Antígona

Luego de la masacre de El Junquito, en donde, además del jefe de un colectivo armado del 23 de Enero, perdieron la vida Oscar Pérez y seis de sus acompañantes, los hechos parecen ser suficientemente claros; pero todavía hay uno que otro cabo suelto.

Oscar Pérez se había burlado repetidas veces de la ineptitud del gobierno, desafiando a sus cuerpos de seguridad, robando un helicóptero policial, lanzando bombas de ruido sobre el TSJ, difundiendo videos antigubernamentales y llamando a la rebelión. Independientemente de que eso haya estado bien o mal, se encuentra firmemente establecido que Pérez, en su actividad como opositor al régimen, no asesinó a nadie. Sin embargo, Nicolás Maduro, que no es juez ni fiscal, pero que actúa como si lo fuera, ordenó que se lo llevaran “vivo o muerto”. Esa orden fue ejecutada mediante el despliegue de centenares de efectivos policiales y militares, que ya quisiéramos que estuvieran destinados a combatir el hampa y a garantizar la seguridad de los venezolanos.

No es el caso analizar cómo localizaron a Pérez, o si es creíble lo revelado a ese respecto por el ministro Reverol, sugiriendo que fue gracias a información proporcionada por dirigentes de la oposición. Pero, como quiera que sea, es un hecho establecido que, tan pronto se vio rodeado, Oscar Pérez ya estaba rendido y dispuesto a entregarse a sus captores. Y lo cierto es que terminó muerto con un disparo en la frente o en la nuca. Queda por saber si fue un disparo a corta o a larga distancia, cuestión que podía haber esclarecido un informe de autopsia que se hubiera hecho público y que pudiera ser verificado por fuentes independientes. Puede que alguien todavía tenga dudas en cuanto a las circunstancias en que murió Pérez; pero los hechos conocidos son suficientemente certeros como para que cada cual, haciendo uso del sentido común, pueda sacar sus propias conclusiones. En algún momento, un fiscal independiente, o un juez nacional o internacional, querrá saber quién dio la orden de matar a Pérez, y quiénes ejecutaron esa orden. Llegará el momento de saber quién ha hecho que un puñado de policías y militares, que llevaban su uniforme con honor, se convirtieran en asesinos.

Está claro que Pérez estaba siendo buscado, y que Maduro había ordenado que se lo llevaran “vivo o muerto”. Pero queda por saber qué hacía Heyker Vásquez, jefe de un colectivo armado, en ese operativo de búsqueda y captura (o de búsqueda y ejecución sumaria); esa interrogante es aún más pertinente si se tiene en cuenta que, según fuentes periodísticas, Vásquez tenía antecedentes penales que lo involucraban incluso en asesinatos. Sin embargo, allí estaba él, participando activamente en ese operativo. ¿Es normal que civiles involucrados en actividades delictivas tomen parte en operativos policiales? ¿Cuántos miembros de los colectivos armados participaron en la masacre de El Junquito? ¿Es frecuente que, en las labores que corresponden a la policía, esta se haga asistir por bandas armadas?

En la tragedia de Sófocles, Antígona, el tirano Creonte dispuso que el cuerpo de su enemigo, Polinices, permaneciera insepulto en el campo de batalla, expuesto a que se lo comieran los perros y los buitres, y sin que los suyos pudieran llorarlo y sepultarlo. Antígona fue condenada a muerte por no acatar esa orden bárbara, ante la cual hasta la familia del tirano se reveló. Desde entonces, las cosas no parecen haber cambiado mucho en Venezuela. En este caso, por contraste con la suerte de Heyker Vásquez, que fue sepultado como un héroe, con honores rendidos por altos funcionarios de gobierno, el cuerpo de Oscar Pérez no fue entregado a sus familiares para que lo lloraran y fue sepultado casi en secreto, en una ceremonia a la que solo se permitió asistir a una tía y a una prima del occiso.