El tránsito de un año a otro parece en estos tiempos el paso por un breve umbral. Uno que se atraviesa rápidamente, sin la debida pausa para la concienzuda mirada al antes, el ahora y el adelante a la que invitan la proximidad y llegada del mes bautizado en honor de Jano. Y precisamente por esa aceleración debería procurarse esa pausa en medio de preocupaciones, tristezas, ansiedades y sobresaltos que tan extremos son para países como Venezuela, donde el año 2018 fue de caída libre en todos los indicadores más elementales de calidad de vida y de la institucionalidad que le da sustento.
En el año que recién ha pasado, visto el mundo en su abigarrado conjunto, aumentaron las fragilidades para la seguridad, el crecimiento económico y el cumplimiento con principios y normas que dan un relativo orden al mundo. Con toda razón académicos y analistas han venido advirtiendo sobre la necesidad de fortalecimiento de ese cierto orden, liberal, ante las señales de desmantelamiento de las instituciones que le han dado forma. Esto viene acompañado por un cada vez más generalizado ejercicio de política de poder que se manifiesta de los modos más diversos, siempre con el pretexto de los verdaderos e irrenunciables intereses nacionales, entre el impulso nacionalista que convoca, polariza y niega el derecho de disentir adentro y, en su proyección internacional, los movimientos en los bordes o al margen de la institucionalidad internacional y hasta en su contra. China, Rusia y recientemente Estados Unidos, como también los países de Europa en los que prende la semilla populista, son parte del empeño que desde lugares diferentes entre esos dos extremos desafían principios y cuestionan acuerdos, no precisamente para hacerlos más robustos, lo que buena falta hace, sino para deshacerse de escrutinios y contenciones.
Latinoamérica, en ese contexto y el del extendido efecto del final del ciclo de altos precios y demanda de materias primas, tuvo un 2018 muy denso en cambios políticos. En lo más visible en las noticias, quedaron registrados procesos electorales presidenciales y legislativos en países con incidencia en sus subregiones, como Costa Rica y Paraguay, y en otros que la tienen en toda la región, como Colombia, México y Brasil. Habría que incluir el cambio de presidente en Perú, resultado de un procedimiento constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski, pero también la parcial transmisión del poder en Cuba al presidente Miguel Díaz Canel, las pretendidas elecciones presidenciales venezolanas, desconocidas por la comunidad internacional democrática y, en el mismo rumbo autoritario, no solo el perfil cada vez más represivo del gobierno de Daniel Ortega, sino la ilegítima aspiración reeleccionista de Evo Morales. En lo social, económico y político el mapa con que se inicia 2019 sigue estando trazado sobre la estela de la perdida bonanza, que cuanto mayor fue, más estragos y corrupción produjo y propició regionalmente.
En todos los ámbitos, sin riesgo de sobrestimar lo más cercano, el agravamiento de la crisis venezolana en sus múltiples registros es tema ineludible más allá del vecindario cercano al que tan directamente se desbordan sus efectos. Por eso, se han manifestado y siguen manifestando ante ella intereses y acciones internacionales. Así, los aviones y el vaivén de declaraciones del gobierno ruso, el comedimiento y los silencios del chino (sin que en ninguno de los dos casos haya habido nuevos desembolsos de recursos) y los opacos acercamientos a Turquía, por un lado, y, por el otro, las sanciones personales y financieras de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Europa, las coordinaciones latinoamericanas en el Grupo de Lima y para atender la oleada de migraciones forzadas, así como las iniciativas y recursos movilizados para atender la emergencia humanitaria pueden ser vistas como dos conjuntos de evidencias sobre la acelerada escalada en el desbordamiento internacional de la crisis venezolana. Sobran, en suma, razones para insistir en la importancia de atender sus causas y trabajar urgentemente en resolver las cuestiones de fondo –de restitución de la constitucionalidad y con ella de garantía de todos los derechos humanos– enunciadas una y otra vez por los más calificados voceros de la comunidad internacional democrática. En lo inmediato, en relación con el próximo 10 de enero, se presenta una nueva oportunidad para el compromiso de demócratas venezolanos y del mundo con una hoja de ruta precisa, sensata, que congregue voluntades y liderazgos, que haga suyo el valioso conjunto de propuestas programáticas construidas en diversas instancias del país.
Entrego estas líneas sin poder esperar por la declaración del Grupo de Lima y sin saber lo que anunciará el liderazgo opositor. Para ambos me atrevo a dejar anotados una aspiración y un argumento: que desde su pleno conocimiento de la naturaleza de la crisis venezolana asuman responsablemente iniciativas bien concertadas y combinadas de presión y persuasión, dentro y fuera, ahora y en adelante; que lo hagan a partir de la certidumbre de que reconstruir democráticamente a Venezuela es una tarea obligatoria, urgente y necesaria que cuanto mejor se cumpla, más rápidamente se hará sentir para bien entre los venezolanos, y rebasará, también para bien, el vecindario.
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