El video puesto a circular por Iván Márquez, acompañado de varios jefes guerrilleros, entre ellos Seuxis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich y Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa, pone, a mi criterio, punto final al proceso de paz ampliamente deseado por el pueblo colombiano, pero muy mal conducido por el ex presidente Juan Manuel Santos, quien nunca logró concertar el necesario y sólido respaldo popular para una acción de gobierno de tanta importancia por no exigir, de manera intransigente, el final de la alianza entre las FARC y el narcotráfico, ni tampoco evitar que se utilizara la Justicia Transicional para concederles una absoluta impunidad a los culpables de delitos de lesa humanidad.
Los señalamientos realizados por la opinión pública colombiana y el gobierno de Estados Unidos, en los cuales se sindicaba a Iván Márquez y a los jefes guerrilleros aparecidos en el mencionado video, por su permanente relación con el crimen organizado antes, durante y después del proceso de negociación, impidieron la posibilidad de lograr el triunfo en el referéndum aprobatorio del acuerdo de paz.
Desde el inicio de las negociaciones en Cuba llegué a pensar que el objetivo de las FARC, y en general de la izquierda radical colombiana, era cerrar el ciclo trágico de la violencia armada y acogerse a la vía electoral, coincidiendo con la nueva estrategia cubana para la América Latina como el camino más seguro para alcanzar el poder. El ejemplo de lo ocurrido en Venezuela era muy auspicioso, como también lo era la receptividad que tuvo la candidatura de Gustavo Petro en las últimas elecciones presidenciales colombianas.
Mi primera sorpresa fue observar que el ELN se mantenía en armas, rechazando cualquier posibilidad de negociación. Ahora, me ha impactado aún más la posición asumida por Iván Márquez y sus seguidores. Estoy convencido de que el temor que le produjo a esos jefes guerrilleros la posibilidad de ser detenidos y extraditados a Estados Unidos pudo haber sido el motivo de su retorno a la violencia. La firme posición de rechazo asumida por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, al afirmar: “Las grandes mayorías seguimos comprometidas, aún con las dificultades y peligros que se avizoran, con la paz”, parece confirmar esta realidad.
Esa terminante declaración de Rodrigo Londoño ha dividido en dos sectores a la opinión pública colombiana: uno, que considera que ella significa el surgimiento de una importante división en las FARC, la cual definirá su destino con trascendentes consecuencias políticas en el futuro de Colombia; otro, que piensa que esa supuesta división no existe, sino que el contenido del video y la mencionada declaración forman parte de una estrategia de las FARC para conservar las ventajas que le ha dado el proceso de paz, entre ellas el uso y abuso de las curules obtenidas por designación en la Asamblea de Representantes y mantener a la vez su relación con los carteles del narcotráfico obteniendo multimillonarios beneficios económicos, para fortalecer su partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, transformándolo en una eficiente estructura a nivel nacional a través de importantes campañas de propaganda en las próximas elecciones.
Otro aspecto en discusión es la responsabilidad por los hechos ocurridos. Un pequeño sector de la opinión pública colombiana considera que la responsabilidad debe atribuírsele a los presidentes Uribe y Duque por haber debilitado los acuerdos de paz al no cumplirlos cabalmente. Al contrario, la gran mayoría de los colombianos sostiene que el reinicio de la violencia se debe a la conducta delincuencial de Iván Márquez y su grupo, quienes, después de firmado los acuerdos de paz, mantienen sus vínculos con el narcotráfico; a la estrategia establecida por las FARC como ya lo expliqué en el párrafo anterior; y la inaceptable actuación de varias de las instituciones del Estado: La Justicia Especial para la Paz, que no decidió durante un año la solicitud de extradición contra alias Jesús Santrich y cuando lo hizo fue para no aceptar las evidencias presentadas y dejarlo en libertad; el Consejo de Estado que le otorgó el fuero de congresista de manera indebida; y la Corte Suprema de Justicia que ordenó su libertad y después al desaparecer no ordenó su captura. Para colmo, la Justicia Especial para la Paz todavía no ha decidido sobre el recurso interpuesto por la Procuraduría.
Creo oportuno llamar al pueblo colombiano a una profunda reflexión y alertarlo sobre los peligros que acechan a Colombia si no se entiende lo que nos ha ocurrido a los venezolanos. Continuar violando los principios éticos y morales que deben regir una democracia, con la anuencia de los ciudadanos y sus instituciones, más temprano que tarde nos conduce a estas tragedias. Colombia, ni ninguna otra sociedad, merece que el crimen organizado y la subversión sean los que rijan sus destinos. Ustedes, más que ningún otro ciudadano del resto del mundo, han sido testigos permanentes de cómo comienzan y cómo terminan todas esas ofertas reivindicativas, hechas por quienes son probados enemigos del sistema de libertades. Ustedes sufrieron en carne propia, el horror y la devastación causada por bandas de asesinos con la prédica de la liberación de los pueblos y la lucha contra una supuesta oligarquía. No se dejen engañar nuevamente, defiendan sus libertades y exijan a sus instituciones la debida responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. El camino es el voto y la paz, no el fusil y la guerra.
Nota: Las muy graves declaraciones realizadas, los días 4 y 5 de septiembre, por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez me obligan a escribir esta nota:
La tensión existente entre Colombia y Venezuela se ha incrementado de manera innecesaria por la movilización militar hacia la frontera venezolana-colombiana de unidades de la Fuerza Armada Nacional. Un conflicto armado entre Venezuela y Colombia sería una tragedia. Hay que evitarlo a toda costa. Debe quedar claro que esa movilización militar, al igual que el señalamiento que se ha hecho contra Juan Guaidó de querer entregar el Esequibo, lo único que busca es presentar, de manera engañosa, al gobierno de Maduro como el gran defensor de la soberanía venezolana con el fin de explotar indebidamente el sentimiento nacionalista de nuestro pueblo con fines electoralistas. El anuncio realizado por Nicolás Maduro, en el cual señala que piensa convocar, dentro de pocos días, a unas elecciones parlamentarias, así lo indica. La oposición democrática debe discutir ampliamente en su seno las acciones para rechazar y neutralizar esta maniobra. Impedir que el madurismo controle la Asamblea Nacional debe ser el objetivo fundamental de todos los que aspiramos un cambio político en Venezuela.