Los venezolanos, en medio de sus grandes sufrimientos, están convencidos de que la causa de su tragedia ha sido el desastroso gobierno de Nicolás Maduro, plagado de ilegitimidad, insaciable corrupción, irrespeto a los derechos humanos, persistente violación de la Constitución, traición a los más caros intereses de la República y un largo etcétera de tropelías que nos han conducido a la actual catástrofe nacional. Si algo ha caracterizado a este gobierno ha sido la conformación de una camarilla incapaz y corrupta que, violando el Estado de Derecho, ha destruido la economía nacional y todo vestigio de institucionalidad para imponer el actual régimen totalitario como instrumento para su ambición de poder. Un aspecto a resaltar en estos seis años de régimen madurista ha sido la constante violación de los derechos humanos. En lugar de dedicarse a gobernar para rectificar, en medio de un ambiente de paz y de trabajo, los grandes errores y corruptelas cometidos por Hugo Chávez, se dedicó a perseguir y a reprimir a la oposición política y a los vastos sectores independientes mediante la censura, la cárcel, la tortura, el asesinato y el destierro.
Esta compleja realidad nacional empezó a ser percibida en el exterior con el inicio de la impresionante diáspora venezolana en procura de mejores condiciones de vida, las masacres y los cobardes atropellos cometidos por fuerzas de seguridad y grupos terroristas armados y financiados por el gobierno madurista durante la brutal represión en contra de los justificados reclamos de la población en el año 2017. A los países de la región les fue difícil de entender lo que ocurría. Nuestros ingresos petroleros habían sido de tal magnitud que era inexplicable la miseria que estaba sufriendo nuestro pueblo. Además, se les hizo evidente que la corrupción e ineptitud del régimen madurista al generar el colapso de todos los servicios públicos: luz eléctrica, agua potable, sistema de salud, transporte público, educación e infraestructura, en medio del proceso hiperinflacionario más alto de la historia. Para colmo, la política exterior venezolana, en lugar de promover nuestros intereses vitales, privilegió los objetivos políticos e ideológicos de la izquierda afín al “socialismo del siglo XXI”, aliándose con China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Irán y Turquía, con el consecuente y total aislamiento de Venezuela.
La pretensión reeleccionista de Nicolás Maduro condujo a la usurpación de la Presidencia de la República al violar todas las normas constitucionales y principios democráticos. Esta inaceptable situación política, económica y social condujo a los gobiernos de la región a entender que de mantenerse el régimen madurista en el poder, se comprometería gravemente el destino de sus países. La crisis rebasó el ámbito nacional, para convertirse en regional y mundial. La orientación general del comunicado del Grupo de Lima así lo indica al hacerle un llamado al secretario general de las Naciones Unidas, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad para que intervengan ante el progresivo deterioro de la paz y seguridad en la América como consecuencia a la permanente violación de los derechos humanos del pueblo venezolano realizado por el ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro y su negativa a entablar un diálogo con Juan Guaidó, encargado de la Presidencia de la República, y la Asamblea Nacional que permita solucionar la crisis venezolana a través de un proceso electoral trasparente y justo con presencia y control internacional.
Recomiendo a mis lectores leer con detalle el mencionado comunicado. Hacerlo les permitirá entender que, si las Naciones Unidas no intervienen con suficiente fuerza ante el uso abusivo del derecho al veto, la Organización de Estados Americanos, con el respaldo del Grupo de Lima, tomará importantes medidas que abrirán distintas alternativas de solución a la crisis venezolana. Lamentablemente observé que en tan importante comunicado se descarta la intervención militar multilateral. Esta rígida posición surge de un atavismo político presente en la cultura latinoamericana como consecuencia de nuestro pasado histórico que conduce a que el liderazgo político de la región no se atreva a revisar el tradicional principio que establece la soberanía absoluta de los Estados, sostenido hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, sin considerar la universalidad que ha tomado la defensa de los derechos humanos en la nueva orientación del derecho internacional. De todas maneras, estoy convencido de que la participación del Ecuador como observador del Grupo de Lima conducirá a una revisión de esa posición.
Esta certeza la tengo después de escuchar el valiente discurso pronunciado por el presidente Lenín Moreno ante el Consejo Permanente de la OEA: “Los Estados tienen el deber de exigir el cese de la violencia en contra de la población civil en cualquier lugar que esto ocurra, así como el juzgamiento de los responsables… La grave crisis venezolana, como también la de Nicaragua o cualquier otra, justifica que los Estados de la región y del mundo apliquen la Doctrina Roldós, de septiembre de 1980”. Justamente, en la Carta de Conducta de Ríobamba, como también se conoce a la citada doctrina, se reitera “el compromiso solemne de que el respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales constituyen una norma fundamental de conducta interna del Grupo Andino y que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos los Estados y que, por tanto, la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola el principio de no intervención”. Esta posición fortalece la importancia de los grupos regionales en la solución de los conflictos entre Estados.
El régimen chavista-madurista, acostumbrado desde su inicio al irrespeto permanente de los derechos políticos, económicos y sociales, ha mantenido aviesamente que la soberanía del Estado es absoluta y está por encima de los derechos humanos. Nada más falso. De allí que, como sostuvo el presidente Moreno: “Los países de América tienen la obligación de actuar para impedir que se continúen violando los derechos humanos del pueblo venezolano”. Ojalá que los miembros activos de la Fuerza Armada Nacional entiendan que no se debe someter a una población a las terribles penurias que sufre nuestro pueblo solo por satisfacer las ilegítimas ambiciones de Nicolás Maduro y su camarilla de continuar en el poder, y se transformen en un factor que contribuya a la solución de la crisis nacional mediante el cese de la usurpación madurista, la instauración de un gobierno de transición y la convocatoria a un proceso electoral justo y transparente. Históricamente, nuestra Institución siempre ha actuado con acierto al interpretar con gran instinto el sentimiento nacional. Reflexionen por el bien de Venezuela.