El esperado informe de Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ya es público. Tiene fecha 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.
Atrás la controversia sobre sus primeras declaraciones al concluir su visita a Venezuela. Lo esencial es lo que constata y rechaza el régimen represor de Nicolás Maduro, resintiendo, en su escrito de réplica, que no se hayan agregado sus cosas buenas, que le compensarían.
Lo cierto es que razón tuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al adoptar su informe, sustanciado, el 31 de diciembre de 2017: Se trata de una situación grave “desde hace varios años” y “quienes han buscado actuar para cambiar la crítica situación que vive Venezuela han encontrado un Estado que reprime”, reza. Y no era parcial ni partidario el otro que se elabora bajo la dirección de Luis Almagro, secretario general de la OEA, del 29 de mayo de 2018, consignado ante la Corte Penal Internacional: “Los actos a los que se ha visto sometida la población civil de Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, constituyen crímenes de lesa humanidad”, dice.
En concreto, Bachelet, en coloquial síntesis nuestra, concluye lo siguiente:
- Todos los derechos humanos, económicos y sociales, civiles y políticos, han sido violados; ninguno queda fuera de la mano del represor Maduro.
- El país se muere de hambre y mengua por las erradas políticas de la última década, bajo el flagelo de la corrupción.
- No hay medicinas, han migrado los médicos, está destruida la infraestructura sanitaria, reaparecieron enfermedades de vieja data, y el gobierno oculta los datos.
- Después de dos décadas de programas sociales para conjurar a la pobreza, todos los venezolanos dependen hoy de los programas sociales que administra, con criterio de exclusión política, el partido oficial.
- Las sanciones internacionales no son la causa, están dirigidas contra 150 funcionarios gubernamentales narcos y corruptos, y la crisis terminal del país las precede, más allá de que puedan agravarla.
- Hay una hegemonía comunicacional de Estado y a los periodistas se les encarcela para silenciarlos.
- Se han erosionado el Estado de Derecho y desmantelado las instituciones democráticas, tanto como se reprime selectivamente y criminaliza a la disidencia.
- El Estado está militarizado, colectivos armados y populares ejercen el espionaje popular, y hay ejecuciones extrajudiciales ante la mirada indiferente del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, que hacen mutis ante los crímenes de estos.
- Se hace apología gubernamental de la violencia contra la oposición y los mismos disidentes del oficialismo, sometiéndoseles a tribunales militares, incluida la violencia sexual contra sus familiares.
- Las protestas suman 22.430 entre 2018 y 2019, han sido reprimidas desproporcionadamente por la fuerza militar y los colectivos armados, con saldo de 80 muertos.
- Las desapariciones forzadas de personas, las torturas, la violencia sexual en las sedes del Sebin y la Dgcim, son el patrón de las detenciones arbitrarias, encontrándose privadas de libertad por motivos políticos 793 personas y 8.598 liberadas condicionalmente, obligadas al exilio.
- “Escuadrones de la muerte” y “grupos de exterminio” hacen razzia en las zonas más pobres, con violencia que incluye la sexual, para causar miedo en la población, facilitar el control social, y alcanzando a 9.650 las víctimas de tales “Operaciones de Liberación del Pueblo”.
- Las comunidades indígenas del sur de Venezuela y en la frontera con Colombia son víctimas de la represión militar y la acción de bandas criminales organizadas y “grupos armados” (ELN, FARC) asociados para la explotación indiscriminada de minerales en Bolívar y Amazonas, en lo particular, en el Arco Minero del Orinoco, desapareciendo todo símbolo de soberanía; siendo asesinados y maltratados indígenas wayúu y pemones, impidiéndoseles la ayuda humanitaria fronteriza y huyendo hacia Brasil casi un millar de estos, que denuncian la existencia de “fosas comunes”.
- Llegan a 4 millones los venezolanos que han emigrado por las violaciones generalizadas, sistemáticas, selectivas de sus derechos humanos, en condiciones de precariedad económica y de salud, “caminantes” víctimas de la explotación laboral y la trata de personas, sin documentos de identidad o vencidos.
El represor Maduro y sus cómplices, en respuesta, han suspendido las garantías constitucionales y alegan razones de seguridad nacional, legislando por decreto para arredrar hasta el límite todo sentido de respeto por la dignidad humana. Las violaciones, según Bachelet, hacen “multitud… por motivos políticos”, con lo que describe la comisión de crímenes de lesa humanidad.
La alta comisionada, siguiéndose por las reglas de la normalidad, espera que el represor criminal “adopte las medidas necesarias”, enmendándose y corrigiendo sus desviaciones, más propias de enfermos mentales extraños a toda idea de misericordia.
El informe es lapidario, concluyente. Debería elevarlo ante la Corte Penal Internacional para frenar el sufrimiento indecible de los venezolanos, honrando la memoria de los torturados muertos –Oscar Pérez y Fernando Albán (2018), capitán Rafael Acosta (2019)– y al joven Rufo Chacón, cuyos ojos desgarran los perdigones del mal absoluto; exigiéndole a aquella, sí, que salga de su letargo cómplice.
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