Una vez más el gobierno venezolano recurre a la manida y por tanto débil estratagema de matar al mensajero. En esta oportunidad para refutar el informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y divulgado el 22 de junio de 2018, a través del cual se desnuda la emergencia humanitaria compleja, el deterioro institucional y el abuso de poder en Venezuela.
El comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores indica: «Constituye una evidencia más del absoluto menosprecio por la institucionalidad que ha caracterizado al señor Zeid Ra’ad Al Hussein”. Y la Cancillería insiste al señalar que el alto comisionado se hace cómplice de «la agresión multiforme» contra Venezuela.
Se trata de la misma práctica ejecutada contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, contra quien el canciller Jorge Arreaza arremetió, con abundancia de descalificaciones personales, a propósito de la reciente resolución de la OEA, a través de la cual la mayoría de los países del hemisferio desconocieron la legitimidad de la reelección de Nicolás Maduro.
La pregunta y la correspondiente respuesta son simples: ¿De quién es la responsabilidad de respetar, proteger y cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos en Venezuela? Del Estado venezolano. Punto.
La Cancillería venezolana asegura que Zeid Ra’ad Al Hussein, al igual que Almagro, está al servicio de Washington. Pero, al usar el término de “agresión multiforme”, indirectamente reconoce que no solo Estados Unidos y los países que integran el Grupo de Lima han volteado la mirada sobre la situación catastrófica derivada de la negligencia, indolencia e ineficacia del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora enfila contra Naciones Unidas e insiste en desconocer que los derechos humanos no tienen fronteras. El Estado venezolano se aferra a una interpretación acomodaticia de la soberanía, la no injerencia en asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos, como el guapetón que dice “en mi casa mando yo”.
El informe titulado Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que parece no tener fin no fue realizado por el alto comisionado, sino por la Oficina del Alto Comisionado, una instancia que ha desarrollado musculatura para lograr monitorear la situación de los derechos humanos en los 193 países miembros de la ONU. No se trata de Zeid Ra’ad Al Hussein o de alguna otra individualidad, sino de la más alta entidad en materia de derechos humanos de Naciones Unidas.
Frente a la “agresión multiforme” contra Venezuela denunciada, en forma genérica, por la Cancillería, el informe de la Oficina del Alto Comisionado precisa la agresión multiforme del Estado venezolano contra los venezolanos.
El debate que rehúye el gobierno de Nicolás Maduro se refiere a las más apremiantes angustias de los venezolanos y de eso, precisamente, trata el informe; de eso, concretamente, habla la gente porque lo siente y lo padece en carne propia.
En este documento, una vez más, se ha puesto en evidencia la represión y el excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado; también hace referencia a la tortura, los malos tratos y la vulneración de los derechos en materia de salud y alimentación. Eso no es mentira y sugerir que es una agresión en contra de Venezuela es una burla.
No se puede considerar como una agresión en contra de Venezuela que la Oficina del Alto Comisionado verifique que en el país no hay Estado de Derecho. ¿Es que en Venezuela tenemos un Poder Judicial independiente, autónomo e imparcial? Son muchas las evidencias de la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. Recordemos, a modo de ejemplo, que el Tribunal Supremo de Justicia decidió que su Sala Constitucional asumiría las competencias del Poder Legislativo, sobre la base de un presunto desacato. ¿Cómo podrían justificar los países democráticos del mundo que un órgano del poder público aniquile a otro?
No es una agresión en contra de Venezuela documentar con casos concretos el desdén con el cual el Ministerio Público ha asumido su obligación de investigar los excesos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2017. El informe hace referencia a las “violaciones de los derechos, a la verdad y la justicia de los familiares de las personas muertas durante las protestas”. En este punto se responsabiliza directamente a Tarek William Saab por la disminución de las investigaciones. Hasta la fecha no conocemos las acusaciones en contra de funcionarios violadores de derechos humanos.
No puede entenderse como una agresión en contra de Venezuela mencionar las ejecuciones extrajudiciales que se han consolidado como una práctica sistemática a través de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). Sobre eso, diversas ONG venezolanas han documentado y sistematizado los hechos. Todavía los venezolanos recordamos con horror la muerte de Óscar Pérez, quien ante los ojos del mundo fue asesinado en una operación conjunta de funcionarios de la GNB, la FAES, la PNB, el Conas y la DGCIM.
Tampoco es una agresión en contra de Venezuela documentar la tragedia que viven los presos. No es la primera vez que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena las detenciones arbitrarias de personas inocentes, así como las torturas y malos tratos perpetrados por el régimen de Maduro. Ya se sabe que en Venezuela existen “agresiones multiformes” en contra de los presos, en más de una ocasión se ha denunciado y documentado actos de malos tratos y tortura que comprenden descargas eléctricas, golpes fuertes, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua.
Pero la más visible y continua agresión del gobierno en contra de los venezolanos es la violación del derecho a una alimentación adecuada y a servicios esenciales de salud.
No es una agresión en contra de Venezuela escribir en un documento la realidad cotidiana de los venezolanos en cuanto a la falta de alimentos, combinada con el hecho de que estos son inasequibles. ¿O es mentira que las familias venezolanas tienen problemas alimenticios y han tenido que poner en marcha estrategias de subsistencia?
Las agresiones cotidianas del Estado contra los venezolanos no tienen nada que ver con la ONU, ni con la OEA. Las agresiones consisten en un progresivo y cada vez más profundo deterioro de la calidad de vida que ya alcanzó niveles de supervivencia entre los sectores más empobrecidos de la población venezolana: hacer cola durante muchas horas para comprar alimentos a precios controlados por el Estado o, en el peor de los casos, hurgar en la basura en busca de algo de comida.