Muchas veces hemos comentado, y vamos a continuar haciéndolo, la importancia de “descarbonizar” y “desfosilizar” el transporte público y privado, de manera de ayudar al medio ambiente a reducir emisiones de CO2, a propósito de acuerdos internacionales y sencillamente porque la desfosilización (uso de menos combustible producido desde el petróleo) es una tendencia irreversible a favor del uso de la electricidad.
Hace unos días el presidente de Colombia lanzó una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y Sostenible que -por sus medidas regulatorias impulsadas desde el Estado- se podría decir que es una estrategia de vanguardia en Latinoamérica.
Esta estrategia busca que el parque automotor colombiano, privado y público, principalmente, sea eléctrico y que para 2035 la totalidad de los vehículos de servicio público sean eléctricos. La meta es cero emisiones contaminantes.
Además del objetivo principal, que es cambiar el paradigma del transporte de fósiles a eléctricos, habrá una importante contribución a mejorar el aire respirable –fuente de enfermedades en principales ciudades- y que cumplan con estándares de la Organización Mundial de la Salud.
Siempre hemos señalado que la promoción del uso de vehículos eléctricos debe partir del Estado, por eso hemos insistido y continuamos haciéndolo en que debe haber una ILVE (Iniciativa Latinoamericana para Vehículos Eléctricos) que sea un conjunto normativo -como el colombiano- que impulse y estimule el uso de vehículos eléctricos.
La estrategia del presidente de Colombia es muy acertada. Sin dejar de lado el uso de fósiles –que de momento será todavía difícil– está construyendo un nuevo paradigma: la movilidad sostenible a través de la electricidad.
En la estrategia de Colombia prevén la incorporación de 600.000 vehículos eléctricos para 2030.
La base regulatoria de la estrategia es la Ley 1964, que promueve el uso de vehículos eléctricos y estipula una serie de medidas para generar el estímulo: es que el impuesto de vehículos automotores se liquidará sobre el 1% del valor comercial total del automotor eléctrico, habrán descuentos para las inspecciones mecánicas, descuento del 10% en las primas del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito, además de que los gobiernos subnacionales desarrollen y promuevan descuentos en el registro o impuesto de los vehículos, tarifas diferenciales de parqueaderos o, incluso, exenciones tributarias. Es un paquete completo de regulación a favor del uso de vehículos eléctricos que se suma, por ejemplo, es que estos no tendrán ningún tipo de restricción a la circulación (hoy existen restricciones por la cantidad de vehículos contaminantes que circulan por principales ciudades colombianas).
Esta regulación –con su estrategia– tratará que 100% de los vehículos adquiridos para reemplazar o aumentar la capacidad transportadora sean eléctricos o de cero emisiones a partir de 2035, con garantías fiscales necesarias de que las importadoras tengan autopartes y repuestos para abastecer oportunamente al nuevo mercado de consumidores de vehículos eléctricos en el país.
Va a ser una nueva revolución del transporte. Va a cambiar el aire de las ciudades y principalmente los modos de uso de vehículos. La meta más agresiva que se pone como fin esta estrategia es que para 2035 el 100% de la flota de transporte urbano público en principales ciudades debe ser eléctrica.
La regulación también especifica aspectos relacionados con infraestructura de carga de vehículos: las ciudades deben dar facilidades para que el sector privado construya centros de carga eléctrica.
La estrategia colombiana impulsará, grandemente, el uso de electricidad que en su mayor volumen viene del gas natural y de las renovables.
Bien por Colombia que pasa a ser un país que piensa en nuevas generaciones y no en próximas elecciones. Se pone a tono con Estados Unidos y Europa y señala el camino latinoamericano en movilidad eléctrica explicando que el rol del Estado es ese: articular, regular y facilitar, no entorpecer.