Dos cosas que son evidentes y por tanto no precisan explicación. La primera de ellas es que Citgo que es el principal activo de la República ,está en inminente peligro de perderse. La segunda es que Citgo es propiedad de la República y por eso somos todos los venezolanos quienes estamos interesados en que dicha empresa no se pierda ni se remate en los Estados Unidos, como parece evidente y no muy lejano.
Ocurre que con motivo del interinato (2019-2023) el gobierno de Estados Unidos dio su reconocimiento a la Asamblea Nacional (2015) y por tanto aceptó la titularidad de Pdvsa y sus subsidiarias en el exterior (incluyendo Citgo) las cuales pasaron a ser gestionadas por juntas directivas designadas por la Asamblea Nacional (2015).
Como es natural, quienes ocupan Miraflores sostienen que Pdvsa y sus subsidiarias deben estar bajo el control de ellos.
El punto principal es que los activos públicos venezolanos, donde quiera que estén, son de todos los venezolanos, sea cual fuere su militancia o adscripción política.
No se trata en estas líneas de analizar o comentar los pormenores del juicio que tramita en el estado de Delaware contra Citgo en Estados Unidos, pues ella legalmente es una empresa norteamericana cuyo único accionista es el gobierno venezolano, y por tanto se rige bajo las leyes norteamericanas del estado respectivo (Delaware).
La cierto es que Citgo ha sido condenada a pagar deudas que no fue ella quien las contrajo, sino la República y Pdvsa. En este caso, el juez de Delaware aplicó la controvertida doctrina del “alter ego” que propone que las empresas públicas cuya acción operacional y financiera depende del gobierno son su “otro yo” y por tanto responsables de las acciones del mismo.
Lo que nos pone en esta situación son las deudas originadas por la locura del ”Exprópiese» que en un momento ocupó la mente febril del Mesías de Sabaneta. Pero… resulta que a los expropiados no les cancelaron nada, lo cual originó que el primero de ellos, una empresa canadiense, Crystallex, acudiera al arbitraje del Ciadi (organismo dependiente del Banco Mundial), cuya jurisdicción había sido previamente convenida.
El arbitraje de Crystallex y varios otros más por la misma causa fueron perdidos entre ellos el de la petrolera Conoco-Phillips cuyo monto es de alrededor de 9.000 millones de dólares más otras cuyo total excede los 20.000 millones.
Es el caso que Citgo bajo la administración chavista fue gestionada con la esperable corrupción, además de haber sido vaciada de sus recursos financieros para pagar dividendos ficticios a Pdvsa, con lo cual prácticamente cayó en la insolvencia hasta que con la instalación del Interinato se nombró una junta directiva que no solo revirtió esa situación sino que puso a la empresa a tener utilidades de más de 5.000 millones de dólares en estos últimos años.
Además, debe agregarse que en 2017, cuando ya el chavismo había vaciado las arcas públicas, se decidió emitir unos bonos garantizados con 50,1% de las acciones de Citgo. De más está decir que a su vencimiento los mismos no fueron pagados, lo que dio lugar a la respectiva demanda de los bonistas.
El caso al día de hoy nos pone ante el cuadro de una empresa cuyo valor actual ha sido estimado hasta más de 14.000 millones de dólares pero que a su vez tiene deudas por más de 20.000 millones de dólares, vale decir que aún en el caso de un remate judicial, los acreedores no lograrían cobrar la totalidad de sus acreencias considerando la predecible posibilidad que las ofertas para el remate no lleguen ni siquiera a la mitad de lo que es la deuda total.
Ya casi sin recurso legal alguno la junta directiva propone hoy una solución que consiste en que se permita a la empresa funcionar bajo la presente administración que ha dado pruebas de su eficiencia y desde allí convenir un plan en el que las utilidades que se generen se utilizarían para cancelar las deudas existentes en lugar de deshacer la empresa y obtener un monto mucho menor con el cual todos saldrían perdiendo.
Esta última alternativa no ha sido bien recibida por el juez de la causa, quien insiste en obtener ofertas para antes del 11 de junio a los efectos de proceder al remate el 15 de julio y entregar al ganador. Nótese la “coincidencia” de todo este proceso, que culminaría apenas 15 días antes de la elección del 28J, de cuyo resultado pudieran generarse otras posibles soluciones.
Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos -Trump y también Biden- había considerado que el funcionamiento de Citgo bajo su actual administración es del interés nacional de los Estados Unidos lo cual habilita al Departamento del Tesoro (OFAC) a emitir licencias temporales que protegen a Citgo congelando la ejecución judicial durante su vigencia. Ahora parece que han decidido no continuar con ese esquema y es por ello que “se acabó lo que se daba” como decimos en Venezuela.
La anterior explicación, muy esquemática, solo pretende concientizar que hemos llegado al llegadero y lo único que se puede y debe intentar es que se emita una nueva licencia protegiendo a Citgo por unos meses mas a la espera de que un muy probable cambio de régimen en Venezuela permita reanudar las negociaciones con mejores posibilidades para todos los involucrados.
Para que tal posibilidad se concrete se están haciendo todas las gestiones, desde una petición bipartidista originada en el Congreso de Estados Unidos hasta pedimentos de las mas diversas y representativas instituciones y personalidades venezolanas .
Al día de hoy lograr que no se pierda Citgo es una causa nacional, de Estado, como el Esequibo donde las parcialidades políticas antepongan el interés nacional por encima del suyo propio Será ello posible?
@apsalgueiro1
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional