Entre la Unión Europea, el Grupo de Lima, el gobierno de Estados Unidos, la OEA y la ONU se han estado moviendo muchas piezas internacionales para atender la crisis venezolana en sus inseparables facetas humanitaria, política y económica.
La emergencia humanitaria está cada vez más presente como preocupación y acción en todos los ámbitos. Así se confirma en lo que va de abril en el Informe de Human Rights Watch sobre la crisis de salud y alimentaria, en el debate y la Resolución de la OEA sobre Ayuda Humanitaria, en la más reciente sesión sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad y en las gestiones de Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja para contribuir al desbloqueo del ingreso de medicinas y equipos.
Entre los muchos movimientos políticos internacionales se cuentan las recientes rondas de sanciones decididas por los gobiernos de Canadá, en el marco de lo acordado en el Grupo de Lima, y de Estados Unidos con la adición de las del 5 de abril y el 17 de abril, acompañadas con gestiones diplomáticas en Latinoamérica y medidas de presión sobre Cuba. Es especialmente notable la incorporación del representante del gobierno interino a la OEA y ante ese foro, en sus propios méritos, las referencias del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a la añeja pero siempre relevante Carta de Conducta de Riobamba, bautizada como doctrina en honor a su proponente, Jaime Roldós, presidente de Ecuador (1979-1981). Valga recordar que en esa Carta de 1980 los presidentes andinos suscribieron “el compromiso solemne de que el respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales constituye norma fundamental de la conducta interna de los Estados del Grupo Andino y que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos los Estados y que, por tanto, la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola el principio de no intervención”.
Se suma en lo económico la reiteración de la voluntad de apoyo de entidades financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con su anuncio de planes de apoyo financiero, si bien solo en la medida en que se den las necesarias condiciones institucionales. Esto comienza naturalmente por la aprobación de sus directorios, como ha ocurrido en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo.
Si de lo que se trata es de acompañar a los venezolanos para completar lo más pronto posible la ruta nacionalmente acordada para la reconstrucción del país, las presiones y los incentivos internacionales deben ser complementarios entre sí y con el esfuerzo nacional, a la vez que tan colectivos como sea posible.
En ese sentido, el Grupo de Lima desde su creación en agosto de 2017 ha contribuido a crear y sostener posiciones comunes ante la situación de Venezuela, entendida y denunciada cada vez con más claridad y mayor compromiso con la hoja de ruta de los venezolanos. Con toda seguridad lo declarado solo refleja parcialmente lo actuado por este conjunto de países, es de suponer y de esperar que así sea, pero las palabras cuentan y la lectura de la Declaración del Grupo de Lima en Santiago de Chile difunde puntos de acuerdo muy importantes para el logro de un esfuerzo internacional que sea complementario y colectivo.
El esfuerzo del Grupo de Lima no sustituye, ni debilita, ni le impone condiciones al de los venezolanos: acompaña la estrategia trazada por el gobierno interino al definir el cese de la usurpación como “condición indispensable para el restablecimiento de la democracia y el orden constitucional. Es ese el marco de referencia para invitar al Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea -cuya declaración más reciente es muy afín a la de Santiago y que ha asomado esa voluntad de confluencia-.
De allí el exhorto a la comunidad internacional a que favorezca la transición, con expresa advertencia a Rusia, China, Cuba y Turquía sobre “el impacto negativo que su apoyo al régimen ilegítimo de Maduro causa a nuestra región”. Habiendo ya manifestado en un oportuno comunicado su “condena a cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región” a raíz del arribo de aviones, personal y equipos rusos a Venezuela, ahora demanda “el retiro inmediato de los servicios de inteligencia, seguridad y fuerzas militares que se han desplegado… sin amparo en la Constitución venezolana”.
Finalmente, la reiteración del rechazo viene acompañada por acuerdos que invitan a una actuación conjunta de la comunidad internacional en la atención a las todas facetas de la crisis venezolana. Allí se inscriben la exhortación al secretario general, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; la propuesta de que la situación de Venezuela sea tema fundamental en la próxima Asamblea General de la OEA y sean consideradas y adoptadas medidas colectivamente, así como la convocatoria de una Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela.
En suma, es necesario que el compromiso internacional sea complementario al de los venezolanos, tal como lo ha reiterado con claridad el Grupo de Lima, pero no es suficiente. Para que sea efectivo es fundamental hacerlo colectivo y coherente en la práctica.
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