Citgo es un conglomerado de refinerías de Pdvsa en Estados Unidos y cuenta con una capacidad de refinación de 745.000 b/d. Tiene 3.500 empleados que operan 48 terminales, 9 oleoductos y una red de 5.000 gasolineras. Su valor se estima en 8.000 millones de dólares y por eso está en la mira de los acreedores de Pdvsa y la República que quieren cobrar –con cargo a las acciones de Citgo– unas deudas pendientes.
Por un lado están los tenedores del Bono Pdvsa 2020, a quienes se les debe 1.700 millones de dólares y a los cuales se les ofreció como garantía 50,1% de las acciones de PDV Holding, dueña de Citgo. Pero también está Crystallex, una minera canadiense que reclama una indemnización de 1.400 millones de dólares por la expropiación de la mina de oro Las Cristinas.
Aunque Crystallex en rigor no es un acreedor de Pdvsa y su litigio es contra la República, el marco legal estadounidense establece la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda embargar los activos de una empresa, cuando el dueño de esta no paga una deuda por él contraída. Con base en esta interpretación, Crystallex resultó favorecida por la sentencia de un tribunal de Estados Unidos que le permite incautar las acciones de Citgo para cobrar la indemnización pendiente. La reciente sentencia del juez Leonard Stark ordenó la venta de las acciones de PDV Holding para pagar la indemnización exigida por Crystallex.
Esta decisión queda pospuesta hasta que se levante la Orden Ejecutiva 13.884 que impide el embargo de cualquier activo venezolano sin una autorización de la OFAC. Pero esto no es ninguna garantía de que Citgo no será ejecutada, toda vez que la venta de las acciones se hará cuando se levanten las sanciones o cuando la OFAC conceda una licencia para rematarlas y pagar lo que se debe.
Si el valor de Citgo se estima en 8.000 millones de dólares, 50,1% de las acciones que se vendería equivale a 4.000 millones de dólares. De estos se pagarían 1.700 millones de dólares a los tenedores del Bono 2020 y 1.400 millones de dólares a Crystallex, para un subtotal de 3.100 millones de dólares. Pdvsa recibiría los 900 millones de dólares restantes y mantendría en su poder 49,9% de las acciones que quedan, aunque perdería el control de Citgo. El gran riesgo es que el avalúo subestime el verdadero valor de Citgo y las acciones de la compañía se rematen a un precio muy por debajo de lo que realmente vale.
A pesar de la crisis humanitaria que sufre Venezuela, la ejecución de Citgo ha entrado en cuenta regresiva y nada eficaz se ha hecho para evitarlo. Si el gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo, Venezuela perderá Citgo cuando la OFAC conceda la licencia para que se rematen las acciones, o cuando ocurra un cambio político, se levanten las sanciones y los acreedores se lancen como aves de rapiña a disputarse los escombros de un país en ruinas.
¿Qué hacer? Maduro y Guaidó están emplazados a pactar una tregua y acordar una estrategia común para salvar los activos de Pdvsa. Cualquiera sea quien finalmente se quede con el gobierno va a necesitar este complejo refinador que el país tiene en Estados Unidos para reconstruir la nación. Por tal razón, deben solicitar a la ONU con carácter de urgencia una resolución para proteger de la rapiña de los acreedores los activos de un país que atraviesa por una grave crisis humanitaria.
@victoralvarezr
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