Consagrada Venezuela como República independiente de la Gran Colombia en 1830, hasta la caída del general Marcos Pérez Jiménez, en 1958, el Estado venezolano en los 128 años transcurridos solo 10 veces la Presidencia del país estuvo en manos de civiles.
A partir de la caída del militar dictador, mediante espontáneo, unitario y desinteresado esfuerzo de los partidos Unión Republicana Democrática, Acción Democrática, Copei, Partido Comunista de Venezuela, del clero, de los gremios, de los obreros y empresarios progresistas del campo, como de la ciudad, se formó un gran Frente de Unidad Nacional. Se consolidó la etapa de reconciliación del pueblo, lo cual llevó a que durante un tiempo prolongado de paz, dada la vigencia de la democracia, el país logró conquistar la libertad y derechos inherentes a la persona humana, con obediencia al principio universal de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la impone a través del ejercicio del sufragio por encima de cualquier intención autoritaria.
El gobierno advenido con la restauración democrática e institucional, a la cual hacemos referencia, fue objeto del mayor respeto de los gobiernos de la región latinoamericana; empero duró solo hasta el final del mandato presidencial de Rafael Caldera, político civilista que alcanzó la pasificación del país, consolidó el Estado de Derecho, puso cese a la fracasada empresa guerrillera de inspiración y ejecución cubana e incorporó a su gabinete a dirigentes políticos que se habían levantado en armas contra los gobiernos que lo antecedieron.
La continuidad institucional, resultado del más profundo propósito democrático-institucional, se viene a pique. Todo por cuanto una vez llegados al poder, el grupo de militares golpistas conocidos como los juramentados en el Samán de Güere, que intentó con un golpe de Estado fallido despojar del poder al presidente constitucional Carlos Andrés Pérez, y que por demás fueron sobreseído debido a la bondad de quien había hecho de la institucionalidad una norma de responsabilidad cívica y moral. Una vez asidos al poder se alzan contra la Constitución e imponen la llamada revolución bolivariana, que con la idea de hacer de su jefe militar Hugo Chávez el “mito de heroicidad” han de venderlo como el “comandante eterno”. Lo tienen como su padre. Sus restos reciben protección militar en el llamado “altar de la montaña”, destinado a su veneración. Se declaran héroes de una revolución nonata. Proclaman que la revolución advenida es pacífica, pero bien armada. La compostura bélica se constituye en manía de declaración permanente. Usan y abusan de Bolívar, lo hacen creador de sus hazañas incorporándolo a la controversia política. Para estos revolucionarios decimonónicos, el prestigio del “comandante eterno” es incomparable por las fuerzas naturales que posee.
En la Venezuela de hoy, su pasado caudillista trasciende al presente. La ideología militar es el componente mayoritario del poder; mediante maniobras propias del control ilegítimo del Tribunal Supremo de Justicia se declara el desacato de la Asamblea Nacional. El gobierno de mayoría militar controla los poderes y subestima las atribuciones que constitucionalmente le corresponden al cuerpo deliberante. Se salta la carta magna y nombra sin la aquiescencia legítima, una asamblea constituyente espuria, la cual le sirve para convalidar todos los caprichos que puedan ocurrírsele para su perpetuación.
Es evidente. Los hechos demuestran el predominio en las funciones de gobierno de toda una elite militar, ductora de una ideología plenamente totalitaria, que organiza el sistema social y político. Le permite a su componente activo, sin tener derecho de hacerlo, detentar los puestos de más jerarquía en la administración pública, ser activistas de la propaganda política del régimen, calificar a los dirigentes de la oposición y actuar de manera discrecional como dirigentes políticos y, a la vez, ocupan todos los cargos, lo que compromete el desarrollo económico e independencia nacional. También sustituyen al Poder Judicial al aplicar la justicia militar a los civiles.
Los que integran la dirección gubernamental actúan con la mayor independencia, no son objeto de sanciones. Contratan sin licitación. No rinden cuentas de gestión. Están exentos de ser interpelados por la Asamblea Nacional. Los órganos destinados a la vigilancia de las instituciones del Estado, entre otros, la Contraloría, la Fiscalía General de la República; así como el Consejo Moral Republicano, son totalmente inoperantes en prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética y la moral administrativa; en velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público; en velar por el cumplimiento de los principios del debido proceso y de la legalidad en todas las actividades administrativas del Estado. Esta obligación se encuentra ausente de responsabilidad. Se lo pasan por el forro.
El país se encuentra sumido en una situación de crisis profunda, provocada por quienes han tenido su conducción. La infección de la corrupción se ha hecho inveterada en todas las instituciones públicas del Estado venezolano, conocida por las condenas de prisión de tribunales extranjeros, pero ocultadas por él régimen. El caso, entre otros, de Alejandro Andrade, tesorero de Hugo Chávez, condenado a 10 años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno, que salpica a Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, y a Gabriel Jiménez Aray, propietario de un banco en Santo Domingo, sin incluir el manejo delictuoso en Pdvsa, en las industrias básicas; en la extracción del oro, como en muchas otras empresas estatales. Es de obligación señalar, por evidentes, que han ocasionado tales sanciones: que el control de cambio como expresa Carlos Tablante en su publicación El gran saqueo, copio: “El control de cambio en Venezuela puede definirse como un periodo de grandes saqueos financieros. Los negocios ilícitos surgieron desde el arranque del control cambiario. Desde su incipiente creación Cadivi mostró que había nacido con un agujero negro. ¿Cómo entender que se mantuviera más de una década? La respuesta puede encontrarse en la existencia de un Estado con funcionarios encubridores, cómplices necesarios del saqueo cambiario”, fin de la cita. Tablante es perseguido y, a la vez, enjuiciado por haber hecho “reporte fiel” de un ilícito imputado a un funcionario en una compra cárnica.
Estos conspicuos funcionarios, acusados de haberse enriquecidos ilegalmente con los haberes pertenecientes al situado constitucional, gozan del privilegio de la impunidad. Cuentan con familiares y testaferros para sus fechorías. Tienen vía expedita para el enriquecimiento ilícito, constituyen consecuentes e irreversibles dirigentes de la impertinente y nefasta revolución chavista. Han profanado, sin consecuencia de castigo, lo más sagrado de los derechos humanos: el acceso del pueblo a su alimentación, lo cual ha traído como consecuencia que la gran mayoría de venezolanos vivan en estado no de pobreza; pero en estado de miseria, lo que fuerza la diáspora.