J. M. Santos anunció a final de febrero de este año que las FARC habían iniciado el proceso de dejación de sus armas, el primer paso y uno de los compromisos de los criminales para que el proceso de paz rubricado con el gobierno tenga lugar.
El acuerdo había sido censar y registrar las armas guerrilleras por parte de Naciones Unidas y los sitios donde se encuentra lo que se llama el “armamento inestable” (explosivos y minas) y las armas de acompañamiento (armas largas). Los retrasos de las adecuaciones de la infraestructura y la logística de concentración de las 26 “regiones veredales” del país, que son los lugares donde 7.000 guerrilleros se han debido agrupar para el proceso de paz, han contribuido a que el proceso sea lento en extremo.
La entrega debía haber finalizado en los últimos días de mayo, para su posterior destrucción y así no ocurrió. No es necesario recalcar que en este terreno al igual que en muchos otros, cada frente guerrillero actúa por separado como es el estilo de esa organización y ello tampoco contribuye a que la cronología de los hechos avance oportunamente.
Naciones Unidas, por su lado, está a merced de los incumplimientos y de las mentiras de las FARC. La organización forma parte de un eje tripartito conformado por ellos, el gobierno y las FARC, que es quien tiene la responsabilidad de vigilar este proyecto de desarme y otros que tienen que ver con el acceso de los criminales a la vida ciudadana.
El proceso de dejación de armas –estamos hablando de 14.000 unidades de las cuales 11.000 son fusiles según cifras oficiales– y la incorporación de los guerrilleros a las zonas veredales debería haber terminado hace un mes pero aún el tema está crudo. Hace pocos días los jefes guerrilleros triunfalmente anunciaban al país haber cumplido 30% del compromiso de entrega de armas sin que la colectividad colombiana haya podido verificar a través de las Naciones Unidas tal aseveración.
Peor que ello es que el tiempo ha jugado a favor del relajamiento de la supervisión de estas metas. A este respecto escribía la pasada semana el periodista Eduardo Mackenzie: “¿Dónde están los periodistas que han sido testigos de esa entrega de armas? En ninguna parte. Nadie ha visto nada y nadie sabe nada, en realidad. La última vez que supimos de los funcionarios onusianos encargados de vigilar esa entrega fue la semana pasada: estaban en un restaurante en plena francachela con algunos jefes de las FARC. Varios ciudadanos que los descubrieron los interpelaron públicamente y les reprocharon, a gritos, tal complicidad con los jefes narcoterroristas. Lo que hicieron los avergonzados funcionarios de la ONU fue salir corriendo en sus camionetas de vidrios opacos. Alguien filmó la escena y esas imágenes le dieron la vuelta al mundo”.
El caso es que a pesar de la supuesta seriedad de la participación de Naciones Unidas en este proceso, el eje inicial y básico del proceso de pacificación no se está cumpliendo, lo que es la desactivación y destrucción del armamento que llevó a la tumba a cientos de miles de colombianos. Nada hay más importante en Colombia a esta hora que evitar que las FARC se transformen en una organización político militar y el riesgo de que ello ocurra como consecuencia de la ligereza de la ONU y de la cooperación pasiva del gobierno de J. M. Santos es alta. Para ello el proceso de censo, verificación y destrucción debe darse de cara a la colectividad, al país y al mundo.
Visto desde Venezuela, receptáculo principal y activo de las atrocidades de las FARC en suelo vecino, incluyendo la narcotización del país, tal resultado sería el más absoluto despropósito.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional