El gran problema de Venezuela es eminentemente político, los demás derivan de allí. La tormenta perfecta que asola el país, confluencia inédita en estos lares de recesión económica, hiperinflación, escasez de productos básicos, insuficiencia de medios de pago, inseguridad, crisis aguda de los servicios públicos y demás calamidades es consecuencia de la imposición paulatina de un proyecto dictatorial-totalitario reaccionario e históricamente fracasado autodesignado “socialismo del siglo XXI” o simplemente chavismo, cuya razón de ser no es otra que perpetuarse en el poder.
La intransigencia criminal e irresponsable del oficialismo de impedir un acuerdo gobierno-oposición para que las elecciones presidenciales se efectúen con apego estricto a la Constitución vigente y la convocatoria apresurada del CNE de las presidenciales para el 22 de abril bloquea la posibilidad de superar la crisis política por la vía pacífica, cívica y civilizada. Esa actitud tiene efectos catalizadores en la crisis económica y social con el consecuente deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos.
Ambas decisiones del régimen suponen un cambio de calidad negativo en el escenario político nacional e internacional. Demuestra que el madurato (fase superior del chavismo) va por todo en el propósito de consolidar la dictadura. Es por ello que ha concitado el rechazo de las mayorías nacionales y reforzado su aislamiento internacional.
Es acertada la decisión de los principales partidos opositores, de la sociedad civil organizada, de importantes instituciones académicas, empresariales, gremiales y confesionales de rechazar esos comicios y convocar a la ciudadanía a no participar en los mismos. No se debe ni se puede convalidar y legitimar tal despropósito contrario a la legalidad y a la necesidad y deseo de cambio que anida en la mayoría inmensa de la sociedad.
No sería la primera vez que los venezolanos rechazamos procesos electorales fraudulentos destinados a favorecer el continuismo y contrarios a los intereses nacionales. Ya lo hicimos en 1957 con motivo del plebiscito de Pérez Jiménez y el año pasado contra la constituyente madurista.
Boicotear el proceso del 22 abril es correcto pero insuficiente. Las fuerzas democráticas deben aprovechar la coyuntura para enmendar sus errores y superar sus carencias, errores y carencias que le han facilitado al oficialismo llevar adelante sus planes y concretar sus objetivos.
Las fuerzas democráticas necesitan, para cumplir a cabalidad con el desafío histórico de liderar el cambio político, gobernar para superar la crisis y sentar las bases para construir una nación libre, próspera, inclusiva y segura de avanzar en varias cosas: reconstruir una unidad opositora sólida y coherente al margen de personalismos y grupalismos, curada de pretensiones hegemonistas; dotarse de un centro dirigente amplio, representativo y eficaz; de una política a tono con la situación de que se está enfrentando a una dictadura y esa política es la de ser convocante y auspiciador de un gran frente nacional en el cual participen todos quienes se oponen al régimen; asumir que la unidad debe ser estratégica y con un proyecto de gobierno a largo plazo.
De frente al 22 de abril debe asumirse una posición realista, trabajar para deslegitimar el proceso electoral más que para impedir su realización, persuadir y convencer a los venezolanos de hacerle el vacío al CNE y de resistir las presiones del oficialismo para que la gente acuda a votar. Es lo que algunos han llamado no participación activa, cosa que no es inactividad.
La MUD en conjunto con las fuerzas políticas y sociales contrarias al régimen deben elaborar un plan político para el pre 22/4, el 22/4 y el pos 22/4.
Es conveniente no sembrar falsas expectativas ni transmitir la idea de que se está frente al round final de la lucha o que la victoria está a la vuelta de la esquina. Si libramos bien esta confrontación, el final de la pesadilla se acercará.