Esos encapuchados fuertemente armados con ametralladoras que aparecieron el sábado pasado, al lado del líder del colectivo La Piedrita, Valentín Santana –prófugo de la justicia con tres órdenes de captura–, que circulan ampliamente por las redes mientras saludan efusivamente a la alcaldesa de Caracas, Erika Farías, al ministro Ernesto Villegas y, lo que es peor, al comandante de la ZODI Distrito Capital, general Fabio Zavarse Pabón, que en vez de decomisar el armamento de uso exclusivo de la FANB fue a rendirles pleitesía durante unos penosos ejercicios militares de defensa denominados “Ejercicio Multidimensional Independencia 2018”, ofrecieron la imagen de un país donde reina la anarquía y la barbarie, cuyos componentes militares mostraron un bajo apresto operacional mientras cuentan con una estructura paramilitar que tomó por las armas a toda la sociedad.
La Fuerza Armada Nacional se encuentra degradada, dejó de ser una institución democrática y está subordinada a las bandas armadas conocidas como colectivos. Santana, rodeado por sicarios que asomaban la mirada por los ojales de sus máscaras, anuncio que estaba activando unos supuestos anillos de seguridad para defender el gobierno de Nicolás Maduro.
Ante esa aparición tan siniestra, lo primero que a uno se le ocurre es que el régimen ha montado una lúgubre mascarada y ha cometido el delito de apología del terrorismo. No hay ningún interés en hacer el más mínimo disimulo, al menos frente a la comunidad internacional que sigue los pasos de un régimen reconocido como forajido.
Al menos Hugo Chávez, cuando los colectivos se pasaban de la raya, vociferaba un par de amenazas y luego los dejaba tranquilos. Así hizo una vez con la difunta Lina Ron, que puso tras las rejas para evitar que lo responsabilizaran en el embarazoso tema de ser permisivo con los actos delincuenciales de su más entusiasta colaboradora, quien había liderado un ataque violento contra la sede de Globovisión. Estuvo dos meses presa y después volvió a sus andanzas como si nada.
En 2009, “el galáctico” tildó de criminal a Valentín Santana, después de explicar que no era posible que un grupo armado amenazara de muerte a un ciudadano –al presidente de Radio Caracas Televisión, Marcel Granier– y hasta pidió que lo apresaran. Como era de esperarse, eso nunca sucedió, porque los escuadrones paramilitares son necesarios para dar apoyo a la GNB y la PNB cada vez que surjan protestas como las escenificadas en 2017, que dejaron un saldo de al menos 130 muertos, y se encargan de hacer el trabajo sucio y cometer con extrema crueldad las peores vilezas bajo el amparo de efectivos militares.
Esa es la verdadera unión cívico-militar que ha logrado convertir al gobierno de Nicolás Maduro en un régimen totalitario, absolutamente impresentable.
Un gobierno apoyado por una plataforma subversiva y por delincuentes de alta peligrosidad no saldrá jamás mediante elecciones transparentes. Solo una Fuerza Armada que cumpla sus deberes constitucionales y propicie una transición democrática puede lograr el cambio que anhelamos los ciudadanos.
La salida militar está en el debate público, el ex ministro de la Defensa general Fernando Ochoa Antich lo planteó el domingo en un extenso artículo en este diario: “Las insurrecciones militares contra Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez fueron actos heroicos de militares que tomaron las armas en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, para derrocar gobiernos que no tenían legitimidad alguna. Actualmente, una decisión tan compleja, como es tomar las armas de la República para insurreccionarse, se transforma en una obligación para el militar profesional”. ¡Así, o más claro!
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