Son tan protuberantes los eventos que tienen lugar en suelo venezolano que ello ha impedido prestarle atención a las difíciles horas que vive Colombia como consecuencia de la decisión del presidente Iván Duque de exigir al gobierno cubano la extradición de los 10 líderes del ELN que estarían detrás del atentado de bomba que acabó con la vida de 21 cadetes hace una semana en la Escuela de Formación policial de Bogotá. Los miembros de la criminal fuerza guerrillera elena se encontraban en La Habana en calidad de negociadores de paz, en el momento en que los insurgentes reivindicaron formalmente la autoría del atentado.
El tono del reclamo de Bogotá se ido tornando más severo y terminante en la medida que el tiempo avanza y Miguel Díaz-Canel se rehúsa a dar un paso en favor del reclamo que el presidente de Colombia ha reiterado desde Davos. El jefe del Estado cubano sostiene que su negativa se ciñe al texto de un protocolo secreto que fue firmado entre el gobierno colombiano y el ELN para el caso de una eventual ruptura de los diálogos. Este protegería a la delegación insurgente, mientras se encuentran en suelo cubano.
La tesis del gobierno colombiano que ha sido aireada frente al mundo, es la de que tal documento “no fue ideado para amparar al terrorismo”. Además, el actual gobierno de Colombia asegura que desconoce formalmente este acuerdo que permaneció en la sombra por varios años y que fue rubricado por un gobierno que no fue el suyo. El protocolo acordaba el regreso de los guerrilleros a suelo colombiano en caso de ruptura de las tratativas e incluso prevé fórmulas para su internación en las selvas de Colombia.
Los países garantes del acuerdo –Brasil Chile y Noruega–, que respaldan al gobierno en el repudio del acto terrorista no convienen con Duque en que el acuerdo solo compromete al gobierno actuante y no al Estado, y otro tanto han manifestado expertos internacionalistas dentro de la geografía colombiana. Esta es también la razón por la cual el Consejo de Seguridad ha sido tímido en su apoyo al gobierno colombiano actual. El órgano cimero de Naciones Unidas ha coincidido con Colombia en reprobar el acto criminal, pero no se ha pronunciado sobre la pertinencia y validez del convenio secreto. Simplemente insiste en una búsqueda negociada de la paz.
El caso es que la captura de los líderes guerrilleros del ELN se ha tornado espinoso para el mandatario y se está convirtiendo en un elemento de desencuentro con su electorado, en el momento en que su popularidad se encuentra en baja. El gobierno no puede permitirse debilidades en este particular caso en el que está envuelta una fuerza guerrillera que se ha estado fortaleciendo al interior de su país por falta de atención de su predecesor.
Las investigaciones independientes de la Fundación Paz y Reconciliación señalan que entre los años 2017 y 2018 esta guerrilla se expandió a 19 otros municipios colombianos. Antes de 2017 estaban en 96 poblaciones, y hoy tienen asiento en 115 territorios del país.
Pero el corolario es que el único que tiene un escenario difícil frente a sí no es el jefe del Estado neogranadino. Díaz-Canel tiene que medir milimétricamente su inclinación hacia la inamovilidad en estas tensas horas. Se trata de su primera real prueba de fuego. La Habana se encuentra en estrecha observación bajo la lupa mundial y sometida a un escrutinio serio que va en paralelo y se agrava con el soporte que le han estado proporcionando al régimen narcoterrorista de Venezuela.
La intervención de La Habana en el continente suramericano en contra de la seguridad de Estados Unidos es otro tema que lo ha puesto en el tapete el caso venezolano. Una actitud proactiva hacia el ELN o la facilitación cubana al accionar de un grupo guerrillero caracterizado por su actividad de narcotráfico, además de su talante terrorista, no es poca cosa en épocas de Donald Trump.