Cuanto más se deteriora la situación venezolana, con la violencia, empobrecimiento y envilecimiento que se nos imponen, más necesario es sostener el esfuerzo consistente y coherente de procurar una solución a través del acuerdo, y más urgente son tanto la coherencia opositora democrática nacional como la concertación de las iniciativas internacionales. Así de sencillo, así de complicado.
Un ángulo para considerarlo es el de la evolución de los acercamientos entre gobierno y oposición, y la naturaleza del respaldo internacional para unos, otros y sus eventuales acuerdos. En la lista están los encuentros de 2014 y 2105, el diálogo de finales de 2016 y la negociación cuyos preparativos y rondas se iniciaron en 2017 y han continuado en enero de 2018. El denominador común, sabido es, ha sido la ausencia de compromiso del gobierno que, fuera de encuentros, diálogos y negociaciones, ha negado con sus acciones y omisiones lo poco a lo que asiente en ellos. Así fue quedando cada vez más en evidencia ante quienes han mantenido transparente y responsablemente la voluntad de acordar una solución pacífica y constitucional; esto no ha sido tiempo perdido.
Entre 2014 y 2015, en medio de persistentes protestas violentamente reprimidas, la coalición opositora, no obstante sus divergencias estratégicas, logró precisar su agenda de exigencias constitucionales al gobierno, ante el país y el mundo. Para el gobierno fue inevitable y también útil participar en sesiones de diálogo y aceptar el acompañamiento internacional, no solo de tres cancilleres de la Unasur, sino, por insistencia de la oposición, del nuncio apostólico. Esta intermediación fue muy débil y carente del respaldo político de la mayoría de los países americanos. La oposición decidió detener su participación ante la sordera del gobierno a lo planteado en los encuentros: constitución de una comisión de la verdad imparcial que evaluara los hechos durante las protestas y estableciera responsabilidades por los fallecidos y la represión; escogencia de un CNE imparcial; revisión de los casos de presos y exiliados políticos, e inclusión de los estudiantes en el diálogo.
En 2016, ante el desconocimiento gubernamental de la mayoría ganada por la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones legislativas, se multiplicaron aún más que en los dos años previos las denuncias y declaraciones internacionales en defensa de la legitimidad de la Asamblea Nacional. En la OEA, hubo tres reuniones del Consejo Permanente sobre el caso venezolano, se produjo la presentación del primer informe del secretario general Luis Almagro, el acuerdo de hacerle seguimiento a la situación y el ofrecimiento de asistir el diálogo. Sin embargo, fue nuevamente la Unasur la que cobijó la participación de tres ex presidentes propuestos por el gobierno venezolano –Martín Torrijos, Leonel Fernández y José L. Rodríguez Zapatero– para acompañar diálogos, a los que otra vez, por el insistente requerimiento de la oposición, se incorporó un representante del Vaticano. La MUD asistió poco concertada, sin la necesaria preparación, con reducido apoyo interno y débil respaldo internacional. Tras ambiguos anuncios, alentados por los acompañantes, sufrió, además, la ilegal suspensión del proceso de convocatoria del referéndum revocatorio del mandato presidencial. Con todo, en el balance final de estos encuentros cuenta para bien la carta que en diciembre difundió el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, en la que precisaba los temas que debían ser atendidos para poder continuar el diálogo: medidas para aliviar la crisis de medicinas y alimentos, concreción de un calendario electoral, restitución de las atribuciones a la Asamblea Nacional y aplicación de los instrumentos legales para acelerar la liberación de los presos políticos. Estos temas se hicieron parte de las declaraciones y posiciones internacionales ante la situación de Venezuela que se han multiplicado desde entonces.
A lo largo de 2017 no solo no fueron atendidos esos asuntos por el gobierno sino que sus acciones y omisiones en esos cuatro ámbitos fueron de tal gravedad –entre ellas la instalación inconstitucional de una asamblea constituyente– que, al lado de las protestas reprimidas con violencia sin precedente, las expresiones de preocupación y compromiso internacional aumentaron en cantidad y en el alcance de sus efectos. Al primer informe del secretario general de la OEA, de marzo de 2016, lo siguieron tres en 2017. El de abril de este año propició una resolución del Consejo Permanente que calificó la situación venezolana con términos de la Carta Democrática Interamericana: “Ruptura inconstitucional del orden democrático”. Ante la paralización de ese foro, que entre marzo y junio trató ocho veces la situación venezolana, en agosto se produjo la Declaración de Lima, en la que doce países de la OEA asumieron la responsabilidad que el primer artículo de la citada carta asigna a los gobiernos americanos. A ello se fueron sumando las sanciones internacionales, individuales y financieras, impuestas a partir de mayo de 2017 por Estados Unidos, Canadá y Europa.
Desde finales del año pasado la presión y persuasión de la comunidad democrática internacional alentó los inicios de una negociación en propiedad. La intermediación, asumida más seriamente que nunca antes, cual mediación, ha evidenciado la intención de un conjunto significativo de países de detener un desastre humano, material e institucional cuyas consecuencias desbordan las fronteras venezolanas. A la oposición, no obstante sus inocultables problemas organizativos y de coordinación, la sigue favoreciendo contar con el reconocimiento internacional de la Asamblea Nacional, lo que le ha permitido sostener una participación institucional en la que ha procurado una mayor preparación, apertura a asistencia de actores de la sociedad civil y razonable transparencia.
Aun asumiendo como constante la voluntad gubernamental de no ceder en nada que reduzca su control del poder, al gobierno ahora le es más complicado y costoso ignorar las exigencias mayoritarias de cambio, internas y externas. Internacionalmente, la vistita de Thomas Shannon a España, el encuentro del canciller de México con el secretario general de la OEA y las sesiones del Consejo de la Unión Europea y el Grupo de Lima mañana lunes nos hablan de la sostenida atención exterior sobre la cada día más grave situación venezolana y el aliento a una salida negociada, pero también de la necesidad del mayor concierto internacional posible para el logro de una pronta y pacífica solución nacional. En cuanto a la unidad democrática, ante las trabas oficialistas a la negociación, el buen manejo de este ejercicio y su eventual paralización pueden ser propicios, en el momento nacional e internacional presentes, para su reorganización y coordinación de acciones, incluidas las de apertura de asistencia social internacional, las estratégicas para un proceso electoral presidencial y, sin duda, las de continuidad en la preparación negociadora de un acuerdo que abrevie costos, riesgos y sufrimientos.