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Señor Dr. Omar Barboza
Presidente de la Asamblea Nacional
Su despacho.-
Venezuela está siendo objeto de procedimientos judiciales en el plano internacional donde se nos está arrancando a dentelladas lo poco que nos queda.
Tenemos la demanda que Guyana interpuso ante el Tribunal de Justicia Internacional en La Haya para que se le adjudique nuestro Esequibo. También más de 20 procesos de arbitraje que se llevan por ante el Ciadi en Washington D.C., donde se ventilan miles de millones de dólares que se nos reclaman en su mayoría por las expropiaciones ejecutadas por Hugo Chávez. También el juicio que se adelanta por ante la Corte del Distrito Sur de Florida y que se conoce como «U.S Pdvsa Litigation Trust«, donde están en juego 10.000 millones de dólares, y todo eso sin que tengamos defensa legal. Pudiéramos decir que el país es víctima de una masacre judicial.
Por qué digo que no tenemos defensa legal
Según el artículo 247 constitucional, la defensa de los derechos patrimoniales de la república corresponde al procurador general que es nombrado por el presidente con autorización de la Asamblea Nacional. La última persona que ejerció ese cargo legalmente fue Cilia Flores, quien lo dejó en el año 2013 y designó como encargado a su compadre Manuel Galindo Ballesteros, luego este salió para otro puesto y dejó a su vez como encargado a Reinaldo Muñoz Pedroza, quien ilícitamente viene fungiendo como nuestro representante en dichos procesos, un encargado del encargado, ambos «encargados» por tiempo indefinido, personas que han ejercido y ejercen esa actividad sin control alguno, manejando inmensas cantidades de dineros públicos, celebrando compromisos económicos muy probablemente agravados por la generalizada corrupción que marca los actos del régimen dictatorial que agobia a nuestra patria.
Qué es lo que le pido
Es necesario que la Asamblea Nacional dicte un acuerdo sobre la ilegitimidad de la explicada representación advirtiendo que ello vicia de nulidad todos sus actos. Seguidamente se debe notificar a todos los organismos internacionales sobre tal pronunciamiento para que se detenga todo proceso donde seamos demandados, puesto que se nos viola el sagrado derecho a la defensa. Y si se nos desatiende dicha advertencia quedará marcado un hito para desconocer todo cuanto se tramite bajo la denunciada irregularidad en lo que se incluyen todos los contratos internacionales afectados por tal vicio.
Atentamente,
Carlos Ramírez López