Está claro que el principal eje de confrontación es dictadura contra democracia, con el señalamiento expreso de que las dictaduras son sistemas de crimen organizado que cometen todo tipo de delitos para tomar y detentar indefinidamente el poder. El control total del gobierno por grupos criminales -como prueba la realidad en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua- resulta en el ejercicio de personería internacional del crimen a nombre de los estados que controlan. Es una crisis de fondo, porque coexistir y negociar con el crimen no es una opción para la democracia.
La democracia en las Américas no es un concepto en discusión porque su naturaleza y elementos esenciales están determinados por un tratado constitutivo que es la Carta Democrática Interamericana, una norma de cumplimiento obligatorio para todos los países y ciudadanos de la región. Que una ley sea violada no invalida su vigencia ni su vigor, al contrario, pone en evidencia a los criminales y en el caso de la democracia señala con claridad a las “no democracias” que son las dictaduras del socialismo del siglo XXI.
El artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana manda que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”. El artículo 3 determina los “elementos esenciales de la democracia”.
Las dictaduras del socialismo del siglo XXI o castrochavismo en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua no cumplen ninguno de los elementos esenciales de la democracia y por el contrario los violan flagrante y diariamente con la comisión de delitos desde el gobierno. Atentan contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, han extinguido el estado de derecho reemplazado por la imposición violenta, han implantado la “dictadura electoralista” porque la gente vota pero no elige desapareciendo el sufragio universal, disfrazan la pluralidad política con la “oposición funcional”, y concentran todo el poder manipulando la justicia como instrumento de represión e impunidad y la legislatura como medio de creación de “leyes infames”.
Los pueblos sometidos por las dictaduras sufren “estado de indefensión”, oprimidos por la forma de gobierno que es el “terrorismo de Estado” definido como “la utilización de métodos ilegítimos, comisión de crímenes por parte de un gobierno, orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o lograr comportamientos que no se producirían por sí mismos”. Son delitos flagrantes probados en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua con los presos políticos, exiliados, torturados, asesinados, perseguidos, secuestrados, extorsionados, sometidos y una larga cadena de víctimas nacionales y extranjeras que son su capital de negociación interno e internacional.
Los dictadores y sus entornos perpetran crímenes de lesa humanidad, delitos transnacionales, conspiraciones, espionaje, organización de grupos armados, narcotráfico, terrorismo, atentados contra la vida, tráfico humano y esclavismo, todo tipo de extorsiones, secuestros y crímenes contra la paz y seguridad internacionales.
Las dictaduras del socialismo del siglo XXI son “un grupo delictivo organizado” definido por la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional” o Convención de Palermo en su artículo 2 a) como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.
En el prefacio de la Convención de Palermo el secretario general de la ONU, Koffi Annan, recordó que la lucha contra el crimen es una obligación y una necesidad mundial, expresando: “Si el imperio de la ley se ve socavado no solo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas”.
El hecho de que la delincuencia tenga el poder político y controle gobiernos no modifica el orden jurídico ni los principios y valores en que se funda la democracia; por el contrario, demanda acciones urgentes de retorno a la normalidad y aplicación de la ley cesando las dictaduras.
La política es el arte de lo posible y la supervivencia el arte de lo necesario, pero para prevalecer la democracia necesita respetar sus principios y valores identificando y derrotando al crimen organizado con el que coexistir y negociar no es una opción.
Artículo publicado en infobae.com