La decisión de realizar un proceso constituyente de carácter originario parece ser la última y postrera operación estratégica del régimen chavista para consolidar la dictadura y mantenerse en el poder.
De concretarse ese objetivo, Venezuela –por no se sabe cuánto tiempo– emergería como el segundo Estado comunista del hemisferio. Posibilidad hasta hace poco impensada para muchos quienes desestimaban los pasos lentos, pero seguros del chavismo en esa dirección. La “prostituyente” de hoy es hija legítima del intento de Chávez de reformar la Constitución para instaurar el Estado comunal y borrar todo vestigio del “Estado democrático y social de Derecho y Justicia…”, cito textualmente las primeras dos líneas del artículo 2º de la Constitución Nacional vigente, aunque derogada en la práctica por el gobierno.
El Estado comunal propuesto por el régimen es una versión criolla del llamado poder popular cubano, eufemismo que busca, ya sin éxito, esconder la esencia dictatorial totalitaria del sistema político cubano. La cubanización del país empezó hace mucho tiempo con los ritmos y obstáculos que le ha impuesto le resistencia pertinaz de los demócratas venezolanos. La brutal crisis económica y social en curso es una consecuencia esperable de tener a Cuba como paradigma.
Lo paradójico del asunto es que mientras la oligarquía castrista busca, con sus avances y retrocesos, una fórmula para salir del comunismo sin abandonar el poder, el chavismo gobernante ha decidido imponernos ese sistema.
He leído y escuchado a personas que me merecen respeto intelectual y político la afirmación de que la prostituyente no se materializará. Supongo que tales afirmaciones deben sustentarse en algo más allá del olfato político, y barrunto que algunos de esos contertulios manejan informaciones que creen no deben comunicar. Digo y espero que acierten en su pronóstico para bien del país y su entorno.
Ciertamente, el régimen no pareciera estar en las mejores condiciones como para imponerle al país tal despropósito. Se sustenta en su secuestro del aparato del Estado, en el apoyo de la FAN y los cuerpos de seguridad, en su alianza con el hampa organizada y en un declinante apoyo ciudadano que oscila –según las encuestas serias– entre 15% y 20%. Enfrente tiene la abierta oposición de más o menos 80% de la población que protagoniza una rebelión democrática que lo ha puesto contra la pared. A todo esto hay que sumarle una creciente, aunque todavía insuficiente disidencia interna, que encabeza la valiente fiscal general y que pareciera incrementarse en el futuro con funcionarios colocados en sitios clave. Sin olvidar la actitud resuelta asumida por sectores y organismos de la comunidad internacional cada vez más conscientes de la naturaleza y propósitos del régimen.
Sin embargo, estimo que al día de hoy (13 de junio), el gobierno tiene todavía la capacidad de materializar su proceso constituyente. Si logra, y para eso está el CNE, organizar y efectuar la elección de los constituyentistas amparado en un Plan República acatado por toda la FAN y moviliza a 25% de la ciudadanía –proveniente la misma de sus partidarios y los movilizados vía chantaje y miedo– el plan se cumplirá con todas las consecuencias perversas del caso.
Para que lo anterior no ocurra, el gobierno debe sufrir una presión de tal magnitud –todavía no ocurrida– que lo obligue a desistir de su constituyente y a negociar su salida mediante unas elecciones presidenciales adelantadas.
El escenario arriba señalado es el reto principal que tienen las fuerzas de cambio y eso es hacer otras cosas más allá de la necesaria presión de calle que debe crecer en magnitud, fuerza y extensión social y geográfica. Es lograr que la comunidad internacional sea más contundente y clara en su rechazo al régimen y que avance en decisiones y medidas que afectan realmente al Estado material y políticamente como, por ejemplo, un retiro masivo de embajadores si persiste el plan constituyente, desconocer el resultado de las eventuales elecciones y resoluciones de la prostituyente y otras medidas.
En materia de presión interna anunciar de manera unitaria, y cuando digo unitaria me refiero a incorporar a todos aquellos sectores políticos, sociales y de diversa procedencia y adscripción, que se va actuar por todas las vías cívicas para impedir ese proceso, y finalmente llamar a la abstención activa y militante ante los anunciados comicios del 30 de julio.
Convencer a la FAN sobre la necesidad –por el bien del país y para evitar mayores perjuicios– de que no terminen convirtiéndose en una fuerza de ocupación de su propia nación y que se pronuncien en contra de una constituyente innecesaria, inconstitucional y perjudicial para Venezuela y su gente.
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