Los reclamos de parlamentarios, académicos y expertos en hidrocarburos y energía sobre el rumbo del sector son de vieja data.
Las denuncias de paro en el funcionamiento de las principales plantas (de urea en Cochabamba) o las separadoras de líquidos (en Tarija y Santa Cruz), así como la ausencia de nuevos mercados están en agenda desde hace mucho tiempo
La poca inversión privada y la falta de legislación y regulación moderna tampoco son un secreto: se viene reclamando por ellas desde prácticamente hace diez años a riesgo de que los análisis y comentarios suenen repetitivos y cansinos. La principal ley, la de hidrocarburos, data de 2005 y la ley sectorial de electricidad desde 1996. Con esos instrumentos es imposible captar el interés del sector privado nacional e internacional en la industria.
A ello considerar los bajos precios, además de la disminución de pedidos desde Brasil, golpeó la producción de gas: disminuyó de 61,3 mmm3d (millones de metros cúbicos día) en 2014, cuando alcanzó su pico máximo, a 56,6 mmm3d en 2017.
El bajón de precios del barril de petróleo en 2014 reconfiguró los ingresos bolivianos. Se fueron abajo y se notó fríamente que la economía nacional está ligada al gas de manera indiscutible. Y lo seguirá estando por los próximos años.
Al no haber seguido Bolivia el modelo noruego del ahorro y la diversificación, y más bien haber seguido el modelo venezolano del despilfarro de recursos, hoy no solo no hay buenas inversiones en el sector sino que no hay más gas descubierto porque, cabalmente, en esa lógica que algunos no entienden: no puede haber más gas si no hay exploración. Y no hay exploración si no hay inversión. El capitalismo del mercado energético funciona así y no entenderlo implica tener un Estado que cree ser superpoderoso.
Ahora los encargados estatales de energía hablan de fracking sin entender que requiere inversiones cuantiosas en observar y analizar las condiciones geológicas, de producción, de almacenaje, de transporte y de nuevos mercados para ese gas no convencional o para su transformación en electricidad, y que necesaria e irrebatiblemente necesita la intervención de la mano mágica del mercado y la inversión privada, en escala, con seguridad jurídica pero sin la presión de un Estado que cree saber todo y sin embargo sabe muy poco.
Cuando muchos apostaron a que el capitalismo petrolero global estaba muerto nació el fracking, que no es otra cosa que el esfuerzo de capitales privados que lograron crecer en escenarios y caldos de cultivo adecuados. De allí el éxito norteamericano, que no me canso en repetir, del fracking y que hoy le hace competencia a la propia Arabia Saudita en producir gas y petróleo no convencional. Para estar en esas grandes ligas se necesitan cambios de rumbo, cambio de paradigmas y apertura de mercado.
Apostar al dogma del socialismo/populismo petrolero trajo resultados no alentadores. Venezuela, una de las cinco potencias petroleras del mundo, no puede alimentar a sus propios ciudadanos por la presencia de un Estado totalitario que creyendo hacerlo todo no hace nada.
El mercado es el mejor medidor en materia de energía, las inversiones van donde se sienten cómodas y generan desarrollo económico. Argentina y México son pruebas de aquello y han logrado atrapar esas inversiones privadas y no solo para gas y petróleo convencional, sino para shale y para energías renovables.
Es tiempo de marcar un nuevo rumbo a la energía en el país. Conceptualmente hablando, es tiempo de generar una reforma energética integral, considerando el tema de exploración, producción, refinación, transporte, industrialización y exportación de no solo materia prima, sino de derivados de valor agregado como electricidad y otros (plásticos y por qué no pensar hasta en diésel a partir de gas, como producen países en el golfo pérsico con la solidez que el capitalismo exige a quienes incursionan en mercados altamente riesgosos) siempre buscando y asegurando nuevos mercados adquirentes, asegurando el consumo y crecimiento interno de la industria y velando por apostar a que nuestro principal recurso no renovable como es el gas tenga un mejor uso. Son varios especialistas que han sugerido auditorías a ingresos por la renta del gas, preguntan cuál fue el destino de los ingresos: si se hicieron hospitales que garanticen la mejor y máxima atención a los bolivianos o se priorizaron canchas de pasto sintético.
Las nuevas generaciones van a reclamar por la época de bonanza que se vivió cuando los precios del petróleo –que van de la mano del gas– estuvieron en picos altos. Es tiempo de repensar una NPE, nueva política energética.
Ver: inversiones privadas son menores que las públicas
Ver: bajón de la producción boliviana de gas
Ver el caso venezolano y el despilfarro de petróleo