Harun.
Primera sentencia de la CPI
En junio de 2004 se inició una investigación contra Thomas Lubanga, jefe militar de la República Democrática del Congo, por crímenes de guerra; 8 años después la CPI dictó su primera sentencia, en la cual se le condenó por la muerte de 60.000 personas y el reclutamiento de 3.000 niños para incorporarlos como soldados durante los conflictos de los años 2002 y 2003. Se le impuso pena de 14 años de cárcel, fallo que se encuentra en apelación.
Otra sentencia de la CPI
En otro caso, en marzo de 2016, la CPI sentenció a Jean Pierre Bemba como culpable del delito de crímenes de guerra y contra la humanidad ocurridos en 2002 en la República del Congo. En el juicio actuaron 5.000 víctimas.
La sentencia tiene un capítulo dedicado a analizar las actuaciones del fiscal Luis Moreno Ocampo, contra quien se emitieron fuertes críticas por no supervisar el acceso a los niños reclutados como soldados y cuyos testimonios fueron corrompidos mediante pagos. Se asienta en el fallo que el fiscal Moreno Ocampo permitió dar declaraciones engañosas, lo cual llevó a desestimar sus declaraciones.
La referida trama de soborno de testigos y falsificación de pruebas motivó a la periodista de Le Monde Stéphanie Maupas a escribir un libro muy crítico: El Joker de los poderosos, la gran novela de la Corte Penal Internacional. Por otra parte, el profesor de Derecho en la Universidad de Yale Juan Branco escribió otro: El orden y el mundo, una crítica a la Corte Penal Internacional, en el que la acusa de inoperante, una ácida crítica al procedimiento de la CPI.
Investigación en Colombia
Desde 2004 está en situación de exámenes preliminares por denuncias de crímenes ocurridos durante el conflicto armado sin llegar a conclusiones transcurridos como han sido 13 años.
Vladimir Putín retiró a Rusia
En noviembre de 2016 el presidente de Rusia revocó su firma del Estatuto de Roma. Dijo su canciller: “Lamentablemente, el tribunal no ha justificado las esperanzas puestas en él y no se ha convertido en un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio. Dice mucho que en sus 14 años de trabajo, la CPI haya dictado solo 4 veredictos y gastado más de 1.000 millones de dólares”
Hay que advertir que el presupuesto asignado a la Fiscalía es de 130 millones de euros anuales (160 millones de dólares) que el fiscal maneja a discreción y que el salario de este es de aproximadamente 15.000 dólares mensuales más gastos, bonificaciones, etc.
Venezuela
El primer fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, cerró sin investigar 22 denuncias de crímenes cometidos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Nunca ofreció las razones para tal proceder y en la única oportunidad que habló de eso fue en una entrevista que para CNN le hizo Patricia Janiot, quien le puso videos de la represión contra las manifestaciones que ocurrieron en 2017 y Moreno Ocampo dijo que eso solo eran “peleas callejeras con la policía”, no obstante que allí cayeron asesinados 157 personas, en su mayoría estudiantes. Como excusa el abogado agregó que el gobierno de Venezuela se tomaba muy en serio el procedimiento al punto de que había nombrado a Haifa el Aissami como embajadora ante la Corte, que era una persona muy preparada y muy activa a quien él había escuchado, lo cual no fue más que la descarada confesión televisada del delito de prevaricación.
A Moreno Ocampo le sucedió en el cargo la abogada Fatou Bensouda, quien fue su fiscal adjunta y por tanto ha debido tener conocimiento de todo cuanto hizo y dejó de hacer su jefe.
Una investigación periodística descubrió que este fiscal Moreno Ocampo tuvo participación en la trama de los Panamá Papers referida a cuentas bancarias secretas en paraísos fiscales, en los que se le encontraron tres empresas con altas sumas de dinero. Otra investigación reveló que actuó en contra de los intereses de la Corte al aceptar un contrato por 3 millones de euros para asesorar al magnate libio Hassan Tatanaki, relacionado con un general libio investigado por la Fiscalía.
La fiscal Bensouda montó en cólera por las revelaciones sobre tales actos corruptos de quien fuera su jefe y ordenó una investigación interna, pero no contra este, sino contra los empleados que dieron la información.
Resumen
Visto que los muy pocos casos conocidos por la Fiscalía se refieren a miles y miles de muertes, crímenes masivos que constituyen un umbral muy elevado al compararse con los 157 asesinatos cometidos por el gobierno de Maduro y que se le denunciaron, esto le ha de resultar una insignificancia.
Visto el retiro de Rusia del Tratado de Roma bajo la acusación a la CPI de ineficacia.
Visto el engorroso trámite que implica años de investigación cuando se llega a abrir como ocurre con el caso de Colombia.
Vistas las incidencias de corrupción que marcaron la gestión del fiscal Moreno Ocampo, las cuales quedaron impunes, pasaron sin castigo. Y vista la cercanía que con él tuvo la actual fiscal durante tales situaciones.
Y vista la muy fuerte actividad que entre telones desarrolla el gobierno de Maduro ante la CPI y la Fiscalía a través de su embajadora el Aissami, quien acaba de ratificar su eficacia al lograr que dicha Corte invitara y con ello reconociera al ilegítimo TSJ de Caracas al acto de apertura del año judicial en La Haya
Ratifico que:
La Corte Penal Internacional no será el instrumento para que los venezolanos obtengamos justicia referente a los crímenes imputables a las camarillas que han ejercido el poder en Venezuela desde 1998 hasta hoy.
Que todo es mentira.
Que nada es verdad.
Y como definió Eduardo Febbro, corresponsal de Página 12 en París: La Corte Penal Internacional es “el tribunal mundial de la incompetencia”.