Bolivia no es atractiva a la inversión foránea

El título es prácticamente devastador. Y proviene nada menos que de la principal cámara empresarial de industriales de Bolivia.

La queja del empresariado privado boliviano se resume en que hay crecientes costos laborales como, por ejemplo, una demagógica, populista e insostenible medida denominada “doble aguinaldo” que resulta en pagar tres veces en época de Navidad que prácticamente liquida cualquier contabilidad, un contrabando incontrolable y la caída de ingresos del Estado boliviano por venta de gas natural a Brasil y Argentina, caída de ingresos por caída internacional de precios del petróleo, lo que casi liquida la industria de servicios petroleros en el país, mudándose una gran parte de esas medianas y pequeñas compañías al Perú o a otros países con mejor perspectiva empresarial como Chile o Paraguay.

Amén está en señalar que toda la cadena de la industria de hidrocarburos es estatal o bajo su fuerte intervención.

Los industriales se quejan –con mucha razón– al igual que los personeros de la cámara de comercio que en el país no hay las condiciones de seguridad jurídica. Es verdad. Los tribunales bolivianos –la máxima instancia judicial– fue “conformada” producto de unas “elecciones” para magistrados. Cosa rara y de mal resultado. Los máximos jueces hoy tienen electores a los que están sometidos, antes estaban sometidos solo al imperio de la ley. Adicionalmente a ello los tiempos de tramitación de litigios son de terror: verdaderos procesos kafkianos que dejan a las compañías que invierten a merced y sin resguardo sus inversiones y patrimonios.

De un lado está la alta complejidad para formar empresas privadas en Bolivia: más de 15 pasos burocráticos para constituir una compañía privada. Diferentes ventanillas, filas, pagos de tasas y demás costos hacen casi imposible crear empresas. Y encima de ellos un servicio impositivo que solo busca el menor error del contribuyente para perseguir y liquidar cualquier iniciativa y emprendimiento.

Recientemente la Cámara Nacional de Comercio presentó impugnación al nuevo sistema de facturación electrónica del gobierno porque el mismo no corresponde a la realidad objetiva de las empresas y porque tiene una concepción que desde su entraña es obsoleta: busca perjudicar y trabar en vez de acelerad y facilitar la inversión.

Una serie de impuestos. Muchos. Desde nacionales hasta municipales, pasando por el de impuestos a “transacciones financieras” que solamente van a “engordar” la burocracia de un Estado pesado que ya no se mueve más.

Luego apareció una novísima idea que viene directamente del régimen cubano de Castro: de los creadores de la libreta de racionamiento o el carnet de la patria de Venezuela viene en Bolivia a implementarse la “billetera móvil estatal”. Vale decir que ahora el Estado va a decirte en qué gastar tus ya de por sí esmirriados ingresos.

En Bolivia hay una clara desaceleración de la economía desde el año 2013 que va desde 6,8% del PIB a 4,2% según los últimos datos, una economía basada más en gasto y endeudamiento que en ahorro e inversión. Y ojo que los “datos” son siempre sujetos de cuestionamiento, muy pocos confían en los datos proporcionados por entidades oficiales.

Para más: Bolivia es un capitalismo de Estado de economía planificada. Una pequeña Unión Soviética porque tiene un estado-empresario que “compite” de forma desleal con el sector privado: el Estado tiene empresa constructora, de aeronavegación, de cartón, de papel, de leche y un largo etcétera. Todas funcionan regular o mal.

Pese a los muchos road show (viajes) de promoción de inversiones que realizó el propio jefe de Estado, alrededor del globo, los mismos no tuvieron efecto positivo: la cámara de industriales dice, con toda razón y sustento, que “en el tema de inversiones, definitivamente hay mucho por hacer, debido a que la política de atracción de capital del gobierno es un fracaso, en razón a la participación marginal del país en los flujos de capital internacional”.

Los rubros más afectados por la contracción económica en el sector fueron alimentos, bebidas, textiles, manufacturas de madera, cuero, cemento, metalmecánica y el sector farmacéutico.

Urge una reforma política y económica en Bolivia: abrir la Constitución y la ley, permitiendo el ingreso de capitales externos a invertir, con contratos entre privados o con el Estado en donde prime una cláusula internacional de arbitraje, para eludir tribunales nacionales que están por demás cuestionados, y principalmente volver al liberalismo, a la democracia y a permitir que el comercio fluya, sin barreras y sin ideologías. El Estado debe ser pequeño –muy pequeño, urge una reducción del déficit fiscal vía acortamiento de costos fiscales–, como dicen los liberales, y su teoría del monarquismo y principalmente reducir impuestos, reducir pasos para formación de empresas y no estrangular a los inversores con cargas laborales excesivas, todo para fomentar la libre empresa. La receta es conocida, pero hay que aplicarla en democracia, con alternancia en la administración del poder.