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Las cosas no le están saliendo bien a Gustavo Petro. Las reformas planteadas desde su campaña electoral no han evolucionado como el presidente lo habría deseado ni las instituciones colombianas se están plegando a sus veleidades o a sus caprichos. El desapego creciente de la población a su liderazgo lo debe tener insomne y lo que su fuero interno le aconseja es un golpe de timón radical que cambie la suerte que van llevando las cosas. De allí surge la peregrina idea de convocar una Asamblea Constituyente.
En el fondo a lo que aspira Gustavo Petro es a hacer viable su reelección, ninguna otra cosa. Pero para que los colombianos siquiera piensen en la continuidad de un régimen de corte similar, haría falta que se hubieran dado pasos particularmente en el terreno de la pacificación del país y la realidad flagrante es que Colombia sigue en llamas. De ello dan cuenta las 98 masacres que ocurrieron en 2023: 6 masacres más que en 2022, con 320 víctimas y 105 asesinatos de defensores de derechos humanos. Las cifras son del alto comisionado de la ONU y este asegura que el índice más alto del mundo en homicidios de defensores de derechos es del país neogranadino.
Así que una distracción adicional de quien lleva las riendas en la Casa de Nariño, como lo sería embarcarse en una campaña “constituyentista” o en una justa electoral a destiempo, lo que le agregaría es dolor a la familia colombiana. Lo acaba de expresar sin tapujos el expresidente César Gaviria al referirse al cese al fuego del ELN: “La política de seguridad y de orden público la han estado manejando de común acuerdo con los elenos, y es un desastre”. Recordemos que desde hace unos días han iniciado conversaciones de pacificación con el Clan del Golfo sin disponer de una Ley de Sometimiento que lo haga posible.
El obcecamiento de Petro no tiene contención porque se siente atrapado por más de un flanco, pero ello agrega leña al fuego a su empeño constituyente. Ya en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a instancias del Centro Democrático, cursa una denuncia por el financiamiento de las FARC a su campaña, lo que fue declarado por el propio Iván Mordisco, jefe de su Estado Mayor. Ello sin hablar de la rocambolesca detención de su hijo por motivos de financiamiento ilegal a la campaña presidencial. Cada vez se hace más innegable la participación de las disidencias de las FARC tanto en el constreñimiento a la población civil para votar en la segunda vuelta, como en la financiación ilegal de su campaña. Su propio hermano Juan Fernando Petro confesó, hace menos de un año, que el actual presidente obtuvo más de 1 millón de votos en las elecciones impulsado por criminales en las cárceles.
Muchos son los que aseguran que las cuentas de los apegos que el mandatario tiene hoy que conseguir para transitar la gestión de una nueva Constitución no lo favorecen- el Pacto Histórico está visiblemente muy debilitado- y también son numerosos quienes sostienen la tesis que es tan compleja la ruta procesal hacia una Asamblea Constituyente que tampoco podría materializarlo sin un desgaste adicional. Puede que tales dificultades existan y que el ordenamiento legal colombiano blinde, como debe ser, la protección de la Constitución en vigor, pero ello no parece amilanar al cordobés presidente. Y lo que se ha puesto de bulto en esta ocasión es la intemperancia del hombre, pero más que nada su talante antidemocrático. Al hombre se le da mal el manejo de la adversidad, lo que en política resulta ser un pecado capital. No ha sido nadie sino él quien, de viva voz, ha afirmado que sus propuestas de reformas se han encontrado con escollos insalvables, con una camisa de fuerza, de parte de las instituciones de su país. Y por ello, lo que toca es cambiar el ordenamiento legal a través de una Constitución nueva que haga entrar en el orden a las instancias que están entorpeciendo su mandato. Nada más violatorio de la esencia del Estado de Derecho.