Con el consabido discurso el cual señala que los pueblos deben darse sus propios gobiernos, los actuales cabecillas del régimen pretenden justificar la violación de los más elementales derechos humanos. Debe quedar claro que una cosa es la soberanía de cada nación para darse su propio destino democrático y otra, pretender arroparse con la consigna de “la autodeterminación de los pueblos” para empaquetar todo tipo de vejámenes a una ciudadanía que lucha para rescatar la libertad que se nos va escapando en medio de la humareda de gases lacrimógenos y los estruendos de disparos de los esbirros al servicio de una camarilla dispuesta a liquidar todo vestigio de democracia.
Torturar a los presos políticos, desaparecerlos, juzgar a civiles en tribunales militares, montar expedientes con pruebas forjadas y sembradas, usar los tribunales como instancias ocupadas por “comisarios políticos” nada tiene que ver con ese principio, tal como lo advirtiera en una oportunidad el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, citando el derecho de gentes que, en todo caso, debe prevalecer sobre las pretensiones de los gobiernos de justificar acciones político-militares que soslayan a pueblos indefensos. Por eso el mundo ha reaccionado solidariamente con los venezolanos que son acribillados salvajemente por las fuerzas represivas que no toleran protestas más que fundamentadas. No pueden estar de espaldas a la trágica realidad de millones de venezolanos que padecen hambre, de gente que se convierte en noticia mundial porque muere por carecer de medicinas en un país que ha dispuesto de una colosal fortuna en petrodólares, que en vez de usarse para asegurar comida, salud y bienestar general a favor de la ciudadanía, se desvió a los bolsillos de aprovechadores que han saqueado las arcas de la república con la patente que les entrega la mal llamada revolución bolivariana.
Es público y notorio que en Venezuela se desarrolla a toda velocidad un golpe de Estado, que sus actuales mandatarios se apoyan en las armas confiadas a los militares que más bien deben, por juramento constitucional, resguardar nuestras instituciones, en vez de apañar que las mismas se desdoblen en herramientas para golpear a la sociedad de espíritu democrático. Es sabido que pisotean la carta magna, que se dan “constituyente a la carta”, seleccionada del menú que tienen como código de operaciones los regímenes dictatoriales. ¿Elecciones? Sí, pero a su manera y cuando mejor les convenga, con árbitros que pitan a favor del gobierno, jugando en una cancha demarcada con los colores del oficialismo. Y mientras tanto hablan de paz, pero matan, secuestran y usan a los presos políticos como rehenes. Retan a la oposición a competir, pero ellos escogen a sus competidores, inhabilitando a los contendores incómodos. Y de paso, si pierden meten preso a los alcaldes o gobernadores que no se arrodillan a sus condiciones indecorosas para los que tenemos dignidad que cuidar.