Un centenar de días después del contundente rechazo al proyecto constitucional elaborado por una Convención Constitucional, Chile retoma la ruta constituyente para elaborar y aprobar una carta magna que sustituya finalmente a la que tuvo su origen en 1980, bajo la cruel dictadura de Augusto Pinochet.
El acuerdo suscrito tras muy largas e intensas negociaciones por 14 partidos políticos, desde la derecha clásica hasta el Partido Comunista, está marcado, de manera afortunada, por la abultada derrota —62% con 84% de participación, hay que recordarlo— de la alianza de fuerzas oficialistas, con el presidente Gabriel Boric a la cabeza, en el plebiscito del pasado 4 de septiembre.
Sobre el papel, la disímil gama de partidos que apoyan el nuevo itinerario constitucional parece convenir en que una Constitución «no es el manifiesto político» de un sector. Los firmantes del acuerdo, que significa la vuelta de los partidos a la gestión de la compleja tarea política, reconocen que siendo un pacto «imperfecto» es el que hizo posible sumar la mayoría de las voluntades políticas, con la excepción del populista Partido de la Gente y el Partido Republicano del excandidato presidencial José Antonio Kast.
Boric lo resumió con estas palabras: «Para poder arribar a una nueva Constitución todos en algún momento tuvieron –le hubiera quedado mejor el «tuvimos»- que ser capaces de moverse de sus posiciones originales». Y vaya que se movieron, comenzando por las organizaciones de la colación de izquierda Apruebo Dignidad que llevó a Boric al Palacio de La Moneda.
Con la lección aprendida del disparatado proyecto constitucional rechazado, el acuerdo de los partidos crea una Comisión de Expertos que designarán las cámaras de Diputados y Senadores, encargada de redactar un anteproyecto de carta magna que será sometido al debate de un Consejo Constitucional de 50 miembros electos por la ciudadanía. Existirá también un Comité Técnico de Admisibilidad que revisará las normas aprobadas tanto por expertos como por los consejeros.
Pero ni los expertos, por muy expertos que sean, encontrarán una «hoja en blanco» para plasmar las ideas que a su entender debe contener una constitución. El acuerdo de los partidos establece 12 principios constitucionales que serán la base institucional del proyecto a elaborar.
Esas normas, para decirlo en lenguaje futbolero de tan fácil comprensión en el sur del continente, «marcarán la cancha» en la que deberán «jugar» expertos y consejeros. Son, en otras palabras, convicciones profundas que un país -Chile en este caso, pudo ser de Venezuela, por ejemplo- ha consolidado a través de 200 años de vida republicana. No es borrón y cuenta nueva.
Entre esos 12 principios rectores se reitera que: el Estado de Chile es unitario y descentralizado; los pueblos indígenas son parte de la nación chilena, que es una e indivisible; es un Estado Social y Democrático de Derecho que promueve el desarrollo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal; existen tres poderes -no cinco, como en un caso muy conocido donde solo manda uno-; el Poder Legislativo será bicameral y el Banco Central, la justicia electoral, el Ministerio Público y la Contraloría General son órganos autónomos.
Volver a empezar, sí, pero no desde cero.