“Por eso me dirijo a vos gritando la verdad con toda la fuerza de mi rebelión de hombre honrado”. Émile Zola.
Este es un grito de la verdad que hago llagar a oídos de la señora Silvia Fernández de Gurmendi, presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), y a todos los hombres y mujeres que aman la libertad y la justicia. Hago esta rebelión ya que la justicia en mi país no es objetiva, no es imparcial y carece de la auctoritas, es decir, de la cualidad por la cual una persona se hace merecedora del respecto de los que la rodean a través de la experiencia, y la realización plena y completa durante mucho tiempo de otras virtudes. Es una opinión acusatoria del el alto gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por el delito de genocidio, de agresión y de lesa humanidad, durante y después de las protestas opositoras realizadas entre abril y junio de 2017. Esta opinión se suma a las denuncias introducidas por la abogada Tamara Suju (23 de julio) contra 57 altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro, y los delitos expresamente señalados en las acciones incoadas, adicionalmente, ante la CPI por la fiscal ilegalmente removida Luisa Ortega Díaz (16 de noviembre), los senadores de Colombia y Chile (19 de julio), y la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (7 de septiembre).
Yo acuso a Nicolás Maduro como el mayor responsable de los delitos de genocidio, agresión a los manifestantes, detenciones arbitrarias, torturas psicológicas y físicas. Yo acuso a los miembros del llamado Comando Antigolpe, que el jefe del Estado nombró en enero de 2017, para reprimir cualquier protesta o disensión contra su mal gobierno. Allí figuran el vicepresidente Tareck el Aissami, el ministro de la Defensa y comandante estratégico operacional, general Vladimir Padrino López; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; la ex canciller Delcy Rodríguez; el ex presidente de la Asamblea Diosdado Cabello; la almiranta Carmen Meléndez, ex ministra de la Defensa y vicepresidenta de Soberanía Política, Seguridad y Paz; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general Gustavo González López, y el comandante general de la Milicia Nacional, mayor general César Vega González, el comandante de la GN Antonio Benavides Torres, tristemente célebre por su sevicia y encono contra los disidentes.
Yo acuso a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional, mal llamadas bolivarianas, de las torturas habituales que van desde la intoxicación por el uso excesivo de bombas lacrimógenas hasta golpes con objetos contundentes, violaciones o tratos crueles y humillantes, como las denuncias presentadas por detenidos que aseguran que los obligaron a comer excrementos y gusanos o a vestirse con ropa empapada en heces, y de infligir a los manifestantes y detenidos graves daños corporales que dejaron duras secuelas. Son prácticas sistemáticas. Se trata de la cadena de mando de los funcionarios implicados en las torturas. Aquí acuso al director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, y al director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico.
Yo acuso al alto gobierno venezolano, y a los que monopolizan las armas de ignorar y despreciar el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentado el pasado 30 de agosto, donde se denuncia el uso letal de la fuerza y la ejecución de actos de tortura por parte de policías y militares contra manifestantes y detenidos durante las protestas en contra de la ilegal y fraudulenta asamblea nacional constituyente. La legítima Asamblea Nacional venezolana es la elegida, en comicios populares, el 6 de diciembre de 2015. Y el legítimo TSJ es el designado por esa Asamblea, que representa la voluntad de nuestro pueblo, aún hoy en día. Sus magistrados han sido perseguidos y están en el exilio. Hago esta denuncia basado en el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que confirma que lo que está pasando en Venezuela no son actos fortuitos sino crímenes de lesa humanidad.
Yo acuso a todo el alto gobierno, a las FAN, a la PN, al Sebin, al Cicpc y a los paramilitares, pagados por el gobierno, de llevar a cabo un plan de “limpieza social” de apartheid o segregación, de desconocer más de 1.000 elementos probatorios de la violación de los derechos humanos, y de los reconocimientos médicos legales, psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas a las víctimas indefensas. Yo los acuso de ser los responsables del número de muertos que entre enero de 2015 y junio de 2017 llegaría a las 8.000 personas, un verdadera epidemia que asola Venezuela.
Yo acuso a los agentes del Sebin de ser despiadados torturadores sin alma y sin compasión por el ser humano, de ser entrenados psicópatas, de ser criminales a sueldo oficial, pagados por los venezolanos para reducir a los detenidos políticos a condiciones incompatibles con la dignidad humana, causantes de toda clase de traumas, muchas veces irreductibles e irremediables, que dejan graves secuelas de por vida.
Este es el testimonio de Daniel Ceballos, plasmado en una carta del 30 de diciembre pasado, que llegó a manos del portal El Estímulo, y cuyas notas finales transcribo: “Desde el Helicoide. Estas líneas las escribo luego de haber sido despojado de mis libros y mis lápices el pasado 25 de diciembre por una comisión de funcionarios del Sebin, con órdenes del comisario Richard Centeno, alias ‘Pachuco’, como represalia a mi actitud de resistencia y no cooperación frente al hostigamiento de hacerme tres fotos al día y usar un grillete electrónico en mi tobillo, en el fondo del último calabozo de la cárcel del Helicoide. El tigrito es una minúscula celda de castigo en donde son confinados los presos de la cárcel del Helicoide, para aplicarles la ‘Bolsa’ y el ‘Baigón’, instrumentos de tortura”.
Yo acuso formal y públicamente estos procedimientos de los mandos medios, de violar sistemáticamente los derechos humanos de miles de compatriotas nuestros, que luchan por la Constitución y la democracia.
Yo acuso a los altos mandos de ejército y de la nación que lean este artículo, de criminal complicidad, si no detienen de inmediato esta situación que hiere los sentimientos más elementales de solidaridad humana de los venezolanos no afectados por la vesania o el fanatismo.
Estos crímenes son parte de una política oficial para reprimir las protestas y manifestaciones del pueblo venezolano, y de acciones de un hampa desatada ante la pasividad y la impunidad del gobierno. Texto Ortega Díaz (Enlace: http://elestimulo.com/blog/estas-son-las-acusaciones-con-las-que-piden-prision-para-maduro-y-4-de-sus-generales/).
Yo acuso al espurio fiscal Tarek William Saab y a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de grave complicidad con las violaciones de la Constitución y las leyes, por lo cual me veo en la necesidad de acudir a este expediente por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
Yo acuso, con gran fuerza, a Nicolás Maduro de violación flagrante de los artículos 5, 70, 347, 348 y 350 de la CRBV, por haber convocado una asamblea nacional constituyente, sin cumplir los requisitos de respeto a la soberanía popular, que reside intransferiblemente en el pueblo. Lo acuso del grave delito de abolir la soberanía popular, conquistada por el mundo democrático tras duras luchas de sangre derramada.
Yo acuso al gobierno, y a su jefe, Nicolás Maduro, de haber entregado gran parte de la soberanía nacional hasta degradar a Venezuela a ser un protectorado de Cuba, directamente o por medio de sus agentes del G-2 en Venezuela. Yo acuso a Maduro de haber endeudado ilícitamente a la nación venezolana, imponiendo sobre sus ciudadanos una pesada carga que solo ellos van a soportar.
Yo acuso al gobierno venezolano, en todas sus filas, por la desesperada situación de miseria, empobrecimiento masivo, desnutrición, enfermedades e inseguridad personal derivadas exclusivamente de las pésimas políticas públicas puestas en práctica, sin escrúpulo alguno.
Declaro que no conozco ni he visto nunca, en carne y hueso, a las personas y entidades a quienes acuso. Las considero como entes, como espíritus de maleficencia, social y personal. Y el acto que aquí realizo no es más que una obligación ciudadana, un medio de activar la explosión de la verdad y de la Justicia, esa diosa griega –Temis, de origen egipcio, de Maat– violada incontables veces por el sistema judicial venezolano y su cabeza, un TSJ espurio. El significado de los elementos principales de la dama de la justicia es el siguiente: balanza: representa la consideración objetiva de los argumentos de las partes en controversia. Venda en los ojos: representa la imparcialidad para resolver el caso, ver los hechos o controversia, no a las personas. Espada: representa la autoridad y la capacidad de coerción para imponer las decisiones tomadas.
Coda: un día como hoy, 13 de enero de 1898, el escritor francés Émile Zola publicaba su J’accuse…! (en español, Yo acuso) en el diario L’Aurore, un severo alegato en forma de carta pública, dirigida al presidente de Francia, Félix Faure, en favor del capitán Alfred Dreyfus, judío francés acusado injustamente de alta traición. Posteriormente, Dreyfus fue hallado inocente y rehabilitado en 1906.