El tétrico ataque terrorista del ELN a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá nos retrocedió dos décadas, cuando antes de la aplicación de la Seguridad Democrática de Uribe este tipo de ataques era el pan de cada día en Colombia. Con esta política de Uribe, el narcoterrorismo se vio circunscrito a las fronteras de Ecuador y Venezuela, donde los gobiernos marxistas de esos países les daba apoyo y refugio. La política de Santos de entrega del país al narcoterrorismo les dio alas a esos criminales de lesa humanidad, llevando a las FARC al cogobierno en la dictadura del farcsantismo, y al ELN a tomar los territorios que aparecían como de las FARC, luego de un cambio de brazaletes.
Este alevoso acto terrorista del ELN pone al país, y muy especialmente al gobierno Duque, ante un nuevo panorama. Ya no cabe duda del auge que los narcoterroristas tomaron gracias a la benignidad de Santos con ellos, y ya no cabe otra postura que un no rotundo al narcoterrorismo. Pero este no debe ser contundente, no bastan marchas y bellos discursos, es menester una posición firme del país y del gobierno ante él.
El presidente Duque cometió el error de subvalorar la importancia de la seguridad como política de Estado. Se durmió en los laureles al aceptar implementar sin modificaciones el acuerdo de entrega del país a las FARC y no sustituyó de inmediato la cúpula militar que se rindió ante el narcoterrorismo en los diálogos de La Habana, estos dos errores son la causa estructural del ataque terrorista del ELN.
Debe, pues (y ya lo está haciendo), Duque rectificar su posición con respecto a la seguridad como política pública: esta debe ser la columna fundamental de la acción del Estado, puesto que ello es un principio básico de gobierno desde Hobbes, por lo menos. En primer lugar, debe entender Duque que no puede cumplir con su promesa de legalidad mientras no modifique el estado de impunidad del que goza el narcoterrorismo. Una línea dura frente a la combinación de las formas de lucha que realizan las FARC, ahora con la ventaja de tener una buena parte de sus huestes en la legalidad, es requisito “sine qua non” para la supervivencia del Estado de Derecho en Colombia. Para lograr este objetivo se enfrenta al problema de la cuadratura del círculo, pues el marco legal que dejó la dictadura farcsantista no le permite realizar las modificaciones necesarias para llegar a la meta; todavía guardo las esperanzas de que sea Uribe el que inspire un gran movimiento nacional que permita hacer las rectificaciones necesarias para acabar con la impunidad de las FARC.
Luego está el problema del ELN. En su discurso de posesión el presidente Duque se dio un plazo de un mes para evaluar qué hacer con el ELN, pero se durmió y fue estirando ese plazo hasta que el acto terrorista lo obligó a actuar firmemente. Pero, aun así, Duque reactivó las órdenes de captura de los jerarcas narcoterroristas que están en Cuba, pero siempre con su karma de conciliador dejó la puerta abierta a un diálogo condicionado a que esta guerrilla le ponga fin a las hostilidades. Señor presidente, el país quiere firmeza contra el narcoterrorismo y esta es la oportunidad de oro, que el mismo ELN le da para cerrar definitivamente toda posibilidad de diálogo con el narcoterrorismo; excelente su posición respecto al gobierno de Cuba, exigiéndole la entrega en extradición de los narcoterroristas, pero bien se sabe que Cuba no cumplirá con su obligación y le dará refugio a los jerarcas del ELN. No debe ceder, pues, a los cantos de sirena de los colaboradores del narcoterrorismo que se escudan en sofismas legales para darle impunidad al narcoterrorismo. La finalización de las relaciones con Cuba es el próximo paso a dar una vez este país efectúe el acto final de darles protección a estos bandidos, de inmediato se debe proceder a denunciar ante las instancias internacionales a Cuba como Estado terrorista; ya está bueno de complacencias con ese eje del mal. Trump, Almagro y Bolsonaro serán buenos aliados en esta cruzada.
No hay ningún protocolo que esté por encima de la vida y de la obligación del Estado de defender el país del terrorismo, de manera pues que están dadas todas las condiciones para que el Estado colombiano vuelva a la política de Seguridad Democrática sin vacilaciones, que enfrente con todos los medios legales disponibles el narcoterrorismo y que se invente y aplique las fórmulas necesarias para salirse del chaleco de fuerza que la dictadura del farcsantismo le impone al gobierno colombiano obligándole a darles impunidad a criminales de lesa humanidad. Así como el narcoterrorismo impuso medidas ilegítimas e ilegales para desconocer dictatorialmente el veredicto popular del No en el plebiscito, la democracia no puede ser inferior para encontrar una solución legal para zafarse de ese arbitrio que beneficia al narcoterrorismo.
El presidente Duque pide muy sabiamente una unidad de todos, el país le está cumpliendo, estamos unidos todos en un no contundente al terrorismo, basta ya de benignidad con criminales de lesa humanidad; el Estado debe imponerse frente al crimen, para ello debe ser rotundo en la ejecución de una política de seguridad que defienda al ciudadano de la alevosía de estos grupos, que con una careta de defensa de intereses populares solo quieren la instauración de la dictadura marxista bajo la forma de un narcoestado como el venezolano. No más FARC, con su combinación de las formas de lucha; no más ELN, con su aberrante sedición terrorista.