20.000 policías fueron destacados en las principales ciudades de Colombia que se convirtieron en escenario para la protesta en medio de un paro nacional convocado hace un par de días para adversar las políticas del gobierno actual. Miles de personas salieron a marchar mientras el presidente Duque y su vicepresidente Marta Lucía Ramírez hablaban de convivencia e interrogaban a la población sobre los motivos que los impulsan a manifestar en el momento en que el país va por buen camino. Para los gobernantes la protesta lo que consigue es destruir riqueza, lesionar el empleo y lesionar la esperanza de los colombianos.
Las organizaciones de trabajadores cohesionadas, lo que comprende a la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de Colombia, habían convocado a un paro nacional con el propósito de frenar algunas de las medidas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el instrumento por el que se rige la actuación gubernamental y el que comprende los lineamientos del gasto nacional. Las centrales tenían dos metas claras: cuestionar la política de pensiones y las reformas propuestas por el gobierno de Iván Duque en el área laboral.
Este Comando Nacional Unitario de trabajadores quería manifestar su desacuerdo ante el conglomerado nacional sobre el plan de gobierno y su presupuesto, presentados ambos a consideración del Congreso. En el criterio de los líderes de las manifestaciones el plan de Duque «contiene políticas, reformas y definiciones económicas que no se corresponden con las necesidades de desarrollo que requiere el país, ni de bienestar de la población».
La convocatoria fue masiva y la respuesta fue visible. A la iniciativa de los trabajadores se sumaron estudiantes de las universidades públicas, movimientos de indígenas y, uniones de maestros y trabajadores de la educación, quienes complementaron el petitorio con una inveterada defensa del proceso de paz que sienten que está siendo desvirtuado por las acciones del gobierno de Iván Duque.
La huelga cumplió con el doble cometido de cuestionar la política que se emite desde el Palacio de Nariño y paralelamente cumplió con el propósito de crear una sensación en la colectividad de ausencia de gobernabilidad. Los centros de enseñanza del país permanecieron cerrados afectando a un conjunto de cerca de 7 millones de estudiantes y los disturbios al fin de las marchas de impusieron con escenas de destrozos y pillaje.
Pero el balance que es necesario hacer es bueno. No es esta la primera ocasión en que el gobierno debe enfrentar la ácida crítica de los opositores en graves acciones de calle.
Lo que hay que retener de esta manifestación es que el día cerró con calma después de que miles de personas marcharon en las más importantes ciudades del país para expresar su inconformidad con el gobierno, sus postulados y sus programas de acción, así como la asignación de recursos tanto en el terreno económico como en el social.
El paro del jueves pasado no fue sino una expresión más de validez de su sistema democrático y tolerante que permite y recibe de buena fe el disenso y no penaliza la acción opositora.