El resultado oficial de los comicios regionales del domingo 15 de octubre, anunciados por el Consejo Nacional Electoral, no se compadece con la valoración negativa de más de 2/3 de los venezolanos del gobierno de Maduro y del PSUV. Tampoco con la crisis económica y social de la que claramente responsabilizan al oficialismo. Contradice, además, los pronósticos sobre los resultados electorales de las encuestadoras, probadamente serias y con credibilidad. ¿Cómo se explica que un país mayoritariamente partidario del cambio vote a favor del gobierno?
Por si fuera poco: en los resultados de marras hay serias inconsistencias numéricas no debidamente aclaradas.
Lo arriba señalado es la guinda de un pastel que desde el comienzo de su cocción presenta numerosas fallas. La calidad de ese proceso comicial desde su propia convocatoria hasta el informe final es cuestionable. En principio habían convocado para realizarse en diciembre y sin ninguna explicación se adelantaron a octubre, se coartó el derecho de los partidos a cambiar de candidatos y a los candidatos a renunciar a sus postulación, aunque hubo partidos y candidatos que solicitaron y cumplieron con los requisitos para ejercer ese derecho, a última hora, y también sin una explicación plausible, se reubicaron centros de votación y electores en sectores de influencia opositora.
El CNE, en vez de trabajar para estimular el voto, trabajó para dificultarlo e impedirlo y de esa forma facilitar la abstención. El ente comicial ha devenido en el principal obstáculo para que el derecho al voto se ejerza tal como lo prescribe la Constitución, dañando de esta manera el ejercicio de la soberanía popular.
Esa conducta del Poder Electoral, al margen de su mandato legal y de su razón de ser, se debe a su abierta parcialización a favor de los intereses del partido de gobierno.
Desde el 7 de diciembre de 2015 el CNE ha dado un salto de calidad negativo en el cumplimiento de sus competencias. Junto con el TSJ, fue los brazos operativos del golpe de Estado chavista ejecutado en 2016.
Es evidente que con este Consejo Nacional Electoral no habrá elecciones justas, confiables y competitivas.
Las consecuencias de lo ocurrido son demasiado graves. Escalan la crisis, comprometen seriamente la posibilidad de que esta pueda abordarse y resolverse por la vía constitucional; es un sabotaje directo a la posibilidad de iniciar un proceso de negociaciones eficaz y productivo, estimula dudas pertinentes y justificadas sobre la calidad de los comicios pendientes para 2018 y refuerzan la idea de que la prioridad del chavismo es el continuismo vía dictadura.
La MUD ha decidido no reconocer los resultados oficiales y exige auditar el proceso en su totalidad porque ha constado y registrado que aquellos no reflejan fielmente la voluntad ciudadana expresada el domingo. Compartimos y apoyamos lo decidido por la Unidad.