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El Día del Periodista, que se celebró el pasado jueves 27 de junio, fue otra ocasión para hacer pública nuestra condena a la política de Estado que ha declarado como adversario político el periodismo independiente que asume con verdadera gallardía la información objetiva, veraz y oportuna. Una política que se ha traducido en cierres e incautación de equipos de medios de comunicación social, para lo cual hace uso de Conatel como paredón judicial, violador del debido proceso al no permitir el derecho a la defensa a las víctimas.
El cierre de 405 medios de comunicación social -radio, prensa y televisión- en los últimos 20 años, según datos del CNP, es una clara demostración de que estamos en presencia de un Estado depredador de los derechos humanos, al que no le importa seguir vulnerando nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y pactos internacionales en materia de libertad de expresión, suscritos y ratificados por el país.
Qué daño tan grande ha ocasionado a nuestro sistema democrático y de derechos humanos el no contar con poderes públicos independientes y autónomos que ejerzan sus atribuciones por estar sometidos a un solo poder, con disciplina partidista.
Aquí los enemigos no son los periodistas, tampoco son los medios ni la libertad de expresión; es la pobreza y la desigualdad social.