La reunión de cancilleres de la OEA del 31 de mayo pasado, para desilusión de los demócratas de este hemisferio, concluyó sin consenso sobre qué decir o hacer sobre Venezuela. La decisión se postergó hasta la reunión de la Asamblea General de la OEA, a celebrarse en Cancún, entre el 19 y 21 de junio.
El proyecto de declaración presentado por Canadá, Estados Unidos, México, y Panamá y Perú, y acompañado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Paraguay y Uruguay (“los 14”) no obtuvo el apoyo de los países del Caribe inglés, ni, por supuesto, de Bolivia, Nicaragua, Ecuador y El Salvador. La Declaración pretendía expresar la “profunda preocupación” de los Estados miembros sobre la ruptura del orden democrático y la crisis humanitaria que azota Venezuela; hacía un llamado al cese de la violencia; al respeto de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de las competencias de la Asamblea Nacional; al cese de las detenciones arbitrarias, de los juicios militares y de la iniciativa de una asamblea constituyente; a la liberación de presos políticos; a la elaboración de un calendario electoral, así como a una renovada negociación que conduzca a un “acuerdo político amplio;” y ofrecía “proveer asistencia humanitaria” y conformar un grupo de Estados miembros para facilitar el proceso de negociación entre la oposición y el gobierno.
La declaración, no intervencionista pero solidaria con el pueblo venezolano, que proponía una solución negociada y democrática y (elecciones), no pudo aprobarse, ni por consenso o simple mayoría de 18 Estados miembros.
La OEA es efectiva solo cuando hay consenso y armonía entre sus Estados partes y entre estos y el secretario general. Por lo contrario, cuando hay división y tensión en estas relaciones, ello deriva en parálisis o inacción, como ahora, a pesar de la tiranía y tragedia humanitaria que padece uno de sus miembros.
Esta vez la parálisis resultó de la decisión en bloque de la Comunidad del Caribe inglés más Haití (Caricom, con unos 17 millones de habitantes aproximadamente) de no acompañar a la propuesta de la mayoría de los países latinoamericanos más Estados Unidos y Canadá (con unos 1.000 millones de habitantes). Las reglas “democráticas” de la organización (un país un voto) permitieron que una minoría demográfica obstruyese el intento diplomático de la mayoría de avanzar en la defensa y promoción colectiva de la democracia, tal cual lo establece la Carta Democrática Interamericana (CDIA) de la OEA. “Nos tienen de prisioneros”, comentó un embajador latinoamericano.
En los últimos años la mayoría de los países del Caricom miembros de la OEA (con la excepción ocasional de Bahamas, Barbados, Jamaica, y St. Lucia), ha rechazado, siguiendo la línea chavista, cualquier intento de siquiera tratar la crisis venezolana en el Consejo Permanente de la OEA. En esta ocasión, los caribeños rechazaron la propuesta “los 14” y propusieron una declaración alternativa, que coincidía en algunos puntos con la anterior pero que parecía más preocupada por no “violentar” el principio de no-intervención y no ofender a Maduro. Al no lograrse una redacción consensuada entre las dos, se acordó suspender la reunión y continuar negociando hasta la Asamblea General.
La posición caribeña extraña a los demócratas de las Américas, porque son países con tradición de democracia parlamentaria liberal. Su postura además indigna porque parecieran ser incapaces de sentir empatía con la mayoría de la población venezolana y su sufrimiento, y parecieran desconocer la tiranía, la represión gubernamental, las muertes diarias y la tragedia humanitaria. Los caribeños objetan el tratamiento del tema venezolano, invocando el principio de no-intervención y de soberanía estatal, pero con ello ignoran el compromiso colectivo de defender y promover la democracia representativa y la soberanía popular. Prefieren así apegarse (presionados o extorsionados por Maduro) a los beneficios coyunturales (menguantes) de la dádiva chavista vía Petrocaribe.
También parecen ignorar que invocar el principio de la no-intervención en este caso es un despropósito, contrario a los consensos y compromisos establecidos por todos los Estados miembros en su CDIA; y que no se lo puede invocar para ocultar la ruptura del orden democrático y la violación de los derechos humanos. Si el argumento es desconocimiento de lo que ocurre en Venezuela, la reunión de cancilleres o la Asamblea General podría escuchar un informe sobre la situación en Venezuela de las autoridades de la Asamblea Nacional, de la fiscal general y de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, y no solo una diatriba de la canciller venezolana.
En las Américas hoy día lo prioritario es la vigencia y defensa de los derechos humanos y la democracia, y no la no-intervención necesariamente.
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