América Latina a lo largo del siglo XX intentó industrializarse en el marco del modelo de «sustitución de importaciones» diseñado por la Cepal. Posteriormente, en la década de los noventa, recogió las recomendaciones del llamado «Consenso de Washington» para impulsar procesos de estabilización y apertura económica con miras a insertarse mejor en los mercados internacionales.
Los grandes cambios políticos ocurridos a partir de la caída del Muro de Berlín en la ex URSS, en Europa del Este, hicieron posible la reunificación alemana en 1990, la expansión de la Unión Europea, el establecimiento de la zona euro y la libre circulación de personas, capitales y bienes. En el siglo XXI nuestra región aún sufre los efectos de tiranías como la cubana, venezolana o nicaragüense por un lado; mientras que bajo el ropaje del «socialismo del siglo XXI» se alinean partidos y movimientos que cuestionan el neoliberalismo, proponiendo proyectos antiextractivistas como modelo de desarrollo o pretenden ir hacia procesos refundacionales incluyendo los derechos de los llamados pueblos originarios.
Los resultados del plebiscito constitucional en Chile no pueden ser soslayados, no solo por la amplia victoria alcanzada por el Rechazo en las urnas (con una alta participación ciudadana); sino sobre todo porque una Constitución debe ser la expresión del consenso de las diversas fuerzas políticas de un país con vocación de cambio, pero que a la vez este opuesto a toda clase de dictaduras. La experiencia fallida del gobierno de Salvador Allende no puede olvidarse, más aún cuando el gobierno de Gabriel Boric ha sido derrotado el pasado 4 de setiembre, en un plebiscito en el que él como presidente tomó posición e hizo campaña en todo el país a favor del Apruebo. El gobierno de Chile insiste en mantener los lazos estrechos con el Partido Comunista y el Frente Amplio, descartando ampliar la coalición de gobierno hacia sectores de la centro izquierda y centro del país.
Si el gobierno de Chile vinculó su agenda política a la aprobación del texto constitucional en el plebiscito, por otro lado el gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia ha utilizado recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas para delinear su política general en campos tan sensibles como el tráfico ilícito de drogas y el uso de los recursos naturales. El presidente Gustavo Petro cuestionó la política antidrogas puesta en práctica en las últimas décadas en su país. No tuvo reparo en hacer virtualmente una comparación entre los efectos menos nocivos de la cocaína, respecto a los efectos devastadores que ocasiona la explotación intensiva del petróleo, el carbón y el gas como fuentes de energía en un mundo signado por un modelo capitalista que destruye la selva, contamina el medio ambiente y pone en riesgo a toda la humanidad.
El presidente Gustavo Petro demostró sus habilidades como orador ávido de convencer a un auditorio, acostumbrado a escuchar discursos más formales, marcados por los tecnicismos y matices ideológicos. En las Naciones Unidas, Gustavo Petro, en ningún momento asoció al narcotráfico con la violencia política desatada por la FARC durante décadas en Colombia, tampoco se refirió los cárteles de la droga que a través del asesinato y el secuestro desataron la violencia bajo el liderazgo de Pablo Escobar. Si el presidente Petro anhela la paz y pretende suscribir acuerdos políticos con el Ejército de Liberación Nacional o con los sectores disidentes de la FARC, creo que no puede dejar de reconocer los lazos que han existido y aún existen entre el narcotráfico y los grupos levantados en armas; que más allá de las posturas marxistas o castristas iniciales, devinieron en el tiempo en brazos armados del narcotráfico. Colombia con más de cincuenta millones de habitantes, con Tratados de Libre Comercio suscritos con Estados Unidos, la Unión Europea entre otros, no puede desdeñar que parte de su economía está vinculada a la industria cafetera, manufactura y a la explotación de sus recursos naturales.
Si el mundo debe progresivamente ir hacia el uso de energías limpias, sentando las bases del desarrollo sostenible; este proceso no puede ser rupturista y antiextractivista. América Latina debe insertarse mejor en una economía marcada por la revolución tecnológica y nuevas formas de producción. La economía apoyada en el narcotráfico es una realidad latente, pero en mi concepto es claro que de una manera sutil se pretende llegar a extremos políticos que lindan en una apología del narcotráfico bajo conceptos teñidos de retórica. El tráfico ilícito de drogas es una actividad de escala mundial, como a la par en la actualidad más de una dictadura latinoamericana es aliada del narcotráfico y conducen a sus gobiernos a convertirse en «narcoestados». No nos engañemos, no demos crédito a proyectos refundacionales, ni dejemos que falsos valores políticos pretendan erigirse en baluartes en América Latina. Gustavo Petro no es capaz de deslindar con los violentistas del M-19 (grupo que integró) y tiene una visión política en cierta forma sinuosa; mientras que Gabriel Boric aún no logra comprender que hay que conciliar entre la utopía y la realidad.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú