Por triste que parezca, los indicadores sobre la ineficiencia en la batalla contra el narcotráfico en Colombia pudieran resultar, este año, en la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, algo que no ocurre desde hace 21 años. En efecto, la última vez que el país vecino no recibió la venia norteamericana a la batalla que libra en contra del flagelo fue en 1998.
Según las agencias internacionales, desde el territorio vecino se mueven anualmente más de 1.300 toneladas de cocaína cada año. Todo un entramado criminal le presta atención de una manera eficiente a la cocaína que se produce en cuatro regiones: Catatumbo, Magdalena Medio, Cauca y Chocó.
El ELN y la disidencia de las FARC son importantes actores del tráfico, unidos a toda una nueva generación de narco-capos de gran calibre que mantienen alianzas perversas con sus pares en México, Chile, España y Holanda, además de lazos de importancia con actores en los estados Táchira, Carabobo, Apure y Barinas, en Venezuela. El negocio es capaz de movilizar bastante más de 50.000 millones de dólares.
Los medios de opinión colombianos dan cuenta de que, en ese país, el poderoso y criminal negocio hoy en día se encuentra en su etapa más próspera y ello está motorizado por dos razones en extremo simples: una es la eficiencia del comercio internacional de estas sustancias, que hoy opera como una empresa regular de envíos internacionales y, la otra, es igualmente una mejor y más tentacular organización al interior del país, donde se han deslastrado de los monopolios del pasado, y que interactúa eficientemente con productores y procesadores en todo el territorio. Las razones, sin embargo, huelgan, para los efectos de este escrito.
El caso es que los cultivos de coca han ido en ascenso vertiginoso en los años pasados, porque la demanda de la droga procesada igualmente ha crecido exponencialmente y la incidencia del monitoreo y la penalización estatal han logrado muy poco para controlar la siembra y revertirla. La vigilancia del territorio estatal es en extremo compleja y costosa en un país de una geografía intrincada como la vecina.
Los norteamericanos, quienes cuentan con su propio sistema de medición de la producción que sale del país, han asegurado, por boca de su presidente, que hoy se exporta desde Colombia un volumen mayor de lo que se comercializaba antes de la llegada de Iván Duque y ello es un señalamiento grueso. Cabe decir que para el momento de recibir su cargo, el actual presidente, quien tiene desde sus inicios en el poder la agenda bien saturada con el drama de los 2 millones de venezolanos emigrantes, ya recibió el legado del gobierno de Juan Manuel Santos de 171.000 hectáreas de tierras de cultivos de coca.
El último informe por parte del país del norte sobre la situación del tráfico que se origina en Colombia no ha sido dado a conocer, aunque se encuentra finalizado desde el mes de marzo. Lo que es claro es que una descertificación de parte de Estados Unidos para el país vecino implicaría consecuencias en extremo onerosas. La más evidente de todas es que Norteamérica podría suspender total o parcialmente la ayuda directa que presta al país en falta. Pero la normativa establece igualmente que otro de los efectos pudiera ser el de hacer valer un voto negativo en contra de los neogranadinos en las decisiones de entidades multilaterales de crédito. Estados Unidos pudiera incluso llegar a eliminar los beneficios arancelarios que le concede a Colombia y elevar los aranceles a sus importaciones desde Colombia, hasta 50%.
Tomando en consideración las recientes sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a terceros países, por no encajar dentro de los parámetros de actuación establecidos por Washington, Bogotá haría bien en poner sus barbas en remojo.