En mis recientes artículos he planteado los posibles escenarios de solución de la tragedia venezolana: la negociación, la salida militar y la intervención militar multilateral. Mi conclusión ha sido terminante: la mejor alternativa de solución de la inmanejable crisis política, económica y social venezolana es una justa negociación entre el régimen madurista y la oposición democrática. Lamentablemente, alcanzar un acuerdo de esa trascendencia exige que las dos partes estén realmente interesadas en lograrlo y acepten satisfacer los intereses en juego. La oposición democrática siempre ha planteado públicamente sus aspiraciones: libertad de todos los presos políticos, regreso de los exilados, reconocimiento de la Asamblea Nacional, designación de un nuevo CNE, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, y rehabilitación de los partidos políticos. El régimen madurista no ha querido responder a esos planteamientos y solo se ha dedicado a utilizar tácticas dilatorias en las conversaciones intentando manipular a la opinión pública nacional e internacional.
También he sostenido que ante la imposibilidad de una solución negociada, las opciones son los otros dos posibles escenarios caracterizados por el empleo de la violencia, siendo la intervención militar multilateral la menos conveniente para Venezuela, aunque la salida militar también tiene un costo importante. Recientemente, no solo se ha fortalecido una matriz de opinión contraria a una intervención militar, posición ética irrefutable, sino que considera imposible que pueda ocurrir. Ese análisis, por exageradamente optimista e ingenuo, lo he rechazado de manera terminante, pues existe una condición que debe tomarse en cuenta: la decisión de intervenir militarmente corresponde solo a los altos dirigentes y a los pueblos de aquellos países que consideren la conducta del gobierno venezolano como una grave amenaza para sus intereses nacionales. Es una ilusión, de algunos sectores opositores y una calumnia del oficialismo, sostener que un dirigente democrático puede influir en la toma de esa decisión.
Las posibles amenazas de una intervención militar, desde un punto de vista teórico, están a la vista: Estados Unidos, Colombia y Brasil. Trataré de profundizar en este artículo la realidad colombiana con la finalidad de precisar cuáles son sus más importantes intereses nacionales para poder valorar si las distintas acciones realizadas permanentemente por el gobierno madurista llegan a comprometerlos. El triunfo electoral del presidente Iván Duque, la firma del acuerdo de paz, ciertas tensiones parlamentarias y una sorprendente caída de la popularidad del nuevo gobierno muestran un panorama político complejo, pero estable. La situación económica, con el ligero incremento de la producción petrolera y un crecimiento del PIB superior al 2,7% en los dos primeros trimestres de 2018, señala una importante mejoría económica en relación con el año 2017. Sin embargo, el elevado índice de pobreza y la escasa movilidad social sigue siendo un problema preocupante que debe ser enfrentado por el estatus político colombiano para poder preservar el destino de su sistema político.
En marzo del presente año ocurrió también un hecho para mí sorprendente, que puede mostrar una interesante modificación del actual estatus político colombiano. Me refiero a la entrevista que concedió Gustavo Petro al medio estadounidense Newsweek en español en la cual, entre otras cosas y refiriéndose a Venezuela declaró lo siguiente: “…Chávez vivió los altos precios del petróleo y tenía capacidad de maniobra. Maduro tiene bajos precios del petróleo y no tiene capacidad de maniobra. Con altos precios del petróleo, Chávez permitió el pluralismo, en medio de las tensiones como el golpe de Estado que sufrió en 2002, las huelgas, etc. Ese pluralismo era el que había que mantener o aumentar. Maduro, en cambio, mata… Chávez era consciente de la necesidad de transitar la economía venezolana hacia la producción y separarla del petróleo, pero mantuvo una dependencia mayor hasta el final de su gobierno, lo cual fue nefasto. Maduro acude a luchar porque el precio no caiga y además cerró completamente los espacios democráticos. Eso es una dictadura”. Los cuestionamientos que Petro le hace al régimen madurista pueden conducir a que tanto la derecha como la izquierda rechacen, con firmeza, la violencia guerrillera y el terrorismo de Estado.
Nicolás Maduro tiene la visión de que es posible alcanzar y permanecer en el poder utilizando permanentemente la violencia. De allí su distanciamiento con Gustavo Petro y su cercanía a los grupos subversivos y delincuenciales, tanto en Venezuela como en Colombia. Esta nueva realidad política puede ser un factor importante en este análisis porque, justamente, según declaraciones del profesor Tarazona, reseñadas en mi artículo anterior, “los grupos guerrilleros representados por el ELN, los disidentes de las FARC, el Ejército Popular de Liberación, Los Rastrojos, los Boliches, las Águilas Negras, Los Urabeños y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia… operan con absoluta libertad en nuestro territorio y ejercen control sobre la población en diferentes áreas de nuestra geografía, gracias a la complicidad con las autoridades civiles y militares venezolanas, las cuales no actúan en su contra, facilitando de esta manera que puedan realizar acciones contra las Fuerzas Armadas Colombianas con cierta facilidad y éxito. Al mismo tiempo, esos grupos subversivos prestan y garantizan la seguridad para poder sostener la producción de drogas en Colombia”. A esta situación se le agrega la agresión que recibe el país vecino a través de la incontrolable diáspora provocada, intencionalmente, por la dictadura madurista.
Además, tengo la impresión de que la actual división existente en el PSUV, la cual se ha manifestado en el fuerte enfrentamiento entre los autocalificados chavistas originarios y los maduristas, trasciende el ámbito interno y tiene repercusiones en el campo internacional. Toda la situación antes descrita se traduce en una actitud hostil contra el Estado colombiano y, ante la imposibilidad de una solución diplomática, podría generar una reacción militar en defensa de sus propios intereses. En consecuencia, la bandera de lucha contra los grupos subversivos que apoyan el narcotráfico y el terrorismo puede transformarse en la razón de ser de una alianza contra el régimen madurista que conduzca a una intervención militar multilateral con el respaldo de Estados Unidos, como la potencia hegemónica continental. En los próximos artículos trataré de demostrar cómo los intereses nacionales de Estados Unidos, Brasil y Colombia podrían verse afectados por la equivocada y errática política internacional y de defensa de la dictadura madurista.