He sostenido en mis artículos de opinión, desde hace varios años, que Colombia es el nuevo objetivo en la América Latina del comunismo internacional y, en particular, del Foro de Sao Paulo en su esfuerzo para imponer esa doctrina política de dominación, en el mundo occidental, liberal y democrático. La reciente detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, sólo se puede entender en el marco de una intensa guerra de intereses políticos en juego. Creo que la izquierda radical colombiana, en su lucha por alcanzar el poder, se aprovecha de la compleja situación política, surgida después del grave enfrentamiento ocurrido entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Su objetivo: instaurar el “socialismo del siglo XXI”. Los hechos son más que preocupantes y los venezolanos tenemos sobradas razones para alertar sobre los peligros que acechan a la sociedad colombiana. Esa misma tendencia ideológica, completamente disminuida después de la derrota sufrida por el movimiento guerrillero, apoyado por Fidel Castro, en la década de los sesenta, logró destruir la democracia venezolana, utilizando las libertades que el mismo sistema les garantizaba para, sin límite moral alguno, minar el liderazgo civil, debilitar a los partidos políticos y penetrar a las Fuerzas Armadas.
La detención domiciliara del presidente Uribe, nos obliga a preguntarnos: ¿Por qué se busca silenciar su voz? Responderla obliga a analizar, aunque sea someramente, algunos aspectos de la historia reciente de Colombia. Sus dos gobiernos se caracterizaron por un trascendente éxito en el combate contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Juan Manuel Santos, como ministro de la Defensa, tuvo una decisiva actuación en esa lucha. Su desempeño condujo al presidente Uribe a lanzarlo como candidato de su partido en las elecciones del año 2010 y a su elección como presidente de la República. Apenas se juramentó planteó la tesis de iniciar negociaciones de paz con las FARC. Esa posición fue criticada severamente por Álvaro Uribe, quien consideraba imprescindible consolidar la exitosa ofensiva lograda por las Fuerzas Armadas colombianas antes de iniciar el proceso de paz. Esta contraposición de visiones condujo al distanciamiento definitivo. En las elecciones presidenciales del año 2014, el partido Centro Democrático lanzó la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, quien logró ganarle la primera vuelta al presidente Santos, pero, éste, a su vez, logró el triunfo en la segunda vuelta con 50,98%.
El presidente Santos convocó, el 2 de octubre de 2016, a un plebiscito sobre los Acuerdos de Paz con las FARC. Su gobierno le dio un amplio respaldo al “Sí”. El presidente Uribe y su partido Centro Democrático lo hizo con el “No”. El resultado fue un triunfo, aunque precario, a favor del “No”. El “No” obtuvo 50,21% y el “Sí” alcanzó 49,78%. Sin embargo, el presidente Santos, arbitrariamente, mantuvo que, a pesar de la decisión popular, se avanzaría en la discusión de los acuerdos, los cuales tuvo que renegociar considerando las diferentes objeciones de los opositores. La polémica se agravó, fundamentalmente, por dos aspectos: la Jurisdicción Especial de Paz y las concesiones políticas a los miembros de la FARC. Finalmente, los acuerdos fueron aprobados por el Congreso Nacional. La elección presidencial del año 2018 es un aspecto a considerar para valorar el particular peso político del presidente Uribe. Al ser designado Iván Duque como candidato, su popularidad era casi inexiste. Apenas lo escogió, su porcentaje de aceptación alcanzó el 40 %. En la segunda vuelta de esas elecciones, Iván Duque obtuvo: 50,03% y Gustavo Petro: 41,77%. Estoy convencido de que la decisión de la Corte Suprema de Justicia colombiana tiene estrecha relación con esta realidad política. El apoyo de Álvaro Uribe puede definir el resultado electoral.
Veamos en perspectiva las elecciones presidenciales del año 2022. Se perfilan tres candidatos: Iván Duque, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y Gustavo Petro. El apoyo popular de cada uno es el siguiente: Iván Duque empezó el año 2020 con 24% de aceptación y un rechazo de 70%. Sorprendentemente, la crisis del COVID-19 le permitió mejorar su popularidad a 52% y su desaprobación descendió a 39%. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, líder de la Alianza Verde, se transformó, con su elección, en un símbolo de cambio político. Su popularidad alcanzó, a principios del año, a 87%. Actualmente supera 70% de aceptación popular. Su orientación ideológica es de centro izquierda. No encontré encuestas recientes sobre Gustavo Petro, pero no dudo que tendrá una moderada influencia en la opinión pública colombiana. El arresto domiciliario del presidente Uribe, acusado de fraude procesal y soborno, ha impactado, de manera muy importante, a la sociedad colombiana. Es difícil determinar, en este momento, el peso que tendrá su nombre en la campaña electoral, pero lo injusto de la decisión es un factor a considerar. No es aconsejable victimizar a un líder de tanta capacidad y apoyo popular. Los pueblos, normalmente, castigan esas injusticias. ¿Colombia está en peligro? La respuesta la tiene su propio pueblo. La decisión que tome, en las próximas elecciones presidenciales, determinará su destino.