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Los venezolanos estamos ante el reto ineludible de hacer todos los esfuerzos posibles para superar el régimen imperante.
Régimen cuyo ejercicio del poder ha producido un retroceso colosal en todos los índices y avances civilizatorios conseguidos por el Estado y la sociedad venezolana en el siglo pasado. Tan nefasta ha sido la gestión de quienes gobiernan hace dos décadas que padecemos como sociedad una emergencia humanitaria compleja, que lejos de amainar o remitir se profundiza con todos los efectos y consecuencias negativas para el cuerpo social de la nación, particularmente entre los más débiles y desamparados (cuya cifra no ha dejado de aumentar); y generado una diáspora sin precedentes en el continente americano.
La continuidad en el poder de quienes lo detentan y pretenden a todo evento conservarlo no augura la superación de la situación sino su prolongación.
Hay quienes dentro y fuera del país señalan que la única manera de superar el statu quo imperante es por la vía de un amplio acuerdo político entre el oficialismo y la oposición democrática en torno a un proceso de transición hacia la reinstauración del orden constitucional como primer paso hacia otros acuerdos en lo económico y social.
Por supuesto que ese sería el mejor escenario por razones obvias. El problema es que el oficialismo ha dado demasiadas muestras de no estar en ese propósito; de no tener incentivos para transitar esa senda. En nuestro criterio actúa de esa manera por su concepción dictatorial del ejercicio del poder – el poder es para siempre, no se discute, comparte o negocia -, por la posible pérdida de los privilegios de que disfruta, y porque no percibe riesgos sólidos e inminentes a su gobernabilidad y continuidad en el poder.
Hace falta más presión tanto nacional como internacional para conseguir que el chavismo acepte negociar la vuelta al orden constitucional y permita un proceso electoral justo, libre y competitivo lo cual sería un paso importante en dirección a una posible transición.
Algunos analistas consideran que el canje de los sobrinos Flores por los directivos Citgo es un gesto de Estados Unidos para crear un clima propicio a una eventual negociación, otros hablan de un puente de plata en construcción hacia el régimen que comenzó con la exclusión de la lista de sancionados del sobrino Malpica Flores (ex tesorero de Pdvsa). En todo caso, en lo que tiene que ver con Venezuela el gobierno Maduro es el ganador neto de la operación porque todavía no concede nada sustantivo, negocia directamente con Estados Unidos que es lo quiere y le conviene porque debilita la posición de los negociadores de la Plataforma Unitaria, y de paso cero señales de reactivar México. Además la liberación, sin haber cumplido la totalidad de la condena, de unos sujetos convictos y confesos narcotraficantes es un mensaje con una profunda carga negativa para la sociedad.
Con o sin México el movimiento democrático y sus partidos políticos deben estar a la altura y exigencias de la situación que demanda: privilegiar los interese colectivos sobre los particulares o corporativos; hacer oposición efectiva al régimen colocándose en el discurso y la acción del lado de los intereses de la gente; terminar de construir una coalición unitaria sólida, sustentable, con objetivos, política y estrategia realmente compartidas; prepararse para competir en las venideras elecciones presidenciales mediante la realización exitosa de las primarias abiertas para escoger el candidato presidencial.
En relación con las primarias es necesario terminar de resolver algunos asuntos para hacer posible y exitosa su realización: fecha, reglamento, comisión electoral, cooperación limitada por necesaria del CNE en algunos aspectos del proceso. Pero sobre todo no asumir asuntos que hagan más complejo un proceso que de suyo lo es. Un ejemplo relevante de lo que puede ser a la postre un grave error no inducido, un tiro en el pie es permitir la inscripción como precandidatos en las primarias abiertas a los dirigentes políticos inhabilitados. En este caso opera como postura conveniente privilegiar los intereses generales sobre los particulares o corporativos.