La encrucijada política peruana vuelve a extender su crisis al plano internacional. Bajo la premisa de un supuesto “golpe de Estado” en su contra, el presidente Pedro Castillo pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que active los artículos 17 y 18 de la Carta de Democrática Interamericana. En una sesión extraordinaria en Washington (Estados Unidos), el Consejo Permanente de esta organización internacional activó la exigencia y anunció que enviará una delegación para radiografiar el panorama juntando data del gobierno, de la oposición y de la sociedad civil. Varios congresistas coincidieron en que el control del ejercicio gubernamental ni la justicia —representada por el trabajo de la Fiscalía— están infringiendo el ordenamiento constitucional como para que la institución liderada por el siempre polémico Luis Almagro ejecute este tipo de injerencias.
Jueves 20 de octubre. Washington fue el epicentro de otra movida que podría favorecer al gobierno del profesor chotano. El Consejo Permanente de la OEA, que es liderado por el embajador peruano de esa organización Harold Forsyth, expresó su “solidaridad y respaldo al Gobierno democráticamente electo de la República del Perú, así como a la preservación de la institucionalidad democrática”. Es decir, tácitamente cobijaron las denuncias del jefe de Estado peruano sobre el supuesto ataque del que vendría siendo víctima en nuestro país. Parte de la secuencia fue “designar a un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados Miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación de la que informará a este Consejo”.
El presidente del Congreso, José Williams, ya había enviado previamente a los representantes de la OEA un documento detallado sobre las razones que provocaron la actual situación legal del mandatario. Sin embargo, no fue tomado en cuenta. Y aunque aceptó que una comisión de la OEA venga al país para conocer a fondo la situación, el también congresista de Avanza País no evitó pronunciar mortificación, al igual que otros colegas, sobre la posición que adoptó el grupo de Almagro, conocido por respaldar en su momento a dictaduras como la de Hugo Chávez, a quien calificó alguna vez como un “gran estadista”.
Como también lo dijo la parlamentaria de Acción Popular, María del Carmen Alva, Williams aseguró que la OEA no debía “activar la carta democrática porque no se dan los supuestos que puedan permitir que se active el documento”. Apuntó que “lo que decida la OEA está en su derecho, pero no va a afectar los procesos del Congreso, la Fiscalía o el Poder Judicial”. Por su parte, Adriana Tudela, legisladora de Avanza País, mostró su disconformidad por el respaldo del organismo internacional a un “gobierno corrupto”. Exigió que el grupo liderado por Forsyth escuché la versión del Congreso y de otras instituciones “y que no se queden encerrados en Torre Tagle, como la vez pasada”.
Desde Fuerza Popular, con la congresista Patricia Juárez, también se manifestó la desazón. “Lamentamos que el Consejo Permanente de la OEA haya tomado la decisión de NO leer la carta del Presidente del Congreso del Perú. Será importante recibir a la misión que vendrá al Perú. El Congreso seguirá actuando dentro del marco constitucional”, tuiteó. Mientras que Martha Moyano, también del cuadro anaranjado, reclamó que el Consejo Permanente de la OEA no leyó “la carta enviada por el presidente del Congreso”. Los exhortó a “hacerlo como muestra al menos de actitud democrática y de limpieza de sus decisiones”.
Antes de conocerse el respaldo de la OEA al inquilino de la casa de Pizarro, Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, hizo una advertencia: “El Consejo Permanente de la OEA ya tendría elaborado el borrador de la Resolución para brindar su apoyo al Gobierno. Ojo, Harold Forsyth es el vicepresidente de dicho Consejo. El Estado Peruano actúa como juez y parte”.
En esta carta el Congreso precisa que en Perú no se está desarrollando un golpe de Estado como lo anunció el presidente Pedro Castillo, quien ahora está contra las cuerdas tras las presuntas delaciones de su exhombre de confianza Beder Camacho. La misiva del Parlamento indica que este poder “viene actuando de acuerdo a sus funciones previstas en la Constitución, siempre respetando el Estado de derecho y siempre en defensa de los derechos y libertades de los peruanos”.
Artículo publicado por el diario El Reporte de Perú