El caso de Matthew Spencer Petersen

En el sistema judicial de Estados Unidos los jueces federales son propuestos por el presidente de la república al Senado para que este los ratifique o rechace. Dicho proceso involucra una investigación pública sobre el candidato, que incluye un riguroso interrogatorio por parte de los senadores. Desde luego, el elemento ideológico no escapa d este escrutinio.

De esa manera se han quedado en el camino juristas relevantes, como sucedió con Robert Bork, propuesto por Ronald Regan en 1987. Bork tenía las credenciales intelectuales más elevadas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Era juez federal de apelación (juez de segunda instancia) y profesor de la Universidad de Yale. Pero su candidatura fue resistida por Ted Kennedy, quien alegó que Bork significaría un retroceso en materia de derechos civiles. La misma suerte de Bork la corrió Harriet Miers, propuesta por George W. Bush en 2005. Se le imputaba carencia de credenciales profesionales para tan alto cargo. Se opusieron tanto demócratas como republicanos, y su candidatura fue rechazada.

Es significativo el reciente caso del abogado Matthew Spencer Petersen –nominado a juez federal por el presidente Donald Trump–, quien no pudo pasar la prueba del Senado. El interrogatorio fue difundido en las redes por uno de los senadores. En el video se aprecia al republicano John Kennedy (¡un republicano con el nombre del ex presidente demócrata!) hacer las preguntas más sencillas al candidato a juez; preguntas que este último no pudo responder. Fue algo asombroso y quedó demostrada sin ambages su falta de preparación para el cargo.

El hecho demuestra que el método de selección de los jueces federales empleado en Estados Unidos es eficiente y confiable: el presidente propone y el Senado dispone. El procedimiento involucra una discusión política; se busca que detrás de cada nombramiento haya el mayor consenso político posible y que recoja las tendencias existentes al momento de hacer la elección. Además, al ser la designación de por vida, le da autonomía al nuevo juez. El método ha funcionado muy bien y por eso el sistema judicial estadounidense es confiable, reconocido y sus sentencias constituyen un aporte a la salud de la democracia.

Lo que ha ocurrido en Venezuela es algo muy distinto. Los jueces no se escogen luego de una discusión pública y abierta que permita evidenciar las capacidades del candidato. Antes de la llegada de la revolución bolivariana, el método de selección de los jueces era por medio del reparto de los cargos entre los partidos mayoritarios. Esto tuvo un lado oscuro porque permitió el nacimiento de las “tribus”, integradas por jueces que carecían de independencia y que respondían a los mandatos de algún dirigente político. Pese a esta falla, sin embargo, se eligieron magistrados notables que se caracterizaron por su probidad e idoneidad.

Con la llegada del chavismo al poder, el reparto político disminuyó en intensidad; ya no hace falta la negociación política porque el PSUV ha logrado el control del poder. Durante los últimos veinte años, apenas ha habido una participación limitada de la oposición en la elección de los jueces En ninguna de ellas los elegidos se han sometido a un escrutinio público, ni a un debate político, porque se ha privilegiado la negociación clandestina.

El caso de Matthew Spencer Petersen permite reflexionar sobre los métodos de elección de jueces en una democracia. La transparencia y la publicidad son fundamentales en estos procesos. De esa manera se evitan las imposiciones inconvenientes para la majestad de la justicia.