Según el estudio El futuro de la movilidad en América Latina, cuya autoría pertenece al think-tank C230, América Latina está en el momento preciso y tiene la oportunidad de “acelerar la adopción de vehículos eléctricos (EV)” debido a que, en el marco de ese estudio, 80% de los encuestados resultó dispuesto a adquirir un EV y 75% consideró que el gasto de recargarlo es menor a la compra de combustibles fósiles. Es un buen dato. Significa que ya hay una conciencia ambiental y un nuevo paradigma en desarrollo: consumir más renovables y menos fósiles para el transporte.
No es la primera vez que nos referimos a este tema. Es un asunto global que va tomando fuerza. Pero hay aún temas por resolver: costos de producción, duración de la batería y costos finales para el usuario.
En esa ecuación ingresa también el Estado, pero como un regulador eficiente y un estimulador del mercado.
Con relación a la batería: nuevas tecnologías están impulsando que hayan mejores tiempos de duración de la batería y la autonomía del EV. Una compañía europea (Innolith AG con sede en Suiza), ya trabaja en desarrollar “la primera batería recargable de 1.000 vatios hora por kilogramo (Wh/Kg) del mundo”, que permitirá que un EV haga un recorrido –sin recarga– de más de 1.000 km. Siendo además una batería de litio no inflamable amable con el medio ambiente y fabricada con estándares éticos en la industria.
La guerra a los fósiles (combustibles derivados del petróleo) está disputándose en el terreno de la tecnología y principalmente de la movilidad.
Para el tema de costos: hay varios ejemplos a nivel global que señalan que desde los gobiernos (subnacionales y municipales, principalmente) se está estimulando a que los ciudadanos/usuarios adquieran EV: ejemplo puntual, la Junta de Andalucía pone a disposición de la ciudadanía (aproximadamente 19 millones de euros) como incentivos para la adquisición de vehículos de energías alternativas, fundamentalmente eléctricos, así como programas de financiamiento para infraestructuras de recarga eléctrica. Esa entidad subnacional gubernamental desempeña un rol: tiene una política muy clara rumbo a la transición energética para aportar –desde lo local– al reto de combatir el cambio climático.
Adicionalmente, siguiendo con el tema de la participación del Estado en el estímulo al uso de EV, existe en España un programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Moves), coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA, 45 millones de euros), para incentivar a la sustitución de vehículos de combustibles fósiles por energías alternativas (en sus modalidades: eléctricos puros BEV, de autonomía extendida REEV, híbridos para enchufe PHEV o de pila de combustible, con o sin baterías eléctricas recargables FCV o FCHV). El Estado incentiva, también, en financiar la construcción de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
Allí el rol principal lo tiene el mercado, nadie más. El Estado acompaña –sin perjudicar ni poner trabas– al desarrollo del mercado y del comercio que hace el resto: pone oferta de vehículos de mejores condiciones tecnológicas, de menores costes y más accesibles.
A modo de volver a demostrar el fracaso del estatismo: si se tratara de Bolivia o Venezuela –de seguro– el Estado ya habría metido su mano en instalar una “fábrica” de vehículos eléctricos, con los consabidos pésimos-resultados que genera un Estado-empresario de tipo populista.
En Estados Unidos y Europa es el mercado –el capital privado– el que toma el riesgo, hace el desarrollo y finalmente pone en oferta sus vehículos en un escenario comercial en donde el Estado apenas da algunas facilidades impositivas y crea climas más agradables para que las inversiones florezcan.
Gracias a ese tipo de estímulos, las ventas de vehículos eléctricos crecieron 33% en 2018 en el mercado europeo, y puso en baja la adquisión de los denominados tradicionales. En China, que representa 55% del mercado global de vehículos eléctricos, preveen que para 2019 habrá un importante incremento de 1,6 millones de unidades en las ventas de nuevos vehículos eléctricos.