Todas las noticias que llegan a los canales de información globales y que provienen de cualquier país comunista están contaminadas con lo que sus gobiernos admiten que sea perifoneado al exterior. Los ciudadanos al interior del país, por su lado, se enteran de lo que el gobierno estima conveniente y dentro de la interpretación y giro que este desee imprimirle. Así es en Cuba, en Rusia, en Venezuela y muchos otros. Pero es China quien lleva la bandera por la eficiencia manifiesta con que manejan todo lo que administran.
Ello se hace patente particularmente en el control del ciberespacio, lo que resulta ser un medio donde no solo circula información, sino donde interactúan entre si los súbditos del Imperio del Centro, como aún se denominan eufemísticamente a sí mismos y donde interactúan con el exterior. Las libertades en ese terreno son inexistentes para particulares y para empresas.
La Ley China de Seguridad aprobada por el Congreso del Pueblo en 2016 es lo que se llama una ley básica y le impone límites a quienes son proveedores de servicios de redes y a sus usuarios dentro de un concepto de soberanía sobre el ciberespacio. Todas las empresas públicas y privadas al igual que las personas están obligadas por este instrumento que controla todo lo que denomina información personal y data sensible. La ley es un concepto evolutivo que crece y se modifica con cada nueva arista que surge en el manejo de esta dinámica disciplina y establece responsabilidades legales de envergadura por su incumplimiento. En el seno de las empresas los chequeos y las necesidades continuas de certificaciones les ponen la cuesta empinadas a sus altas direcciones al igual que a las personas que allí laboran.
La vaguedad absoluta que se observa en la letra de las normas que regulan a este ambiente tan evolutivo es una intimidante camisa de fuerza para quienes tienen responsabilidades de proveedores de conectividad. Dice la Ley en cuestión que “los operadores deben obedecer normas sociales y ética comercial, ser honestos y creíbles, cumplir con sus obligaciones para proteger la seguridad de las redes, aceptar la supervisión del gobierno y del público y ser cumplidores con las responsabilidades sociales”.
Tal ambigüedad, sumada a las penalidades que pueden ser impuestas a las empresas del sector por incumplimientos se traducen en inseguridad y desinversión de ‘parte de empresas de terceros países. Sin embargo, al observar las cuantiosísimas inversiones hechas por empresas chinas afectas y beneficiadas por el gobierno y dispuestas, además a subsumirse a las draconianas regulaciones, hacen pensar en el fin último de las disposiciones y las sanciones es la de levantar otra infranqueable muralla dentro de las empresas mundiales de investigación y desarrollo.
A nivel del usuario final es donde el tema es más conocido y más flagrante. Estamos hablando de 722 millones de usuarios contra 312 millones en los Estados Unidos. La página web de Wikipedia en chino permanece bajo bloqueo desde 2015, sin contar con que Google, Facebook, Twitter e Instagram tampoco tienen acceso de parte del gran público. Pero más significativo aun es el hecho de que la falta de privacidad a nivel del individuo deja al ciudadano y a su información personal a merced de las sofisticadas tecnologías de manejo de datos. En síntesis, mientras el mundo avanza a favor de la protección de los derechos de los individuos, el Imperio chino, dentro de su absoluto totalitarismo en esta materia, se desplaza en la estricta vía contraria.
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