Bajar la violencia

Aún no encuentro en las encuestas de salida del 10 de julio una respuesta definitiva a una pregunta que me mantiene perplejo: ¿La votación aplastante por López Obrador fue contra el PRI, el gobierno, Peña Nieto, el sistema, o un apoyo a su figura, su programa, sus aliados? Es obvio que se puede responder que ambas cosas: se trató de un repudio al statu quo y un respaldo al proyecto de cambio que AMLO encarnó. Pero, sin cifras, la respuesta abstracta se antoja… abstracta.

Sobre todo, no sirve para sacar conclusiones, en particular, una de ellas. Si el tsunami fue ante todo negativo, la luna de miel de AMLO puede durar un lapso largo. La gente quería echar al PRI, y le importa poco cómo gobernarán los nuevos. Con algunos gestos simbólicos –Los Pinos, el avión, el sueldo, los guaruras, etc.– le alcanzará a Morena para mantenerse en elevados números de probación y popularidad. Algo por el estilo le sucedió a Fox: 43% del electorado deseaba “echar al PRI de Los Pinos”, y le preocupaba en escasa medida la alternativa. Fue solo cuando aquel gobierno se sintió obligado a elevar las tarifas de la luz en febrero de 2002 que terminó la luna de miel.

En cambio, si más de la mitad de la sociedad mexicana votó por López Obrador debido a la esperanza de un cambio –en su economía, su seguridad, en materia de corrupción– y, en particular, si casi dos tercios de la población con educación universitaria sufragó así, el futuro inmediato se torna más complicado. Estos votantes esperan resultados, se informan y tienden a ser impacientes. En materia económica o de corrupción, más allá de los símbolos que en este país cuentan mucho, no va a resultar sencillo generar cambios perceptibles. En el ámbito de seguridad, sin embargo, existe una posibilidad.

En una gráfica publicada ayer en la primera plana de Reforma aparece una correlación muy robusta entre el número de militares desplegados en la guerra contra el narco y el número de muertes, medidas por carpetas de investigación sobre homicidios dolosos, a lo largo de los últimos 11 años. Si además incluimos las cifras, no fáciles de encontrar y no necesariamente pertenecientes a la misma serie, de 2006, vemos que el número de soldados fuera de cuarteles en la guerra contra el narco pasó de 37.253 en 2006 a 49.650 en 2011 –el año pico–, para luego descender a 34.529 en el año 2013, y volver a subir a 54.980 este año. La curva de los homicidios dolosos es prácticamente idéntica, muy bajo el número en 2006 y 2007, empieza a elevarse a partir de 2008 y hasta 2011, entre 2012 y 2014 desciende, para volver a repuntar y alcanzar límites desconocidos en los primeros 5 meses de 2018.

Es obvio que la causalidad puede darse en cualquiera de dos direcciones. Aumentó la violencia, medida por homicidios dolosos, porque se desplegaron más soldados, o, como seguramente lo piensa la mayoría de los analistas, el gobierno de Calderón y el de Peña aumentaron la violencia y fue necesario enviar más tropas para contenerla. Es muy difícil, con estos datos, responder a cuál de las dos causalidades es “la buena”. Sin embargo, si admitimos como hipótesis que puede ser el despliegue de tropas la que genera la violencia en lugar de que sea al revés, habría una solución de corto plazo, eficaz y costeable, para bajar la violencia: reducir el número de tropas desplegadas a lo largo y ancho de la República.

AMLO ha dicho que va a mantener al ejército en la guerra contra el narco hasta que exista una policía civil capaz de sustituirlo. Esto es, detalles más, detalles menos, lo que dijeron Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. No quiere decir absolutamente nada. Sin embargo, su candidata a secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha afirmado algo muy diferente: que la reducción de la violencia en el país depende de enfoques diferentes, que incluyen la posible legalización de la mariguana y del cultivo regulado de amapola para fines médicos, y no de seguir adelante con una guerra que a todas luces ha fracasado. Esta segunda opción parece mucho más razonable, aunque no necesariamente sea la del propio López Obrador.