En momentos en que se habla del rescate de los empleados públicos para ir organizando una serie de paros escalonados, es importante tocar algo que muchas veces escapa a los planificadores nacionales de políticas publicas referente a que las administraciones locales constituyen muchas veces pequeños feudos que escapan de hecho a la modernización y racionalización que se persigue con la modernización o digitalización de las políticas públicas a escala nacional en el siglo XXI.
Mi experiencia como observador en primera fila de ver a un gobernador crear urbanismos, sin tomarse la más mínima molestia de consultar a los alcaldes y sus concejos municipales, conducta también propia de ministros y de los mismos presidentes en el pasado a la hora de crear grandes proyectos de infraestructura, me ha llevado a cuestionar esta forma nefasta de planificación imperativa tan propia de los métodos soviéticos que llevaba a los burócratas a cumplir disciplinadamente las ideas más absurdas con tal de que no los acusaran de desacato y actitudes contrarrevolucionarias.
Soy de la creencia de que una de las causas principales de la incapacidad del gobierno nacional para aplicar sus políticas en los últimos 20 años, es debido a la anarquía administrativa que producen centenares de alcaldes indisciplinados e incapaces, que se dedicaron en buena parte a enriquecerse y no a crear una nueva cultura política y administrativa. Tan cierto es ello, que el finado presidente Hugo Chávez (1999-2013) planteó poco antes de su muerte la idea de eliminar el Ministerio de las Comunas, ya que ningún alcalde ni el mismo ministerio practicaban los postulados de la democracia participativa y protagónica, ni las leyes del poder popular.
Por ello, la creación del Proyecto País para dar respuesta a los grandes temas nacionales amerita para su concreción operativa la necesaria concientización de los líderes políticos locales y grupos económicos y de presión territoriales para la creación de proyectos concretos de desarrollo local en cada uno de los 335 municipios de este país.
Se trata de algo más ambicioso que un PDUL (plan de desarrollo urbano local) el cual suele ser desconocido para la inmensa mayoría de sus habitantes y por ello es tan fácil de violar como observamos en los medios de comunicación social de toda Venezuela.
Se trata de un proyecto de desarrollo concreto donde las comunidades puedan ver reflejadas sus aspiraciones materiales de manera concreta en forma de terminales de transporte, mercados municipales, institutos universitarios tecnológicos, cementerios, hospitales, puertos, aeropuertos, carreteras pavimentadas, tuberías de aguas blancas y negras, y obras de distribución de gas y electricidad, entre otros.
Para ello será necesaria una serie de cambios verdaderamente revolucionarios con nuestros usos y costumbres que menciono a continuación:
- Es imprescindible una verdadera revolución en los servicios civiles o, como lo conocemos popularmente, en la burocracia local, para eliminar de forma definitiva la insana costumbre de tomar los organismos públicos para el clientelismo político, llenando la administración de personal excesivo para el cumplimiento de sus funciones especificas. Esto solo es posible creando un filtro nacional de empleados públicos que no pueda ser manipulado por alcaldes y concejales.
- Es necesaria la creación de una ley nacional de impuestos municipales que acabe con la corrupción y el desorden de las haciendas paralelas, dándole al Seniat la tarea de organizar debidamente las 335 direcciones de hacienda o institutos municipales de finanzas para crear una sólida cultura tributaria con un mínimo de personal y un máximo de recaudación fiscal.
- Es indispensable que el Ministerio de Relaciones Interiores asuma la creación o reorganización con base en estándares nacionales de cuerpos de policía, bomberos y protección civil en todos los municipios, adecuando su tamaño a las dimensiones de estos.
- Es vital la conversión del Ministerio de las Comunas o el que se pretenda crear para la participación ciudadana en un ministerio de asuntos municipales y participación ciudadana, dedicado a la meta especifica de establecer en forma permanente la cultura del presupuesto participativo, y de esta manera llegar a la democracia directa, como dicen unos, o a la democracia participativa y protagónica, como dicen otros.
- Es urgente una reforma específica de la Ley Orgánica del Poder Municipal a tres niveles que asuma toda la legislación referente al poder popular (comunas, consejos comunales, entre otros) y los lleve a los niveles territoriales (parroquia, sector o comuna) y al nivel micro de las comunidades establecidas en su ámbito territorial según los criterios técnicos del Instituto Geográfico Simón Bolívar, estableciendo una distribución equilibrada y eficaz de competencias por cumplir, y no llenar a los dirigentes sociales de tareas imposibles de realizar por debilidades organizativas y financieras.
- Es imperativo que los ministerios de finanzas y en materia de infraestructura (agua, electricidad, vialidad, entre otros) creen un filtro muy riguroso para elaborar una lista de empresas capaces de realizar contrataciones de obras publicas a objeto de acabar con las empresas de maletín de alcaldes y concejales que tanto daño le han hecho al patrimonio publico, de forma que solo empresas viables y reconocidas puedan ser contratadas en el ámbito local para el plan de obras que se debe licitar en forma anual y sin traumas en todos los municipios del país.
- Es obligatoria la creación de una cultura de transparencia administrativa que solo es posible siguiendo los parámetros técnicos desarrollados por la prestigiosa ONG Transparencia Internacional, referente a la digitalización de los procedimientos administrativos y el acceso libre a la información. Es mi opinión que el contralor municipal debe ser elegido por votación popular para libre de la influencia del alcalde y concejales, tener la fortaleza moral y política para controlarlos.
De no realizarse estos cambios, es indudable que veremos la repetición de todas las demostraciones de ineficiencia, corrupción y falta de desarrollo político que vienen lastrando la sociedad venezolana desde hace décadas.