El vicealmirante Wolfgang Larrazábal presidió la Junta de Gobierno de 1958, luego de la caída de Pérez Jiménez / Foto: Cortesía Archivo Fotografía Urbana
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello repiten en cada intervención, y son muchas, que en Venezuela manda una unidad cívico-militar. Incluso, después del 28 de julio —después de la brutal represión desatada— la unidad es cívico, militar y policial. Y, además, perfecta.
Para aclarar, por si hay confusión, el cívico sería Nicolás Maduro y solo es necesario escucharlo para comprobar sus dotes de civilidad, cortesía y educación. El militar es el teniente Cabello, de quien se recuerda su operación de tanques contra el Palacio de Miraflores, donde despachaba un gobierno electo por el voto popular.
Nada en la Constitución venezolana define la existencia de un régimen cívico-militar para gobernar el país. La carta magna establece con claridad los derechos y deberes de los ciudadanos y concibe a la Fuerza Armada Nacional (Título VII, Capítulo III, artículo 328) como “una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la Ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso de persona o parcialidad política alguna”.
Para encontrar la última vez que militares y civiles compartieron el poder político hay que remontarse a 1958, a la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Entonces, una Junta de Gobierno, presidida durante ocho meses por Wolfgang Larrazábal, vicealmirante de la Armada, condujo al país hasta las elecciones de diciembre de ese año que marcaron el inicio del período democrático, con elecciones cada cinco años y transferencias pacíficas y ordenadas del poder de un presidente a otro, y de un partido a otro.
Fue aquella una experiencia exitosa, que tiene un lugar muy destacado en la historia venezolana, en la cual civiles y militares, de claro espíritu democrático, contribuyeron a superar una situación excepcional y a encaminar el país por la senda del debate político civilizado, la protección de los derechos humanos y el disfrute de las libertades que caracterizan a una sociedad de progreso y de igualdad ante la ley de todos sus ciudadanos.
La Junta de Gobierno del 58 no tuvo pretensiones de perpetuarse en el poder, ni, mucho menos de imponer un régimen cívico-militar como el que hoy pretende señalar que existe en Venezuela la camarilla de Miraflores, que debería estar recogiendo sus bártulos luego de la aplastante derrota del 28 de julio. Una derrota que le consta, y de primera mano, a los integrantes del Plan República, quienes presenciaron los escrutinios y trasladaron el material electoral antes y después de los comicios. Aquella Junta, con el vicealmirante Larrazábal a la cabeza —luego el abogado y diplomático Edgar Sanabria en la recta final—, dejó muy en alto la contribución de la Fuerza Armada al bien de la República.
El artículo 2 de la Constitución define, sin ninguna clase de dudas, que es Venezuela: “un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Si el país nos es eso a que obliga la Constitución, es por la operación de una falsa unidad cívico-militar, que no puede ser cívica cuando condena a los ciudadanos a la persecución y la miseria, y que tampoco es militar, cuando tergiversa, por provecho político y personal, la historia libertaria de sus componentes. La Fuerza Armada Nacional, hay que recordarlo en este angustioso presente y en favor del futuro que vendrá, “está al servicio exclusivo de la nación”.
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