El gobierno venezolano ha demostrado con creces el profundo desinterés en otorgarle el justo lugar a la Defensoría del Pueblo en la interacción que debe existir permanentemente entre el Estado y sus ciudadanos.
El nombramiento de Tarek William Saab en el cargo y luego su designación como fiscal general de la República –una transición hecha de manera tan ligera, de “defensor” a acusador, de un personaje que es reconocido abiertamente como militante incondicional del partido de gobierno–, denota la falta de interés del poder central en procurar la transparencia en el funcionamiento de las instituciones; la inmoralidad y burla hacia la ciudadanía y la comunidad internacional.
El poco interés que ha prestado el gobierno a la figura del defensor del pueblo refleja una profunda ignorancia hacia los valores universales más primordiales sobre el tema del respeto y promoción de los derechos humanos; por cuanto la República se encuentra obligada, en consideración a los tratados internacionales suscritos, a prestar especial vigilancia y tomar medidas efectivas con respecto a ellas. Ahora bien, siendo aún más pragmáticos, así el Estado no haya suscrito compromiso alguno se trata de un asunto moral, de sentido común, humanismo y por sobre todas las cosas de Educación Cívica, de la que deberían estar investidos todos los que actualmente detentan el poder.
En Venezuela, la Defensoría del Pueblo se ha convertido en una “responsabilidad” digna de ser ocupada por algún funcionario a quien no encuentran donde ubicar dentro de la maquinaria gubernamental. En eso ha sido convertida desgraciadamente, en un apéndice del gobierno sin utilidad calculada.
Lo antes dicho constituye una práctica propia de un gobierno de rasgos dictatoriales, cuya alta dirigencia descarta en el futuro reintegrarse a la “ciudadanía de a pie”. Antecedente sumamente peligroso sino se logra rectificar el camino y la función de la Defensoría del Pueblo con prontitud; es decir, el abandono de la práctica maliciosa de dar la espalda ante las agresiones de un gobierno todopoderoso contra sus ciudadanos. Asimilan de forma grosera la institución de la Defensoría al servicio del gobierno; procurando así ocultar todas las arbitrariedades que han venido cometiendo incesantemente contra la población sin que sean dadas a conocer en sus verdaderas dimensiones, tanto dentro del país como en el exterior, consecuencia de las serias amenazas a los medios de comunicación y a los voceros independientes.
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