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A dos meses de haberse celebrado las elecciones presidenciales, insisto en condenar las violaciones de los derechos civiles y políticos que tuvo como resultados lamentables 25 fallecidos y 2.500 detenciones arbitrarias de testigos de mesa, dirigentes políticos, periodistas, incluido más de un centenar de niños y adolescentes, algunos con discapacidad. De igual forma son reprochables los allanamientos al margen de la ley con encarcelamiento, así como la aplicación de tratos crueles y degradantes con torturas. Y algo muy grave es la novedad que han impuesto para sepultar el debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como es la figura de los «jueces sin rostros», que niega la defensa privada y celebra audiencias vía telemática con imputación colectiva por el delito de terrorismo.
Estamos en presencia de un sistema de justicia que no solo permite todas estas atrocidades por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, sino que que también mantiene ya por más de un mes suspendidas las visitas de familiares de los detenidos a los centros de reclusión, una medida que es inhumana y despreciable.
Ante esta situación, exijo al sistema de justicia reparar el daño por tanto dolor ocasionado a los miles de detenidos y a sus familiares en su actuación contra el debido proceso, regresar a su autonomía e independencia, como lo establece nuestra CRBV y liberar a los presos políticos.