En los momentos en los que se redacta este artículo enfrentamos una grave situación de extrema confusión en materia informativa, en medio de acusaciones de parte y parte sobre la responsabilidad y el origen de esta crisis eléctrica y la naturaleza de la misma en cuanto a extensión geográfica y duración.
Es un hecho aceptado en política que la primera baja en la guerra es la verdad, pero también existen hechos incontrovertibles que ni la mejor de la propaganda política puede ocultar a quien tenga algo de memoria de los últimos 12 años, como son los hechos públicos, notorios y comunicacionales siguientes:
- Durante la denominada emergencia eléctrica de la época del fallecido presidente Chávez se gastaron decenas de miles de millones de dólares en forma absolutamente documentada en los medios audiovisuales y escritos de la época, de manera que no se puede argumentar que el problema fue la falta de inversión sino la eficacia de la misma.
- Es una situación paradójica de encubrimiento que recuerda al desastre actual de Pdvsa el hecho de que igualmente durante más de una década se han denunciado con nombre y apellido todo tipo de hechos de corrupción, mientras que en Pdvsa se llegó a informes largos y detallados de corrupción en la Asamblea Nacional, hasta que finalmente el fiscal Tarek William Saab terminó destruyendo a toda una generación de gerentes de dicha empresa e incluso un ex presidente de esta murió en situación penitenciaria por falta de atención médica, según denuncia de algunos de sus familiares. Por ello, si algo no debería pasarse por alto es una arremetida judicial internacional contra los contratistas y proveedores eléctricos de esta pasada emergencia eléctrica.
- Es una realidad indiscutible que el problema eléctrico, a diferencia de Pdvsa, tiene un trasfondo político muy grave para el gobierno debido a que no se puede pasar por alto el papel de la República de Cuba en el suministro de plantas, asesoramiento técnico y mantenimiento de la gran cantidad de pequeñas plantas termoeléctricas que se construyeron a lo largo y ancho de todo el país, con la diferencia de que mientras en Cuba se esperaría el mayor de los castigos por negligencia y traición, que implicaría hasta la pena de muerte por delitos contrarrevolucionarios, como ocurrió con los generales héroes de las guerras africanas fusilados por narcotráfico, aquí en Venezuela es más que evidente el manto de silencio en este tema, por suponer la implicación de muchos gobernadores y alcaldes en dichas tareas de construcción de dichas plantas.
- Es una realidad indudable que la demanda eléctrica puede ser cubierta con la capacidad instalada de las instalaciones termoeléctricas, especialmente en un país de abundantes recursos de este tipo, más lo cierto es que es una realidad escandalosa la situación de cierre técnico de muchas de estas instalaciones por fallas de diverso tipo que van desde lo material hasta recursos humanos, siendo especialmente grave la emigración de personal calificado de estas empresas, como de todas las demás industrias que el gobierno califica de estratégicas, hacia otros países ante la evidente realidad de sueldos absolutamente irreales entre este país y sus vecinos, para no mencionar otros más desarrollados con mejores sueldos.
Es aquí donde se evaden estos hechos evidentes y entramos en el terreno de la denuncia de la ciberguerra, que alega el gobierno de Nicolás Maduro a pesar de que se debe suponer la existencia de grandes medidas de seguridad sobre este tema, que ha sido llevado al cine comercial en múltiples oportunidades, por lo cual no es justificable el alegato de sorpresa por parte del mismo gobierno, sino que se admitiría otro caso de negligencia ante una amenaza de este tipo.
Pareciera más bien que la idea de una guerra por Internet es la preparación evidente de la opinión publica para un cierre de los servicios de telecomunicaciones de este tipo con las empresas de aquellos países que no son denominados aliados, por lo cual es evidente que en palabras del gobierno debemos estar prestos al cierre de los servicios de Facebook, Twitter, Instagram, Google y otras aplicaciones de origen estadounidense, por lo cual en mi opinión es hora de bajar los datos de los correos electrónicos y redes sociales a otras plataformas y CD para evitar la pérdida permanente de información sensible an cualquier momento por decisión de Conatel, siguiendo lineamientos de una defensa digital en un mundo web dominado por empresas estadounidenses y gestionado por ICON, que es la agencia estadounidense que reparte y pone orden en la gestión de plataformas virtuales en el planeta entero.
La mudanza de toda la información personal desde cada cuenta personal a plataformas rusas o chinas es especialmente difícil con las fallas de los servicios de Internet actuales, además de las características de las mismas que permiten claramente la identificación de los usuarios, lo que atenta contra la cultura de privacidad de las plataformas estadounidenses.
Este escenario puede parecer una exageración que aterrorice al lector, pero seria la única forma en la cual el gobierno puede intentar gestionar algún tipo de guerra digital contra los creadores y administradores del Internet.
Para los ciudadanos comunes es evidente una caída muy sustancial de su calidad de vida a niveles muy dramáticos de tiempos de guerra, debido a que esta vez se aprecian las fallas de suministro de agua y electricidad de forma severa, paralizando la economía y los servicios esenciales en forma generalizada. Es casi grotesco que en este escenario la asamblea nacional constituyente haya aprobado el Plan de la Patria 2019-2025, que nacería en medio de las mayores dificultades para cualquier tipo de realización exitosa de alguna de sus iniciativas, por lo que seguimos en una situación de fantasía como ha ocurrido en otros planes nacionales que no tienen auditoría ni evaluaciones políticas serias y terminan siendo elementos de propaganda política que acaban hundiendo al país en una crisis estructural cada vez más grave que amenaza la existencia misma de la nación.
Así como están cayendo todos los servicios esenciales, puede hundirse la gobernabilidad de un momento a otro y entrar en un estado de anarquía que exigiría un estado de sitio permanente. Se acaba el tiempo para salvar el país.
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